Durante un largo período, un sistema de protección gubernamental permitió que el Cártel de Sinaloa actuara sin ocultarse, logrando que esta agrupación criminal movilizara fentanilo valuado en miles de millones de dólares hacia Estados Unidos y se afianzara como una de las organizaciones delictivas más influyentes a nivel global.
De acuerdo con declaraciones recogidas por el diario The New York Times, este esquema operó mediante una complicidad entre autoridades locales, estatales y federales. Estos funcionarios facilitaban el tránsito de drogas y armas, resguardaban a líderes criminales y efectuaban detenciones dirigidas contra competidores.
La acusación desde Nueva York salpica a un gobernador
El mes pasado, la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una imputación que involucra directamente al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve políticos estatales, tanto en funciones como anteriores. Se les vincula con el cártel a través de un presunto entramado de sobornos y negociaciones políticas que habrían apuntalado, durante años, las actividades del grupo en esa entidad.
Según las autoridades estadounidenses, la facción conocida como Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, intervino en los comicios de 2021 sustrayendo boletas y plagiando a candidatos de la oposición, lo que habría facilitado la llegada de Rocha al poder.
Una vez instalado en el cargo, Rocha habría colocado a funcionarios leales en posiciones estatales y municipales clave para asegurar protección a la organización criminal.
A pesar de más de 200 denuncias documentadas sobre intimidación armada, robo de boletas y secuestros de candidatos durante esa jornada electoral, las autoridades electorales locales y federales en México calificaron estos hechos como incidentes aislados y ratificaron la victoria del actual mandatario.
Voces del cártel confirman el pacto con las autoridades
En entrevistas realizadas por Paulina Villegas para The New York Times, cuatro integrantes del Cártel de Sinaloa —tres de la facción de los Chapitos y uno vinculado a los Mayos— relataron cómo funcionaba la protección en diferentes niveles.
Bajo condición de anonimato, indicaron que policías municipales y estatales eran colaboradores asiduos: practicaban aprehensiones selectivas, entregaban a rivales a los Chapitos y alertaban al cártel sobre operativos castrenses, particularmente en zonas rurales donde hay narcolaboratorios y puntos estratégicos para sus actividades.
Uno de los entrevistados, de 22 años y residente de Culiacán, explicó que los miembros recibían nombres de enemigos, considerados deudores o traidores, para que los pusieran a disposición de los mandos policiacos, quienes ejecutaban las detenciones o los derivaban a los grupos internos del cártel.
Otro operativo, de 28 años y con 15 años de actividad en la organización, confirmó que parte del ejército mexicano también formaba parte de esta red, dejando pasar libremente por retenes a quien proporcionara una palabra en clave, que se rotaba: “verde, R8, delta”. El mismo joven narró cómo logró cruzar un filtro militar en el aeropuerto de Culiacán mencionando la frase “La Chapiza”, lo que le permitió acceder a su objetivo sin que los soldados opusieran resistencia.
Los testimonios obtenidos por el medio detallan que el intercambio de información y respaldo entre la organización y las autoridades incluía el uso de radios y celulares exclusivos, por los que se compartían ubicaciones de retenes, movimientos de rivales o zonas bajo control militar. Dos de los entrevistados recordaron haber escoltado a recaudadores del cártel mientras entregaban bolsas con dinero en dólares a altos mandos policiacos y jefes de seguridad del estado.
Las consecuencias para quienes se negaban a colaborar eran mortales: si un funcionario rechazaba al cártel, el grupo lo asesinaba y luego amenazaba a su familia. Los entrevistados reconocieron que la red de protección se debilitó parcialmente tras la pugna interna entre Chapitos y MayosMayos, y por las presiones ejercidas por la administración de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Casos anteriores que sientan precedente
El patrón de colusión entre autoridades y criminales no es exclusivo de Sinaloa. The New York Times expone antecedentes como el caso del exdirector de Seguridad Pública Genaro García Luna, sentenciado en 2024 en Estados Unidos por aceptar milioni de dólares en sobornos del cártel durante más de una década.
En Nayarit, el exfiscal Édgar Veytia cumple una condena de 20 años acusado de proteger a un grupo criminal. En Tamaulipas, el exgobernador Tomás Yarrington fue condenado por lavar millones de dólares procedentes de los cárteles del Golfo y los Zetas.
En Guerrero, investigaciones periodísticas previas han revelado que casi todos los niveles de gobierno estaban involucrados con el crimen organizado que orquestó la desaparición de 43 estudiantes en 2014.
En Culiacán, sectores de la población celebraron la acusación en Estados Unidos contra Rocha Moya como un primer paso para combatir la colusión delictiva. Para miembros del cártel, en cambio, la ruptura del pacto con el gobierno estatal representa una amenaza directa para su supervivencia. Uno de los operativos entrevistados afirma: “Esto puede acabar con nosotros”.
Fuente: Infobae