La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional inició este martes 14 de julio la etapa de práctica de pruebas dentro del juicio político contra la exministra de Energía y Minas, Inés Manzano, quien enfrenta un proceso impulsado por los legisladores de Revolución Ciudadana (RC) por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la contratación de la empresa Austral Technical Management (ATM).
La sesión comenzó con la lectura de un oficio presentado por la defensa de Manzano, en el que se informó que la exfuncionaria comparecería de manera telemática debido a que se encuentra fuera del país. En la diligencia intervinieron sus abogados Rafael Oyarte e Ismael Quintana, quienes ejercieron la defensa durante la presentación de pruebas.
Antes de iniciar el debate, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Ferdinan Álvarez, pidió que la sesión se desarrollara con respeto y señaló que el proceso debía centrarse en argumentos y documentos. Además, advirtió que suspendería la sesión si se producían alteraciones durante el debate.
Los interpelantes Mónica Palacios, Blasco Luna y Lenin Barreto sustentaron la acusación con un examen de la Contraloría General del Estado sobre el contrato suscrito con ATM y con el informe de minoría elaborado en la Comisión de Transparencia respecto a los contratos con ATM y Progen.
Durante su intervención, Palacios sostuvo que la exministra incurrió en omisiones al no impedir que continuaran los desembolsos relacionados con el contrato pese a las alertas existentes. También cuestionó que Manzano no asistiera de forma presencial a la Asamblea.
La legisladora expuso que, tras la declaratoria de emergencia eléctrica de 2024, Celec EP suscribió un contrato con ATM por más de $ 89 millones para la provisión de generadores termoeléctricos y afirmó que posteriores modificaciones al esquema de pagos permitieron desembolsos antes de que la empresa demostrara el cumplimiento de las obligaciones técnicas previstas en el contrato.
Por su parte, Blasco Luna sostuvo que las modificaciones en la forma de pago no respondieron a errores administrativos y señaló que, a su criterio, existieron irregularidades en la ejecución contractual. Lenin Barreto afirmó que correspondía a la entonces ministra ejercer control sobre el proceso y cuestionó que no compareciera personalmente ante la comisión.
La defensa rechazó esas afirmaciones. Rafael Oyarte sostuvo que el informe de minoría presentado por los interpelantes no constituye una prueba dentro del proceso y agregó que el examen de la Contraloría no establece responsabilidades para Manzano, sino que hace referencia a funcionarios de Celec EP.
A su turno, Ismael Quintana argumentó que el contrato con ATM fue suscrito antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y que el pago cuestionado tampoco fue ordenado por ella. Añadió que el convenio fue celebrado entre ATM y Celec EP, empresa pública con autonomía administrativa y financiera, y afirmó que la entonces ministra solicitó a la Contraloría la realización de un examen especial sobre ese proceso apenas inició su gestión.
El abogado también señaló que la solicitud de juicio político atribuye responsabilidades a la exfuncionaria sobre la base de hechos que, según dijo, ocurrieron antes de su nombramiento como ministra.
Durante la sesión, algunos legisladores de Revolución Ciudadana cuestionaron que la defensa de Manzano estuviera a cargo de sus abogados y no de la propia exfuncionaria, aunque la comisión permitió que el proceso continuara con normalidad.
La sesión fue suspendida a las 19:14 y la Comisión de Fiscalización resolvió reinstalarla este miércoles 15 de julio para continuar con la práctica de pruebas dentro del proceso de juicio político. (I)