El gobierno de Estados Unidos planteó a las autoridades cubanas un intercambio que contemplaba el envío de crudo y la inyección de capital foráneo en la industria energética. A cambio, se exigía la renuncia del mandatario Miguel Díaz-Canel y la apertura a la inversión privada de la empresa estatal Unión Cuba-Petróleo (Cupet), de acuerdo con una investigación periodística difundida esta semana.
La propuesta no llegó a concretarse. En La Habana existía escepticismo ante la posibilidad de que el suministro de hidrocarburos quedara amarrado a compañías con sede en Estados Unidos. A ello se sumaron las presiones políticas ejercidas desde el sur de Florida, que influyeron en el desenlace de las gestiones.
El plan estaba diseñado para que inversionistas estadounidenses tomaran el control del negocio petrolero cubano y Washington ganara influencia sobre un recurso considerado estratégico para la isla. La información fue proporcionada por una fuente que afirmó conocer los detalles del proceso y que pidió mantener su identidad en reserva.
Los emisarios del gobierno estadounidense habrían contactado a Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro. Entre las exigencias figuraba la privatización de Cupet, la firma estatal encargada de la exploración, producción, importación, refinación y distribución de hidrocarburos en todo el territorio cubano.
La crisis energética cubana intensificó la presión sobre el régimen
Las negociaciones ocurrieron en un contexto de severas restricciones para el sistema eléctrico de Cuba. La situación empeoró tras la salida del poder en Venezuela de Nicolás Maduro, luego de una intervención militar estadounidense en ese país sudamericano. Durante años, Venezuela fue el principal proveedor de combustibles para la isla, cuya generación de electricidad y transporte dependen casi totalmente de las importaciones de crudo.
A esto se sumaron las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió con imponer aranceles a las naciones que enviaran petróleo a Cuba. Esa advertencia redujo todavía más las alternativas de abastecimiento de la isla, según la misma fuente.
En febrero, la administración Trump autorizó la venta de crudo estadounidense a empresas privadas cubanas. Quienes participaron en los contactos interpretaron esa decisión como una señal del interés de Washington por abrir un canal comercial y político con actores no estatales en la isla.
La propuesta contemplaba la entrada de capital privado en los hidrocarburos
El plan incluía que compañías de Estados Unidos se involucraran en el negocio de los hidrocarburos, un sector que permanece bajo el control del régimen cubano. La intención era que el capital privado asumiera funciones que Cupet ha concentrado durante décadas.
El gobierno cubano rechazó depender completamente de una empresa estadounidense para un insumo tan sensible. También se evaluó la posibilidad de crear una empresa conjunta con inversionistas internacionales, pero esa alternativa tampoco prosperó.
El proyecto también enfrentaba obstáculos jurídicos. La firma ExxonMobil inició acciones legales relacionadas con activos cubanos que fueron confiscados tras la revolución liderada por Fidel Castro. La situación de Cupet y las posibles reclamaciones sobre bienes nacionalizados complicaban la viabilidad de cualquier reestructuración de la empresa.
El medio que reveló la información comparó el esquema planteado para Cuba con el acuerdo que Washington habría alcanzado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según esa versión, ese entendimiento permitió a Estados Unidos obtener control sobre una parte importante de las reservas venezolanas de crudo.
La falta de un acuerdo definitivo dejó sin efecto una propuesta que combinaba asistencia energética, inversiones privadas y exigencias de cambios en la conducción política y económica de la isla.
Fuente: Infobae