La dimisión de Alba Luz Ramos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua allanó el camino para una nueva integración del máximo tribunal, dominada por funcionarios afines a Rosario Murillo. El relevo terminó de consolidar el control total del oficialismo sobre la CSJ en un momento en que las reformas constitucionales de 2025 oficializaron la abolición de la independencia de los poderes del Estado y elevaron a Murillo a la copresidencia. Los perfiles que llegan arrastran antecedentes de represión, sanciones internacionales y lealtad al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Antes de esta reconfiguración, el máximo tribunal estaba compuesto por 10 magistrados. Con la excepción de Juana Méndez Pérez, Ramos dimitió en el año en curso; el resto de los integrantes salió durante 2025. Todavía no se define quién ocupará la vacante que dejó la expresidenta del órgano judicial.
La presidenta oficial de la CSJ desde el primero de septiembre es Ana Julia Guido, de 67 años. Su trayectoria incluye 47 años como funcionaria pública: 27 en la policía, ocho como fiscal general adjunta y 11 como fiscal general de la República. Fue designada magistrada en noviembre del año anterior.
A causa de su intervención en la represión contra manifestantes desde 2018, Guido ha sido sancionada por:
- Estados Unidos
- Canadá
- Unión Europea
- Reino Unido
- Suiza
Además, se le atribuye haber organizado un equipo para fabricar expedientes contra opositores.
Funcionarios sancionados y cuadros del oficialismo en la nueva CSJ
El vicepresidente del tribunal es José Manuel Fuertes, de 65 años, sin recorrido conocido dentro del Poder Judicial. Integró el Consejo Departamental Electoral y fue secretario político del FSLN en Boaco. Su esposa, Yaoska Espinoza Peña, gobernó como alcaldesa de esa cabecera departamental durante dos períodos.
En sus primeras declaraciones públicas como vicepresidente, Fuertes ofreció tolerancia cero a la corrupción. Su designación lo ubica en el círculo de confianza de Murillo que ahora controla la cúpula judicial.
María Elsa Frixione Ocón, abogada y notaria, llegó a la magistratura el 4 de diciembre de 2025. Antes ejerció como procuradora nacional constitucional y de lo contencioso administrativo de la Procuraduría General de Justicia. Representó al Estado nicaragüense ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2014 negó ante instancias internacionales que en el país se violaran derechos humanos.
Rosa Argentina Solís fue dirigente territorial del FSLN en Managua e integró la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua. Durante la crisis política participó en las llamadas audiencias informativas a presos políticos en El Chipote, cuestionadas por sus irregularidades. En julio de 2023 fue incluida por Estados Unidos en la lista Engel por su participación en acciones contra opositores del régimen.
Ernesto Leonel Rodríguez Mejía comenzó en 2003 como juez de audiencia en Matagalpa y desde 2016 fue juez penal en Managua. En febrero de 2019 ascendió a magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua y en octubre de 2021 asumió la presidencia de esa instancia.
En 2023, Estados Unidos lo sancionó por su participación en el despojo de la ciudadanía a 94 opositores. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua también lo señaló por supervisar procesos contra presos políticos. A finales de 2025 fue ascendido a magistrado de la CSJ.
Expertos advierten de una centralización total del poder judicial
Octavio Ernesto Rodschou Andino fue juez en Nueva Guinea, Juigalpa y Managua antes de convertirse en magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua en 2018. En julio de 2021 fue elegido presidente de la Sala Penal Uno de ese tribunal. Luego se le identificó como el funcionario que declaró traidores a la patria a 222 nicaragüenses y ordenó su deportación inmediata.
Un mes después de esa decisión, Estados Unidos lo sancionó. El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua lo incluyó además entre 54 funcionarios señalados como responsables de la represión en el país.
Zura Bonilla Welchen Proffer, originaria de Corn Island, trabajó como fiscal y jueza local única en esa zona; luego pasó al distrito penal de juicios de Bluefields. Se la recuerda por haber declarado culpable a la periodista Kálida Salazar por calumnias en 2020, y está vinculada a la familia del magistrado del Consejo Supremo Electoral Lumberto Campbell.
Méndez, por su parte, militó en el FSLN desde joven y perteneció a la Dirección General de Seguridad del Estado en los años ochenta. Siendo jueza, archivó la acusación por abuso sexual presentada contra Daniel Ortega por su hijastra Zoilamérica Ortega Murillo. En 2003 condenó al expresidente Arnoldo Alemán a 20 años de prisión por varios delitos.
Asumió como magistrada de la CSJ en 2007. En 2025 fue apartada temporalmente, aunque regresó un día después. Así se convirtió en la única magistrada que sobrevivió a la purga en el máximo tribunal.
Para el experto en derechos humanos Uriel Pineda, la purga en el Poder Judicial y los nuevos nombramientos buscan eliminar pequeños feudos de poder y pasar del control político al control administrativo. Lo explicó así:
“Alba Luz Ramos, al presidir la Corte o los otros magistrados, tenían algún margen de maniobra política, de colocar gente, de incidir, de alguna corrupción, digamos, a nivel medio, y eso viene a anularse. Es centralizar cualquier operación de poder en Nicaragua por medio del control judicial”.
Pablo Cuevas, director y fundador de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, sostuvo que esta nueva corte actuará en función de los intereses de la pareja gobernante. También afirmó que las purgas dentro de ese poder del Estado buscan mantener bajo terror a quienes trabajan en esa estructura.
La respuesta sobre quiénes controlan hoy la justicia nicaragüense es contundente: la CSJ quedó en manos de magistrados elegidos por su lealtad al FSLN y con trayectorias marcadas por denuncias de violaciones de derechos humanos. La gestión dirigida formalmente por Guido sucede a una etapa en la que la justicia se utilizó para favorecer los intereses de Ortega, eliminar partidos de oposición, perseguir opositores y encarcelarlos.
Fuente: Infobae