Tras casi 19 años de existencia como fuerza política, la militancia que estructuró el movimiento Alianza PAIS (ya extinto) y que ahora se denomina Revolución Ciudadana (RC) se muestra dispersa, mientras que varios de sus líderes se enfrentan a investigaciones por casos de corrupción y las voces para apoyarlos son pocas.
En los últimos tres años, varias figuras visibles del correísmo o afines a esa tendencia se enfrentan a procesos penales por la sospecha de actos de corrupción, aunque para la dirigencia de la RC se trata de una persecución política para afectarlos, a propósito de que el 29 de noviembre se celebrarán las elecciones de alcaldes, prefectos, concejales y vocales de juntas parroquiales rurales para el periodo 2027-2031.
Un reciente caso que alcanzó a la RC es el de la dos veces candidata presidencial Luisa González Alcívar por la sospecha del delito de lavado de activos.
En la madrugada del 22 de octubre de 2026 se la aprehendió en Canuto (Manabí) y, horas después, la actual presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, encabezó una declaración de prensa en la que llamó a la militancia a movilizarse para defender a su coidearia.
Un grupo de simpatizantes se concentró en los exteriores de la Unidad de Flagrancia en Quito —a donde se esperaba que fuera trasladada—, pero se dispersó ante la poca convocatoria e incluso la ausencia de dirigentes y legisladores.
González estuvo en el Cuartel Modelo de Guayaquil, donde se dio la audiencia de formulación de cargos y se dictó prisión preventiva en su contra. Varios simpatizantes se congregaron para apoyarla, pero el acto no trascendió. Ahora ella está en la cárcel de Riobamba.
Desde la Asamblea Nacional, la bancada de la RC aprovecha las sesiones plenarias para exponer carteles y rechazar los cargos en contra de su excandidata.
Pero estas tímidas expresiones de apoyo de la RC no solo se vieron con González, sino también con autoridades de gobiernos locales afines que están detenidas por casos de corrupción en su actividad privada y su gestión pública, como el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, o el de Esmeraldas, Vicko Villacís.
Su dirigencia, asimismo, tampoco levantó a sus bases cuando el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) suspendió al movimiento por nueve meses ante una investigación por la presunción de lavado de activos que le inició la Fiscalía en marzo. Esta medida inhabilitó a la organización para participar en los comicios de noviembre.
Para el analista y docente universitario Cristian Carpio, el movimiento RC se ha convertido en una “oposición fragmentada que ha perdido liderazgo y también capacidad de movilización”.
Lo que se diferencia de periodos electorales anteriores o de las paralizaciones de 2019 y 2022, cuando era “una oposición que tenía cohesión, liderazgo y presencia territorial”.
Ejemplifica el caso del alcalde Aquiles Alvarez, quien, aunque no era una figura propia de la RC, apareció como un cuadro “emergente”; sin embargo, se conocieron las denuncias de temas de corrupción que “limitaron la capacidad ciudadana de movilización”.
A González se la muestra como perseguida política, pero sobre ella hay una particularidad, refiere Carpio: “Ha tenido muchos roces con los propios miembros y militantes de la Revolución Ciudadana y con gente que ha estado cercana al bloque”.
Esto provocó que González no lograra cohesionar a la militancia e incluso “Gabriela Rivadeneira se ha mostrado bastante tibia en respaldarla, parecería que González carece de legitimidad para poder movilizar a sus propios militantes”.
Otros factores que influyen son la “pérdida de representación política y liderazgo, fruto del desgaste de perder varios procesos electorales que han erosionado el capital político y, por tanto, han frenado la capacidad de movilización de los propios militantes”.
Para Alfredo Espinosa, analista electoral y docente, esta coyuntura debe observarse desde dos frentes: el social y el electoral.
Desde lo social, “el intento por generar muestras de solidaridad masiva que se expresen en las calles fue prácticamente un fracaso, ya que son las mismas organizaciones sociales menguadas, no de ahora, sino desde hace muchos años, las que piden la libertad de González. Y tampoco han emergido nuevos actores ni de un sector de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hay una ciudadanía que está desmovilizada porque González, en lugar de ser una figura que sume, más bien repele”.
No obstante, puede haber otros espacios de confluencia que se verían desde lo electoral. Es decir, la ciudadanía “podría trasladar la inconformidad que ya no solo sería por lo de Luisa González, sino por un cúmulo de hechos con los cuales la ciudadanía viene lidiando y se expresen en el voto”.
A su criterio, hay hechos de corrupción “que le han restado fuerza” al correísmo; sin embargo, no por ello “debería dárselo por muerto”.
El jurista André Santos observa que la RC se enfrenta a dos hechos: una facción que quiere distanciarse y que “están cayendo autoridades locales corruptas”.
“La RC es el partido que ha concentrado la mayor cantidad de funcionarios y alcaldes corruptos, lo que genera disuasión en sus miembros para apoyar a sus dirigentes, pues habrá quienes aspiran a tener una carrera política”, opinó.
Y si bien “hay quienes pueden decir que esto es persecución, hay personas detenidas a las que ni la RC está defendiendo porque las pruebas son concluyentes y las evidencias son irrefutables. Esa leyenda de que son perseguidos políticos se les va caducando”, agregó Santos. (I)
Fuente: El Universo