Este miércoles, el régimen iraní llevó a cabo la ejecución de dos individuos señalados como responsables de la muerte de cuatro integrantes de las fuerzas de seguridad durante las movilizaciones antigubernamentales que tuvieron lugar entre finales de diciembre de 2025 y febrero de 2026.
Los ajusticiados, identificados como Ali Hemati y Mayid Nikandish, fueron declarados culpables por los hechos ocurridos en la ciudad de Mashhad, al noreste del país, según reportes del aparato judicial iraní.
Las ejecuciones se realizaron mediante ahorcamiento, una vez que el Tribunal Supremo ratificó las sentencias de muerte tras completarse los procesos legales en su contra.
Balance de víctimas y acusaciones externas
Las autoridades iraníes han reportado más de 3.100 fallecidos durante las protestas, cifra que incluye 600 personas calificadas como ‘terroristas’ y más de 2.400 entre civiles y agentes de seguridad. Asimismo, han señalado a fuerzas externas de avivar la violencia, como justificación para una posible intervención estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó en múltiples ocasiones con lanzar una ofensiva contra Irán debido a la represión de las protestas. Aunque inició negociaciones para un acuerdo nuclear, finalmente lanzó una ofensiva conjunta con Israel.
Admisión de Trump y reacción iraní
El 5 de abril, Trump reconoció que su Gobierno envió armas a los manifestantes durante las protestas con la esperanza de fomentar un levantamiento contra las autoridades. Esto llevó a Teherán a subrayar que tales declaraciones respaldan la versión oficial sobre la implicación de personas armadas en las movilizaciones.
Informe de la ONU
Por otro lado, una comisión de investigación de Naciones Unidas afirmó el 17 de septiembre que las autoridades iraníes reprimieron las protestas de una forma que puede describirse como
‘un ataque sistemático y generalizado’
contra la población civil, por lo que estos actos podrían ser considerados crímenes contra la humanidad.
Fuente: Infobae