El colectivo Manos Limpias, en su calidad de acusación popular, ha solicitado formalmente una condena de 10 años y tres meses de prisión para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España. Los cargos imputados se centran en presuntos delitos de malversación de fondos y tráfico de influencias.
Esta petición judicial se presenta luego de que el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, considerara que existen indicios suficientes para procesar a Gómez, junto a su asesora en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés.
Dentro de su estrategia procesal, Manos Limpias dirige sus acusaciones únicamente hacia Gómez y Barrabés. Para la cónyuge del mandatario, se desglosa una pena de ocho años por malversación, además de dos años y tres meses adicionales por el segundo delito imputado. A esto se suma la solicitud de una multa equivalente al doble del beneficio económico que se habría percibido de forma irregular.
Abuso de posición y creación de la cátedra
La acusación sostiene que la investigada aprovechó su estatus privilegiado dentro de la Administración Pública para influir en decisiones académicas de alto nivel. Según el escrito:
«se prevalió de su posición en la Administración, como esposa del presidente del Gobierno, para que, por su condición, el rector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) diera las instrucciones oportunas para que se constituyera una cátedra universitaria para que ella pudiera dirigirla».
Se alega que Gómez obtuvo beneficios económicos directos por un valor de 15.000 euros por su rol en dicha cátedra. No obstante, el señalamiento más grave reside en el presunto desvío de una herramienta tecnológica desarrollada en la universidad para su uso en una empresa privada.
Respecto a este lucro cesante, el documento indica que:
«La acusada se lucró de su posición en la cátedra, no solo por el importe obtenido –15.000 euros– sino que también detrajo el ‘software’ desarrollado en su seno para su comercialización a través de una sociedad mercantil».
Cartas de recomendación y adjudicaciones públicas
Otro de los pilares del caso se basa en las supuestas gestiones realizadas para beneficiar a las empresas de Juan Carlos Barrabés. La organización sostiene que se ejecutó una táctica planificada para que el empresario consiguiera contratos con el Estado mediante el respaldo de la investigada.
Sobre esta conducta, el escrito de acusación resalta que la esposa del presidente:
«se sirvió como parte de un plan preconcebido de su posición en la cátedra para, inmediatamente después de su constitución, emitir cartas de recomendación a favor de las empresas de Barrabés para favorecerle en la obtención de contratos públicos».
En lo referente al perjuicio patrimonial contra la UCM, se estima que el software del que presuntamente se apropió tiene un valor de mercado que excede los 108.000 euros. Dicha herramienta fue registrada a nombre de una sociedad mercantil de su propiedad, afectando los bienes públicos universitarios.
Uso de personal de la Presidencia
La acusación también pone el foco en el uso de recursos humanos de la Administración para fines privados. Se señala que Gómez utilizó el tiempo laboral de Cristina Álvarez para gestionar asuntos operativos de la cátedra y sus negocios particulares.
El documento especifica que Álvarez es:
«personal eventual de la Presidencia del Gobierno, que les prestó asistencia y desempeñó para ella funciones auxiliares, que las realizó sirviéndose para ello de los medios de que disponía en su condición de personal eventual de la Administración».
En cuanto al empresario Juan Carlos Barrabés, la acusación popular solicita una pena de dos años y tres meses de cárcel por su participación en el presunto tráfico de influencias, junto a una multa económica de la misma naturaleza que la de Gómez.
Para finalizar, se recuerda que el juez Peinado ha propuesto que el juicio se realice ante un jurado popular. Las figuras delictivas bajo investigación incluyen malversación, tráfico de influencias, apropiación indebida y corrupción en los negocios.
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