El Gobierno del presidente Daniel Noboa implementó una nueva metodología que permitirá identificar y dar seguimiento a cada dólar destinado a prevenir los efectos del cambio climático y los desastres naturales. Con esta herramienta será posible fortalecer la planificación, mejorar el uso de los recursos públicos y orientar la inversión hacia acciones que protejan a las familias, la infraestructura y el ambiente. Por ejemplo, la protección de los recursos naturales, como el agua; la conservación de bosques; la reducción de la contaminación; las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático; el impulso de energías renovables y limpias; la vivienda y el desarrollo urbano sostenible; así como las medidas de prevención, respuesta y recuperación frente a desastres naturales, incluido el fortalecimiento de los sistemas de alerta temprana.
La normativa incorpora tres nuevos clasificadores de orientación del gasto, que reemplazan al anterior Clasificador Orientador del Gasto en Políticas de Cambio Climático (COGPACC):
• Clasificador de Orientación de Gasto en Políticas de Ambiente (COGPA).
• Clasificador de Orientación de Gasto en Cambio Climático (COGCC).
• Clasificador de Orientación de Gasto en Gestión de Riesgos de Desastres (COGGRD).
La actualización de estos clasificadores, además, facilitará el reporte de los compromisos internacionales asumidos por el Ecuador, entre ellos las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y el Acuerdo de París.
La implementación de esta metodología fue establecida mediante la Resolución Nro. MEF-VGF-2026-0020-R, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas y publicada en el Registro Oficial No. 324 del 13 de julio de 2026.
En este contexto, todas las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado están siendo capacitadas para aplicar obligatoriamente esta metodología desde el inicio del ejercicio fiscal 2027. La información se registrará en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (eSIGEF), lo que permitirá una trazabilidad integral de estas inversiones.
Este avance técnico, impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Ministerio de Ambiente y Energía y la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, fortalece la capacidad del Estado para orientar el presupuesto hacia inversiones que protejan a la población, reduzcan la vulnerabilidad frente a eventos climáticos y contribuyan a un desarrollo más sostenible y resiliente.