La justicia platense continúa con el proceso investigativo en torno a las graves acusaciones que pesan sobre Nicolás Rodríguez y Daniela Silva Muñoz. Ambos, quienes se desempeñaban como empleados legislativos y figuras políticas en el Senado bonaerense, están señalados como los presuntos responsables de un entramado de abusos sexuales agravados, amenazas y privación ilegal de la libertad.
Durante la jornada de este viernes, se llevó a cabo una comparecencia clave ante el juzgado de garantías, liderado por el magistrado Juan Pablo Masi. El objetivo primordial de esta audiencia fue examinar la solicitud de prisión preventiva para los dos implicados y permitir que las partes involucradas presentaran sus respectivos alegatos y argumentos legales.
Este requerimiento judicial fue impulsado el pasado miércoles por la fiscal Betina Lacki. La funcionaria judicial argumentó poseer elementos probatorios suficientes para sustentar que los acusados deben permanecer bajo arresto mientras avanza la causa. Lacki enfatizó que esta medida es imperativa para garantizar la seguridad de las víctimas y evitar cualquier tipo de entorpecimiento en el desarrollo de la instrucción.
Las indagaciones judiciales han revelado que los delitos no se limitaban únicamente a la violencia física, sino que incluían una sofisticada manipulación psicológica. Se presume que los imputados instrumentalizaban una organización de carácter sectario denominada “Orden de la Luz”, lo cual habría generado graves secuelas en la salud mental de los afectados, además de posibles nexos dentro de la estructura política provincial.
Según consta en el expediente, la captación de personas se realizaba bajo la apariencia de una agrupación política llamada Movimiento Ciudadano La Capitana, la cual estaba bajo la dirección directa de Rodríguez y Silva Muñoz. Bajo esta fachada, se desplegaba una metodología específica orientada a la cooptación de nuevos integrantes.
Los hechos denunciados se habrían suscitado en un periodo comprendido entre los años 2015 y 2023. De acuerdo con las imputaciones, los sujetos captaban a mujeres jóvenes, muchas de ellas adolescentes o que apenas alcanzaban la mayoría de edad, a través de ofertas de empleo o formación académica. Hasta el momento, se han documentado nueve incidentes específicos basados en las declaraciones de cuatro mujeres: dos denuncias fueron interpuestas en 2019 y otras dos en el año 2025, todas bajo la supervisión de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de La Plata.
Detalles del patrón de sometimiento
El juez, al momento de emitir la primera orden de aprehensión en diciembre, consideró que existían pruebas de violencia sexual y coerción extendida, agravada por tácticas de control psicológico. Los testimonios coinciden en describir un sistema de abuso recurrente apoyado en amenazas constantes.
Una de las víctimas principales relató ante la fiscalía que entabló contacto con Nicolás Rodríguez en el año 2016, cuando ella era estudiante secundaria y él, de 33 años, trabajaba como auxiliar docente. Rodríguez, en colaboración con Silva Muñoz, habría aprovechado su posición y promesas de inserción en el ámbito legislativo para ganarse la confianza de las jóvenes.
Una vez establecido el vínculo, se iniciaban los abusos sexuales, apoyados en amenazas o en una fuerte presión psicológica. Un método común, según los relatos, era convencer a las víctimas de que los actos sexuales eran vitales para su estabilidad “espiritual” y para complacer a una figura superior conocida como “KIEI”, líder autodefinido de la supuesta secta.
Otra de las denunciantes expuso que conoció a Rodríguez en un foro de politólogos en el Senado de la Provincia de Buenos Aires. Tras ofrecerle una pasantía, el hombre la habría sometido a abusos bajo presión. Posteriormente, fue forzada a participar en actos sexuales conjuntos con la pareja. La víctima declaró ante la justicia lo siguiente:
“al principio fue consentido, pero estos actos fueron persistiendo con el tiempo, pero ya de mi parte no estaba esas mismas ganas de querer continuar con esto, y cuando yo quería salir de esa situación, comenzaron las presiones tanto de Nicolás como de Daniela”.
La evidencia recolectada incluye más de 200 correos electrónicos aportados por una de las jóvenes. Estos mensajes, enviados a distintas horas del día durante varios años, contenían instrucciones de obediencia a la “Orden”, mandatos sobre encuentros grupales y referencias de Rodríguez hacia sí mismo como una entidad de naturaleza sobrenatural. Las víctimas también mencionaron hostigamiento constante y amenazas dirigidas hacia sus núcleos familiares.
El dictamen de la fiscalía detalla actos de violencia explícita, como el uso de armas blancas para forzar prácticas sexuales o el hecho de que una víctima fuera “atada de manos y pies en una combi, sin poder escapar”. Asimismo, se describen castigos físicos denominados “entrenar el fuego”, donde las víctimas eran sometidas a dolor físico como parte de los rituales de control.
El proceso judicial cuenta con el respaldo de informes médicos, denuncias previas y la intervención de organismos como la Dirección de Género del Senado bonaerense y el Ministerio de las Mujeres. A pesar de que se establecieron restricciones de acercamiento, las denunciantes manifestaron haber tenido dificultades para que se cumplan dichas medidas. Ahora, el destino procesal de los imputados depende de la resolución del juez Masi, quien definirá si ratifica la prisión preventiva o permite que enfrenten el juicio en libertad.
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