El abogado y exministro de Defensa, Gobierno y Presidencia de Bolivia, Carlos Sánchez Berzain, presentó este lunes una solicitud formal ante el Fiscal General del Estado en Sucre para que se realice una “investigación integral de los hechos de septiembre-octubre del año 2003”. La petición surge luego de que el Tribunal Constitucional anulara el proceso judicial que el exfuncionario califica como una persecución política, al reconocer violaciones al debido proceso, igualdad ante la ley, verdad material y la necesidad de una investigación completa.
En el memorial, ingresado a las 9:15 de la mañana por su abogada Goldy Vargas S., Sánchez Berzain expone lo que considera “antecedentes relevantes”. Señala que Bolivia atraviesa una crisis económica, social y política con más del 62 % de pobreza, falta de combustibles, pérdida de reservas de oro en el Banco Central y un incremento de la inseguridad ciudadana ligada al narcotráfico. Asegura que nada de esto ocurría antes del 17 de octubre de 2003, cuando —según su versión— fue derrocado el gobierno constitucional mediante “hechos delictivos” y la narrativa de la guerra del gas, que forzaron la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y dieron paso a la llamada Agenda de octubre.
El exministro insiste en la necesidad de “investigar el hecho histórico en su integridad”. Denuncia que de la acusación original fueron eliminados ilegalmente nombres como Felipe Quispe (+), Evo Morales Ayma, Alejo Veliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Oscar Olivera, David Vargas y Faustino Ugarte, a quienes se vinculaba con “alzamiento armado, incendios, daños, atentados contra servicios públicos, coacción, asesinato” y los planes conocidos como PULGA, TARAJCHI, SIQUITITI y QUISKA.
Desde el punto de vista jurídico, Sánchez Berzain argumenta que la “afectación a la igualdad ante la ley, defensa y verdad material” genera un defecto estructural y nulidad absoluta del requerimiento acusatorio dirigido únicamente contra las exautoridades y el Alto Mando Militar de 2003. Reclama la aplicación de la “legalidad penal” y el deber de valorar el contexto completo de los hechos.
El abogado hace especial hincapié en la “amnistía selectiva y sus efectos sobre la investigación”. Sostiene que la amnistía, lejos de buscar pacificación, generó impunidad y fue una “manipulación” que encubrió a los agresores de la paz social, mientras que se persiguió judicialmente a los integrantes del gobierno derrocado. Califica esta situación como una violación de derechos humanos.
Funda su pedido en el debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho a la defensa, la verdad material y el respeto a los derechos humanos consagrados en los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 11, 23, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José).
Concretamente, solicita la “revisión integral de los antecedentes” para dejar sin efecto los actos acusatorios de la investigación fragmentada. Pide que se disponga el cumplimiento efectivo de la investigación relativa a Evo Morales Ayma, Felipe Quispe Huanca, Alejo Veliz, Jaime Solares, Roberto de la Cruz, Oscar Olivera, David Vargas, Faustino Ugarte y otros. Además, exige que se amplíe la investigación respecto a Carlos Mesa Gisbert, Abel Mamani, Sacha Llorenti, Álvaro García Linera, David Choquehuanca, Diego Pary, Juan Ramón Quintana, Carlos Alarcón, Hugo Moldiz, Luis Arce Catacora, Rogelio Maita, Milton Mendoza, Pedro Gareca y Mario Uribe. Insta al Fiscal a adoptar medidas para reconstruir el contexto fáctico completo, establecer la conducta individual de cada interviniente y valorar objetivamente las circunstancias.
Sánchez Berzain concluye que con esta solicitud se abre en Bolivia la oportunidad de “terminar con la impunidad” de quienes —según él— causaron la crisis actual, destrozaron el estado de derecho, suplantaron la República, construyeron un narcoestado y cometieron delitos que incluyen la “alta traición a la Patria”.
Fuente: Infobae