La violencia que atraviesa Ecuador también llegó a las aulas. Durante el primer semestre de 2026 se registró, en promedio, un ataque contra la educación cada semana, según nuevos datos difundidos por el Consejo Noruego para Refugiados (NRC).
Entre enero y junio, la organización documentó 27 ataques contra la educación en las zonas del país donde brinda asistencia humanitaria. Los hechos incluyeron amenazas, extorsiones, disparos en los alrededores de establecimientos educativos, asesinatos y otras formas de violencia contra estudiantes, profesores y personal de las instituciones.
La dimensión del problema va más allá de las víctimas directas. De acuerdo con datos oficiales del Ministerio de Educación recogidos por NRC, 18.918 estudiantes asisten a las escuelas donde ocurrieron estos ataques.
Los incidentes dejaron 57 personas directamente afectadas: 36 estudiantes, 10 docentes, nueve cuidadores y dos miembros del personal administrativo.
Guayas y El Oro concentran casi la mitad de los ataques
La violencia contra la comunidad educativa no se distribuye de manera uniforme. Guayas concentró el 30% de los ataques registrados por NRC, mientras que El Oro acumuló otro 17%. En conjunto, ambas provincias reúnen casi la mitad de los casos documentados.
Los cantones con mayor número de ataques fueron Guayaquil, Santa Rosa y Machala.
La violencia tampoco termina en las puertas de los establecimientos. De los 27 casos registrados durante los primeros seis meses del año, 16 ocurrieron dentro de las escuelas y otros 11 en las rutas utilizadas por niños y adolescentes para ir o regresar de clases.
El panorama descrito por NRC incluye escuelas atrapadas en disputas territoriales, establecimientos afectados por explosivos, instalaciones vandalizadas o saqueadas, profesores sometidos a amenazas y extorsiones y estudiantes amenazados, secuestrados, asesinados o expuestos al reclutamiento forzado.
La organización también identificó escuelas utilizadas por grupos de delincuencia organizada como puntos para la distribución de sustancias ilícitas dentro o alrededor de los establecimientos educativos.
Familias obligadas a abandonar sus hogares
La amenaza criminal ha provocado incluso desplazamientos. NRC asegura haber conocido casos de familias que huyeron de sus viviendas después de que estudiantes recibieran amenazas directas de grupos de delincuencia organizada.
Tras abandonar sus hogares, algunas necesitaron alojamiento, alimentos, mochilas, libros y uniformes para que sus hijos pudieran regresar a clases. Docentes víctimas de extorsiones y amenazas también requirieron protección y asistencia humanitaria.
Uno de los testimonios recogidos por la organización refleja el nivel de violencia que rodea a determinadas comunidades educativas.
Giovanni Rizzo, director de NRC en Ecuador, advirtió que los ataques están interrumpiendo el derecho a la educación y cuestionó que, pese a las medidas adoptadas por el Gobierno para enfrentar la inseguridad y prevenir el reclutamiento forzado, las organizaciones criminales continúan interfiriendo en la vida escolar.
NRC advierte que las cifras podrían no mostrar toda la realidad
Los 27 casos documentados tampoco representan necesariamente la totalidad de ataques ocurridos en Ecuador. El propio Consejo Noruego para Refugiados aclara que su reporte no constituye un análisis exhaustivo del país, debido a que recopila información únicamente en las zonas donde mantiene operaciones de asistencia humanitaria.
El problema colocó a Ecuador dentro de una preocupación internacional más amplia. Según el informe Educación bajo ataque 2026, de la Coalición Global para Proteger la Educación de los Ataques, Ecuador figura entre 55 países donde se identificaron ataques aislados contra la educación o agresiones contra el sistema educativo sin que exista una afectación directa por un conflicto armado.
Las cifras muestran así otra cara de la crisis de seguridad: la disputa de los grupos criminales ya no ocurre únicamente en calles, barrios o territorios controlados por bandas. También alcanza a escuelas, docentes y estudiantes, y en algunos casos obliga a las familias a abandonar sus hogares para mantener a sus hijos lejos de las amenazas.