Este martes, 20 de octubre, el juicio del caso Ornato Municipal continuó con la presentación de los últimos testigos de la prueba testimonial de Fiscalía General del Estado. Con ello busca sostener su teoría sobre una serie de irregularidades en contratos públicos dentro de la administración del alcalde de Pujilí, José Arroyo.
El alcalde Arroyo y otras dieciséis personas, entre exfuncionarios y contratistas, son procesados dentro del caso por presunto peculado.
En el foco de la investigación se ubica en cuatro convenios relacionados con plantas y palmeras, y otros dos con obras ornamentales de patos y óvalos. En total, los convenios suman $ 340.665,26.
A partir de las indagaciones, la Fiscalía plantea una secuencia que comenzaba con la ejecución previa de los trabajos y después se cumplía con los procesos de contratación.
Pasadas las 09:20, el tribunal a cargo del caso instaló la diligencia por quinto día consecutivo en una de las salas de la Corte Provincial de Pichincha. El alcalde se conectó a la audiencia desde la cárcel La Roca, mientras que otros procesados lo hicieron desde centros penitenciarios de Quito y Ambato.
Al figurar con género femenino en su cédula de identidad, el alcalde Arroyo cumple la medida de prisión preventiva en La Roca, centro de privación de libertad que inicialmente recibía hombres y desde este año solo acoge a mujeres.
Testimonios y denuncias clave en el caso
Entre los testigos relevantes presentados hoy estuvo el sargento de policía Jorge Zapata Vega, quien laboró en la Unidad Nacional de Investigación del Delito Contra la Eficiencia en la Administración Pública (UCAP) de la Policía y ahora se desempeña en Asuntos Internos.
Él habló sobre la recopilación de entrevistas realizadas durante la indagación a personas que, por temor a represalias, no quisieron identificarse pero sí dieron detalles relevantes de otras personas que aportaron información relevante.
Indicó que en la indagación se recogieron tres denuncias de contratos: una del vicealcalde de ese entonces, Raúl Arroyo; otra de Mayra Garzón, guardalmacén del Municipio; y otra dirigida anónimamente al 1800-DELITO.
En su comparecencia, él refirió detalles de los contratistas, administradores de contratos, delegados del alcalde y otros funcionarios participantes en los procesos.
Indicó varios elementos relevantes en las revisiones encaminadas por los contratos de Pujilí. En cuanto a las palmeras y plantas, Zapata indicó que hubo un proveedor que habría manifestado que entregó las plantas y palmeras al Municipio en 2023, antes de la adjudicación del contrato en el siguiente año. Según él, el proveedor también presentó documentos de recepción y comprobantes de transferencias relacionados con esos productos.
En torno a la obra de óvalos, el testigo precisó que un trabajador municipal habría declarado que estas estructuras fueron construidas en 2023 con mano de obra e insumos del Municipio, pero el contrato se ejecutó en 2024. A su vez, Zapata recordó que otro versionante habría señalado que elaboró las estructuras antes de que se publicara el contrato destinado a su elaboración.
Sobre la denuncia de Garzón, el agente investigador de la Policía apuntó que ella habría reportado inconsistencias entre los materiales que ingresaban físicamente a la bodega y aquellos cuya salida debía justificarse en los registros municipales. También indicó que la funcionaria habría denunciado amenazas por parte de funcionarios del Municipio.
En los contrainterrogatorios, varios defensores hicieron consultas sobre el proceso investigativo, las fuentes consultadas e incluso los nombres mencionados en las denuncias.
Declaraciones de los trabajadores y pruebas documentales
Como otro testigo de esta jornada se presentó Luis Alfredo Sailema, quien colabora en el Municipio de Pujilí desde hace tres años en labores de albañilería.
En torno a las obras de óvalos, contó específicamente que se encargó de realizar el recubrimiento de cemento de estructuras durante dos días y medio en el estadio de Pujilí. Un abogado de Arroyo le preguntó si desconocía a los autores de las obras, a lo que respondió que así era.
Él contó que suele realizar todo tipo de trabajos de construcción, como pegado de cerámicas y enlucido de paredes. Además, indicó que tuvo entre sus jefes inmediatos a Édgar Caiza y Toribio Sacatoro.
Además, otro testigo, José Cayancela Sacatoro, quien se identificó como trabajador del campo, refirió que entre 2023 y 2024 laboró bajo la dirección de Sacatoro en el Municipio, en dos casas comunales de San Nicolás y Rayo Loma, para cumplir labores en obras. Además, especificó que durante dos días laboró en el enlucido de un óvalo junto a Sailema.
Antes, entre los testigos comparecientes estuvo Emilio Sandoval, quien figura como gerente general del diario La Gaceta. En el juzgado, él recordó que, a través de un CD, se remitió un oficio a la Fiscalía sobre una noticia publicada y redactada por un colaborador en torno al Municipio de Pujilí, la cual reportaba que se embellece la avenida Velasco Ibarra con obras de palmeras el 7 de agosto de 2023.
En la misma noticia, él recordó que se sembraron 11 palmeras, con una diferencia de 25 metros cada una en la avenida Velasco Ibarra. Ante consultas de las defensas de los procesados, dijo que la información fue grabada por personal de la Redacción y que no ha estado presencialmente en el sitio para corroborar que efectivamente se sembraron.
A las 12:20, el tribunal, encabezado por la jueza Mabel Tapia, ordenó que la audiencia se pause y reanude a las 14:00 para seguir con la presentación del resto de testigos de Fiscalía. Luego, en los siguientes días se espera la comparecencia de testigos de las otras partes procesales.
En la tarde, una vez reanudada la cita a las 14:10, Rocío Álvarez Sánchez, trabajadora de una institución financiera privada, compareció como testigo por pedido de información que se remitió sobre Manuel Isaías Quijia Sotalin como parte del proceso.
Ella detalló que en el documentos remitidos se dieron detalles de cuentas bancarias, movimientos bancarios, transferencias, listado de tarjetas de crédito, así como inversiones, retiros de una persona. Para que se expongan enviados en un CD se tomaron varios minutos.
Mientras se daba el inicio de la exposición de documentos en un computador, hubo objeciones sobre la apertura de los mismos desde una cuenta de correo electrónico Google. Ante ello, Fiscalía cedió una computadora que sí tenía acceso para el disco compacto.
La delegada hizo lectura de las transferencias de mayo de 2023 por pedido de Fiscalía. Entre esas se destacó una traspaso de 25.320,40 para el Consorcio Ingenieros CV con motivo “Consorcio Ingenieros CV- pago a proveedores”.
Luego hizo la misma revisión en octubre de 2024. Una de esas, por pedido de Fiscalía se dio para María Pilapana por 25.000 el 2 de octubre con motivo no especificado.
Los defensores de los procesados expusieron una serie de cuestionamientos a la testigo. Ella indicó que no podía precisar el funcionario que extrajo la información de la base de datos del banco y que esta era la primera vez que revisaba a detalle la información, ya que a diario atendía más requerimientos.
Ella explicó que en el banco cuenta con un proceso ante requerimientos de información, que parte por un área de Gestión de Data encargada de extraer la información y el dueño de información es quien certifica la extracción de la misma.
A las 15:54, el Tribunal tuvo un nuevo receso. Luego de ello, a las 16:30, Henry Pazmiño, trabajador de la Unidad de Cumplimiento de otra entidad financiera, compareció como testigo. Él dijo que desde la entidad -a través de un oficio- s proporcionó información de movimientos bancarios, como depósitos y retiros, de varias personas requeridas por la autoridad. (I)
Fuente: El Universo