Estados Unidos desmantela red de sicarios de la inteligencia rusa

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho pública una acusación formal contra cinco individuos que, según las autoridades, formaban parte de una red de asesinatos a sueldo vinculada a los servicios de inteligencia de Rusia. La trama se dedicaba a reclutar y pagar a ciudadanos para cometer homicidios selectivos y sabotear infraestructura en territorio europeo y estadounidense. De los imputados, dos son de nacionalidad cubana, uno venezolano y dos rusos, y todos ellos se encuentran en situación de prófugos.

Los cinco acusados y su presunta estructura

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala que la red operaba al menos desde 2024 bajo directrices del Kremlin. Inicialmente se centró en disidentes y desertores rusos, pero después amplió su rango de acción hacia países considerados aliados de Ucrania. John Eisenberg, fiscal general adjunto de Seguridad Nacional, declaró textualmente:

“Estos acusados presuntamente operaban como parte de una red mundial de asesinatos con ramificaciones en Estados Unidos, intentando reclutar a ciudadanos estadounidenses y extranjeros para perpetrar homicidios por orden del Kremlin”.

Los tres líderes de la denominada “Red RIS” (por Russian Intelligence Services) son identificados en el expediente. Se trata de Yuri Khrameev, de 63 años, ex coronel de la inteligencia rusa, conocido como Colonel Yuri; su hijo Kirill Khrameev, de 27 años, oficial del FSB; y Oemis Romagoza Durruthy, de 35 años, cubano descrito como una figura relevante de la diáspora cubana en Rusia que coordinaba ataques para la organización.

Los otros dos acusados son Yaidel Delgado Suárez, de 35 años, cubano apodado ‘Viking’, señalado como reclutador, y Angel Eduardo Castro, venezolano de 22 años, quien colaboró con Suárez en el reclutamiento de personas residentes en Estados Unidos. Todos enfrentan cargos por conspiración para financiar el terrorismo, delito con una pena máxima de 20 años de prisión. Tres de ellos también están acusados de conspiración para cometer asesinato por encargo, que conlleva hasta 10 años de cárcel. James Barnacle, director adjunto del FBI, afirmó que el grupo

“conspiró para intimidar, amenazar o asesinar personas en suelo estadounidense y en todo el mundo”.

Planes de ataque en Lituania y Estados Unidos

Uno de los episodios más concretos que recoge la acusación ocurrió el año pasado, cuando Yuri Khrameev ofreció 25.000 dólares a un ciudadano estadounidense para localizar y asesinar en Vilna, capital de Lituania, a una persona que “decía mentiras sobre Rusia”. Según el expediente, Khrameev justificó el pedido porque la víctima “esparcía basura sobre mi país” y “distorsionaba la historia”. Ante la negativa del reclutado, Khrameev insistió con un encargo más amplio: atacar infraestructura en países de la OTAN que apoyan a Ucrania, como estaciones de tren, depósitos de autobuses y almacenes de suministros.

La acusación identificó como miembros centrales de la Red RIS a Yuri Khrameev, Kirill Khrameev y Oemis Romagoza Durruthy, señalados por coordinar operaciones para la organización. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool via REUTERS)

“Me interesan todos los países que están ayudando a Ucrania”,

escribió Khrameev en uno de los mensajes citados por la fiscalía. “Arrojá una botella de gasolina a una subestación eléctrica. Prendé fuego a un almacén de propiedades o alimentos. Vos mismo buscá esos objetivos. Hay que hacerlo con creatividad.” En 2025, según el expediente, Kirill Khrameev también reclutó a un ciudadano estadounidense para vigilar y matar a una persona en Lituania por difundir información contraria a los intereses rusos.

La acusación describe otro operativo dirigido contra un destacado disidente ruso que residiría en Washington. Este verano, según el documento, integrantes de la red reclutaron a un ciudadano venezolano radicado en Brooklyn para vigilar y eventualmente asesinar al opositor. Suárez envió al reclutado a dos ubicaciones vinculadas con la víctima, con instrucciones precisas sobre cómo realizar la vigilancia, a cambio de entre 1.000 y 1.500 dólares.

Suárez y Castro ofrecieron una suma adicional de 40.000 dólares si el residente en Estados Unidos lograba “eliminar” al disidente. El reclutado rechazó la propuesta, lo que llevó a Suárez a intentar reclutar a otras personas dentro del país, ofreciendo “sumas sustanciales de dinero” para atacar a víctimas radicadas en suelo estadounidense.

El Departamento de Justicia de EE. UU. REUTERS/Ken Cedeno

Ola de incidentes en Europa y el contexto geopolítico

La acusación se enmarca en una serie de episodios similares registrados en Europa en los últimos meses. A comienzos de septiembre, Alemania atribuyó oficialmente a Rusia el hallazgo de un dron cargado con explosivos en el aeropuerto de Leipzig-Halle. En agosto, Polonia informó haber frustrado un intento de asesinato contra un ciudadano estadounidense de origen ucraniano, ordenado presuntamente desde Rusia. El primer ministro polaco, Donald Tusk, declaró:

“Tenemos que aceptar la premisa de que el régimen de Putin intentará eliminar a personas incómodas por diversos motivos”.

Las autoridades detuvieron a una persona que trabajaba para el Kremlin y planeaba asesinar a ese ciudadano en Varsovia, según Tusk.

Estonia, por su parte, acusó a Moscú el mes pasado de estar detrás de un incendio en una empresa de defensa. En el Reino Unido, dos ciudadanos ucranianos, uno de ellos reclutado a través de un usuario de Telegram de habla rusa, fueron condenados por conspirar para cometer ataques incendiarios contra un vehículo y una propiedad vinculados al entonces primer ministro Keir Starmer. En 2024, servicios de inteligencia estadounidenses alertaron a Alemania sobre un plan ruso para asesinar a Armin Papperger, jefe de la empresa armamentística Rheinmetall, acusación que el Kremlin calificó en su momento de “otra noticia falsa” que no podía tomarse en serio.

La fiscalía de Nueva York sostuvo que la Red RIS operaba desde 2024 bajo órdenes del Kremlin contra disidentes rusos y países aliados de Ucrania. (Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Pool vía Reuters)

Reacciones oficiales y el puzzle diplomático

El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, declaró tras el anuncio de los cargos:

“Es nuestro trabajo detener a los adversarios de Estados Unidos para que no desaten violencia y terror en suelo estadounidense”.

Por su parte, el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que Moscú no hará comentarios hasta ver ‘pruebas creíbles’ o ‘hechos tangibles’.

Este nuevo proceso judicial ocurre en un contexto de acercamiento entre Washington y Moscú. El presidente Donald Trump ha adoptado un enfoque conciliador hacia el mandatario ruso Vladímir Putin, mientras busca reactivar negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Hace pocas semanas, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú para reunirse con figuras de la inteligencia rusa, un gesto inusual que generó especulaciones. Trump no detalló el contenido del encuentro y lo describió como “semirrutinario”.

A esto se suma una investigación publicada por ProPublica que reveló que un oligarca ruso sancionado por Ucrania, vinculado a Putin y que lo acompañó en una reciente visita a China, pagó una celebración posterior a la boda de Donald Trump Jr. a comienzos de este año. La administración Trump no se ha pronunciado sobre si tomará medidas contra Rusia por estos nuevos cargos. En el pasado, casos como el intento de asesinato con un agente nervioso contra el exagente ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido derivaron en sanciones estadounidenses contra Moscú.

Fuente: Infobae

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