156 hechos violentos como ataques, amenazas e intimidaciones a servidores y unidades judiciales se registraron en Ecuador, entre enero de 2024 y mayo de 2026. Así lo revela un informe del Consejo de la Judicatura (CJ), que fue presentado este miércoles, 27 de mayo de 2026, en la sesión del pleno 064.
El documento recoge amenazas, persecuciones, intimidaciones y atentados relacionados con delincuencia organizada, narcotráfico, corrupción y violencia criminal en el sistema de justicia y lo expuso el director general del organismo.
De acuerdo con el informe, a escala nacional se reportaron 11 atentados directos contra servidores, 142 amenazas y falsas alarmas de bomba, y tres atentados contra infraestructura del sistema de justicia. A la vez, registra 156 eventos de seguridad en la Función Judicial en todo el país.
Las provincias donde más alertas de ataques y atentados se registraron de 2024 a 2026 son: Guayas, El Oro, Santa Elena, Pichincha, Los Ríos, Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo de los Tsáchilas. Sin embargo, el texto aclara que el riesgo hacia los operadores e infraestructura judicial no se debe descartar en otras provincias.
El documento señala que la provincia de Guayas concentra el mayor número de hechos con 115 amenazas registradas, incluyendo amenazas directas a servidores judiciales y múltiples evacuaciones por falsas alarmas de bomba. Mientras que en Esmeraldas se reportan amenazas sistemáticas contra jueces en zonas críticas, requiriéndose custodia policial.
En este marco, el informe recoge algunos eventos en ciertas provincias, entre ellas:
El Oro: atentados armados, colocación de artefactos explosivos y asesinato por sicariato de una jueza.
Guayas: asesinato por sicariato de un liquidador y tentativa de asesinato contra un juez.
Santa Elena: asesinato bajo la modalidad de sicariato contra un juez penal y funcionarios de Fiscalía.
Cotopaxi y Pastaza: persecuciones armadas, agresiones e intimidaciones a jueces y actuarios.
En cuanto a las amenazas a los operadores de justicia, el documento de la Judicatura recoge que estas alertas incluyen: amenazas de muerte; panfletos intimidatorios; extorsiones; llamadas anónimas; falsas alertas de bomba; e intimidaciones digitales.
El informe presentado ante los vocales del CJ también identifica nudos críticos que dificultan frenar o reducir estos ataques a servidores judiciales, entre los que constan:
La falta de personal especializado permanente en dependencias judiciales.
Deficiente asignación presupuestaria para seguridad física y tecnológica.
Limitada disponibilidad de custodios policiales.
Falta de personal especializado en seguridad institucional.
Obsolescencia del sistema electrónico y de videovigilancia.
Ausencia de inteligencia preventiva y análisis prospectivo de riesgos.
Activación reactiva del sistema de protección posterior a la amenaza consumada.
Asimismo, repasa dos medidas implementadas por la Judicatura para fortalecer la seguridad institucional, como el protocolo de ingreso, permanencia y salida de los servidores y usuarios en los edificios de las dependencias judiciales; y la guía metodológica para el uso y aplicación de señalética de seguridad en el Consejo de la Judicatura. Ambas implementadas el 16 de enero de 2025.
Además, el texto precisa que en algunas direcciones provinciales se implementaron medidas alternativas como teletrabajo por razones de seguridad, solicitudes de análisis de riesgo al Ministerio del Interior y coordinación interinstitucional preventiva.
Recomendaciones
Ante esta realidad, el informe de la Dirección General propone algunas recomendaciones como:
Fortalecer el convenio interinstitucional con el Ministerio del Interior.
Garantizar presencia policial permanente en dependencias judiciales.
Implementar mesas técnicas permanentes.
Reformar la normativa de seguridad institucional.
Impulsar programas obligatorios de capacitación y prevención, y gestionar cooperación internacional para una unidad especializada de seguridad judicial.
Fortalecer sistemas de seguridad física y tecnológica.
Implementar audiencias telemáticas en casos de crimen organizado.
Crear comités técnicos de respuesta inmediata.
Ejecutar reingeniería arquitectónica en complejos judiciales críticos.
Gestionar una asignación presupuestaria específica.
Establecer canales directos de comunicación con la Policía y el Ministerio del Interior.
Emitir lineamientos obligatorios para la coordinación preventiva con mandos policiales.
En la reunión, la Dirección General Administrativa informó que para atender estas alertas se creó un espacio en el edificio del Consejo de la Judicatura, en Quito, con un oficial de enlace de seguridad entre la Policía Nacional y la Judicatura para atender cualquier requerimiento que tenga la institución.
La falta de personal especializado permanente en dependencias judiciales.
Deficiente asignación presupuestaria para seguridad física y tecnológica.
Limitada disponibilidad de custodios policiales.
Falta de personal especializado en seguridad institucional.
Obsolescencia del sistema electrónico y de videovigilancia.
Ausencia de inteligencia preventiva y análisis prospectivo de riesgos.
Activación reactiva del sistema de protección posterior a la amenaza consumada.
Asimismo, repasa dos medidas implementadas por la Judicatura para fortalecer la seguridad institucional, como el protocolo de ingreso, permanencia y salida de los servidores y usuarios en los edificios de las dependencias judiciales; y la guía metodológica para el uso y aplicación de señalética de seguridad en el Consejo de la Judicatura. Ambas implementadas el 16 de enero de 2025.
Además, el texto precisa que en algunas direcciones provinciales se implementaron medidas alternativas como teletrabajo por razones de seguridad, solicitudes de análisis de riesgo al Ministerio del Interior y coordinación interinstitucional preventiva.
Recomendaciones
Ante esta realidad, el informe de la Dirección General propone algunas recomendaciones como:
Fortalecer el convenio interinstitucional con el Ministerio del Interior.
Garantizar presencia policial permanente en dependencias judiciales.
Implementar mesas técnicas permanentes.
Reformar la normativa de seguridad institucional.
Impulsar programas obligatorios de capacitación y prevención, y gestionar cooperación internacional para una unidad especializada de seguridad judicial.
Fortalecer sistemas de seguridad física y tecnológica.
Implementar audiencias telemáticas en casos de crimen organizado.
Crear comités técnicos de respuesta inmediata.
Ejecutar reingeniería arquitectónica en complejos judiciales críticos.
Gestionar una asignación presupuestaria específica.
Establecer canales directos de comunicación con la Policía y el Ministerio del Interior.
Emitir lineamientos obligatorios para la coordinación preventiva con mandos policiales.
En la reunión, la Dirección General Administrativa informó que para atender estas alertas se creó un espacio en el edificio del Consejo de la Judicatura, en Quito, con un oficial de enlace de seguridad entre la Policía Nacional y la Judicatura para atender cualquier requerimiento que tenga la institución.