El proceso de selección del nuevo Fiscal General del Estado suma una nueva controversia tras el sorteo de expedientes para la fase de méritos. David Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección y representante de la Función Ejecutiva, resultó asignado para calificar las carpetas de los dos postulantes con mayor exposición política:
- El exministro de Gobierno, José Javier de la Gasca (expediente 128).
- El actual fiscal subrogante, Carlos Leonardo Alarcón (expediente 134).
Esta coincidencia despierta suspicacias en la veeduría ciudadana, que califica el hecho como una “casualidad” que beneficia a los aspirantes cercanos al poder.
El hombre de confianza de Zaida Rovira y denuncias de agresión
David Flores Brandt es identificado como un funcionario de extrema confianza de la actual ministra Zaida Rovira. Su trayectoria ha estado estrechamente ligada a la de Rovira, desempeñándose actualmente como su Viceministro de Desarrollo Económico.
Según los registros, Flores acompañó a la actual ministra en al menos tres instituciones diferentes, ocupando puestos de alta jerarquía bajo su mando.
- Cuando Rovira fue Gobernadora del Guayas, Flores se desempeñó como servidor público en dicha entidad.
- Posteriormente, cuando ella asumió el Ministerio de Gobierno, él ocupó el cargo de Asesor 2.
- Finalmente, en el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), donde Rovira ejerce como titular, Flores rotó por múltiples subsecretarías (Articulación Territorial, Protección Especial y Gestión Intergeneracional) y direcciones administrativas, hasta alcanzar su cargo actual como Viceministro de Desarrollo Económico de esa misma cartera.
Escándalo
Ahora bien, la relación entre Flores y Rovira también está marcada por escándalos de gestión. Durante su paso por la Subsecretaría de Protección Especial del MIES, bajo la administración de Rovira, Flores Brandt fue el centro de una denuncia en la Casa Hogar Enríquez Gallo.
Un reporte de la revista digital La Periodica señala que la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Quito dictó medidas de protección que prohibieron a Flores acercarse a dicha casa hogar, luego de que adolescentes denunciaran haber sido víctimas de amenazas, golpes y hostilidad por parte del funcionario.
Incluso se reportó un incidente en febrero de 2025 donde se habría lanzado gas lacrimógeno a los menores y un joven con discapacidad habría sido agredido físicamente por el funcionario.
Además, en la Función Judicial registra juicios por alimentos, terminación de relaciones laborales, haberes e indemnizaciones laborales y aplicación del Principio de Oportunidad.
A pesar de estos antecedentes y de registrar —también— denuncias en la Fiscalía por usurpación de funciones públicas e intimidación, Flores Brandt se mantiene como la pieza clave del Ejecutivo en la comisión que puntuará la formación y experiencia de tres de los 28 aspirantes a la Fiscalía.
Denuncias de amenazas contra la veeduría
Asimismo, el 21 de abril de 2026, el coordinador de la veeduría ciudadana, Guido Egas, denunció públicamente haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Flores Brandt, vicepresidente de la Comisión Ciudadana de Selección y representante de la Función Ejecutiva en el proceso.
Según el relato de Egas, tras concluir la sesión del sorteo de expedientes, Flores Brandt se le acercó de forma hostil para advertirle: “una cosa es aquí y otra es afuera”. Ante la gravedad de la advertencia, el veedor responsabilizó directamente al gobierno del presidente Daniel Noboa por su integridad física y la de los demás integrantes de la vigilancia ciudadana, calificando el concurso como un “gran fraude”.
Denuncia pública realizada por Guido Egas, coordinador de la veeduría ciudadana del concurso para fiscal general del Estado.
Concurso para Fiscal General: antecedentes
En esa misma línea, el 13 de abril de 2026, Egas también denunció que el postulante José de la Gasca, a quien llamó el “apadrinado del Gobierno”, fue admitido a la fase de méritos sin cumplir con los diez años de experiencia legal requeridos ni presentar el certificado obligatorio de no pertenecer a directivas de partidos políticos. Por su parte, De la Gasca reaccionó demandando que se aparte a Egas de la veeduría, acusándolo de actuar como un actor político.
El certamen avanza actualmente con 28 postulantes admitidos (19 hombres y nueve mujeres) hacia la fase de calificación de méritos, que representa 50 de los 100 puntos totales. Para esta etapa se utilizará una plataforma tecnológica exclusiva que registrará cada actividad de los comisionados en tiempo real.
Todo esto ocurre mientras la veeduría intenta reestructurarse tras la renuncia irrevocable de diez miembros anteriores, quienes dimitieron alegando una grave falta de garantías y de acceso a la información del proceso.
Radio Pichincha