El Gobierno de Estados Unidos ha formalizado sanciones contra un entramado de ciudadanos y empresas radicadas en Colombia, señalados por organizar el envío de exmiembros de las fuerzas armadas como mercenarios para combatir en la guerra de Sudán. Este conflicto bélico ha escalado hasta convertirse en una de las crisis humanitarias más severas del planeta en la actualidad.
A través de un comunicado de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Departamento del Tesoro, se confirmó que esta es la primera ocasión en que Washington aplica medidas restrictivas contra una organización de origen latinoamericano vinculada directamente al fomento de la violencia armada en el noreste de África.
La lista de personas y entidades sancionadas incluye a los siguientes nombres clave:
- Álvaro Andrés Quijano Becerra (exoficial del Ejército de Colombia)
- Claudia Viviana Oliveros Forero (cónyuge de Quijano Becerra)
- José Libardo Quijano Torres (gerente de la firma Fénix Human Resources)
- José Óscar García Batte (excoronel y propietario de Global Qowa Al-Basheria)
- Omar Fernando García Batte (representante legal de Global Qowa Al-Basheria)
- International Services Agency (A4SI)
- Fénix Human Resources SAS
- Global Qowa Al-Basheria SAS (Mi Futuro Global)
- Talent Bridge SA (operativa en Panamá)
Mecanismo de captación y operatividad
Las investigaciones lideradas por la Ofac señalan a Álvaro Andrés Quijano Becerra, militar retirado colombiano, como el eje central del reclutamiento de antiguos combatientes. Junto a su esposa, Claudia Viviana Oliveros Forero, fundó en la ciudad de Bogotá la empresa International Services Agency (A4SI). Según las autoridades estadounidenses, esta compañía se presentaba públicamente como una agencia de servicios, pero funcionaba realmente como una pantalla para contratar personal especializado en tácticas militares.
De acuerdo con la información recabada,
la oferta inicial era trabajar en “seguridad en el exterior”, pero el destino final era el frente de combate en Sudán junto a las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR)
, el grupo de carácter paramilitar que mantiene una cruenta lucha contra el Ejército regular sudanés.
Tras una serie de sanciones previas emitidas por Estados Unidos en diciembre de 2025, los cabecillas de la red modificaron su estructura operativa. Fue entonces cuando establecieron Fénix Human Resources SAS, entidad que mantuvo las labores de reclutamiento mediante contratos complejos y opacos. Aunque José Libardo Quijano Torres aparece como el responsable legal de esta firma, el Tesoro sostiene que el control efectivo seguía bajo la dirección de la pareja Quijano-Oliveros.
Vínculos internacionales y blindaje financiero
La red utilizaba una estructura internacional para borrar el rastro de sus actividades y dificultar el monitoreo legal de los fondos. En este esquema, la empresa panameña Talent Bridge SA (previamente conocida como Global Staffing SA) jugaba un rol fundamental como intermediaria, encargándose de la firma de contratos y el pago a los mercenarios. Esta maniobra permitía desvincular legalmente a las agencias colombianas de la zona de conflicto final.
Otra de las piezas clave sancionadas es Global Qowa Al-Basheria SAS (GQAB), la cual también utilizaba el nombre comercial “Mi Futuro Global”. Bajo el mando del excoronel José Óscar García Batte, esta empresa se encargó de captar exmilitares para integrarlos a A4SI y posteriormente a Fénix. Se resalta que estas actividades de reclutamiento continuaron incluso cuando ya era de conocimiento público que el destino de los contratados eran zonas de guerra activa. Omar Fernando García Batte figura como el gerente y representante legal de GQAB.
La ruta logística de los mercenarios
El itinerario seguido por los reclutas colombianos fue expuesto detalladamente en un reporte entregado por las autoridades de Sudán ante el Consejo de Seguridad de la ONU. El trayecto se iniciaba con vuelos hacia los Emiratos Árabes Unidos, para luego trasladarse a Somalia y posteriormente a Bengasi, Libia. En esta última ubicación, contaban con el soporte logístico de oficiales vinculados a Khalifa Haftar, facilitando finalmente el ingreso terrestre a territorio sudanés cruzando la frontera con Chad.
Entre los meses de noviembre de 2024 y febrero de 2025, se registraron más de 240 vuelos organizados por autoridades de los Emiratos destinados al traslado de personal y suministros militares hacia los territorios dominados por las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).
Alcance y consecuencias de las sanciones de la Ofac
Las disposiciones de la Ofac implican el bloqueo total de cualquier activo, propiedad o interés patrimonial que las personas y empresas mencionadas posean en Estados Unidos o que estén bajo el control de ciudadanos de ese país. Asimismo, cualquier entidad que sea propiedad de los sancionados en un porcentaje igual o superior al 50% quedará sujeta a las mismas prohibiciones financieras.
El objetivo central de Washington es interrumpir el flujo de combatientes extranjeros que intensifican la guerra. La Ofac ha manifestado que este grupo
ha alimentado el conflicto, que ha dado lugar a una de las peores crisis humanitarias y hambrunas del mundo (…) creando condiciones para que grupos terroristas se expandan y amenazando la paz y seguridad regionales e internacionales
.
Denuncias por crímenes de guerra
El informe presentado ante las Naciones Unidas incluye testimonios y pruebas sobre la participación de estos mercenarios en actos violatorios del derecho internacional, como el uso de armamento prohibido y el reclutamiento forzado de menores de edad para el combate.
Se ha documentado, por ejemplo, una orden operativa de diciembre de 2024 que instruía al batallón Lobos del Desierto el uso de fósforo blanco en la urbe de El Fasher, en la región de Darfur. Cabe recordar que el uso de armas incendiarias en zonas con población civil está estrictamente prohibido. Diversas ONG han acusado a las FAR de perpetrar torturas, violencia sexual sistémica y ejecuciones extrajudiciales en las áreas bajo su control.
Panorama de la guerra en Sudán
El enfrentamiento civil en Sudán, que comenzó en abril de 2023, mantiene en vilo al país tras tres años de choques entre el Ejército nacional y las FAR. Los frentes de batalla se encuentran en un punto muerto estratégico, mientras la capital ha sido escenario de constantes cambios de control militar.
Datos de Acled sugieren que las víctimas fatales superan las 59.000 personas, cifra que muchos expertos consideran conservadora debido a la falta de reportes en zonas aisladas. Por su parte, la ONU estima que 34 millones de ciudadanos requieren ayuda humanitaria urgente y más de la mitad de la población enfrenta niveles críticos de inseguridad alimentaria.
Ante este escenario, el Gobierno de Estados Unidos ha vuelto a instar a las partes en conflicto a establecer una tregua humanitaria de al menos tres meses, sin condiciones previas, para permitir la entrada de suministros vitales y sentar las bases de un cese al fuego permanente.
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