Las administraciones gubernamentales de España, Irlanda y Eslovenia han remitido una solicitud formal a la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas. El objetivo es instaurar un debate oficial acerca del Acuerdo de Asociación con Israel, exigiendo que se mantengan
«todas las acciones sobre la mesa»
, un planteamiento que contempla la posible suspensión del tratado frente a las políticas y maniobras ejecutadas por el gabinete de Benjamin Netanyahu.
Esta petición, remitida a través de una misiva, cuenta con la rúbrica de los cancilleres de las tres naciones mencionadas, destacando la firma del ministro español José Manuel Albares. El documento fue enviado con miras a la próxima sesión de ministros de Exteriores de los Veintisiete, programada para este martes en la ciudad de Luxemburgo.
Los diplomáticos argumentan que la evaluación realizada el pasado mes de junio sobre el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el artículo 2 del acuerdo —el cual demanda el respeto irrestricto a los Derechos Humanos por parte de Israel— determinó que no se estaban honrando dichos compromisos. Según los ministros, desde aquella revisión, «la situación no ha hecho sino deteriorarse».
Urgencia ante la escalada de violencia
En el texto, los representantes de España, Irlanda y Eslovenia enfatizan que,
«dado el nivel de violencia y la gravedad de la situación actual»
en territorios como Gaza, Cisjordania y el Líbano, resulta imperativo replantear la reacción de la Unión Europea. Esto incluye retomar las iniciativas planteadas en septiembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, quien sugirió una interrupción parcial del convenio comercial.
Estas tres naciones, que ya coordinaron el reconocimiento del Estado de Palestina durante el primer semestre de 2024, insisten en que se requiere una postura firme. Sostienen que «hacen falta una acción valiente e inmediata, y todas las acciones deben estar sobre la mesa». Los firmantes concluyen de forma tajante que
«la UE no puede seguir en los márgenes»
.
No obstante, la Comisión Europea recordó recientemente que cualquier medida orientada a la suspensión parcial del acuerdo requiere la unanimidad de los estados miembros. Hasta el momento, ese consenso no se ha alcanzado entre los Veintisiete, si bien las propuestas no han sido descartadas.
Si Kaja Kallas decide dar paso a este debate, la primera instancia de discusión será la reunión ministerial en Luxemburgo. Posteriormente, los líderes de la UE tienen previsto un encuentro informal en Chipre entre jueves y viernes, aunque en este último espacio no se podrían tomar decisiones de carácter vinculante.
Fundamentos para la revisión del acuerdo
Dentro de la exposición de motivos, los ministros manifiestan una «profunda preocupación» ante las leyes y estrategias militares de Israel. Denuncian que ciertas normativas del Parlamento israelí «contravienen los Derechos Humanos y violan el Derecho Internacional y el Derecho Internacional Humanitario», criticando la negativa de Netanyahu a rectificar.
«La UE no puede seguir estando callada o inactiva ante tales violaciones, por una cuestión de coherencia y por su propia credibilidad»
, sostienen los ministros, haciendo un llamado a la responsabilidad moral y política de la organización regional.
Entre los puntos críticos señalados por España, Irlanda y Eslovenia se encuentran:
- La ratificación de la pena de muerte para sospechosos de terrorismo palestinos, lo cual quebranta el artículo 2 del pacto.
- La crisis humanitaria en Gaza, donde se reportan violaciones al cese al fuego y restricciones severas al ingreso de ayuda básica.
- El recrudecimiento de la violencia en Cisjordania, impulsada por ataques de colonos radicales y operativos de las fuerzas militares israelíes.
Finalmente, la misiva aborda el conflicto en el Líbano. Aunque saludan el anuncio de una tregua de diez días, exigen a Israel detener de inmediato las operaciones que destruyen infraestructura civil y que han forzado el desplazamiento de 1,2 millones de libaneses. Asimismo, califican las intenciones de ocupar territorio en el sur del Líbano como una «violación flagrante del Derecho Internacional» que requiere una respuesta contundente por parte de la comunidad europea.
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