El presidente Daniel Noboa vuelve a apostar por las urnas para redefinir el sistema de designación de autoridades de control en Ecuador. Esta vez, no plantea la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), como intentó en 2025, sino el traslado de sus funciones hacia la Asamblea Nacional.
La propuesta llega tras un primer revés en la Corte Constitucional, que dejó claro -en la sentencia- que eliminar el organismo mediante enmienda era inviable por implicar una alteración estructural del Estado.
Con ese precedente, el Ejecutivo reformuló su estrategia en septiembre de 2025.
Seis meses después, el máximo órgano de control constitucional emitió un dictamen favorable, con observaciones menores, lo que permitió que el 5 de abril de 2026 el Gobierno remita la pregunta de referendo al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Según el Código de la Democracia, el proceso aún requiere ajustes finales y un decreto ejecutivo para su convocatoria, pero el calendario político ya está en marcha:
De concretarse, Noboa pondrá a prueba su capital político por tercera ocasión en referendos en apenas tres años (donde cada llegó a costar alrededor de USD 60 millones).
¿Despolitización o traslado del poder?
La pregunta del referéndum es:
El argumento oficial apunta a “tecnificar” los procesos y evitar la concentración de poder. Sin embargo, el diseño propuesto mantiene la lógica actual del Cpccs:
- Postulación ciudadana
- Veedurías
- Conformación de ternas.
El cambio sustancial es que la decisión final recaerá en el Pleno de la Asamblea con mayoría absoluta (77 votos), un número que fácilmente alcanza el oficialismo (ADN). Es decir, el ganador ya no será el mejor puntuado, como es el proceso de decisión actual en el Cpccs.
En la práctica, esto significa que el bloque político dominante tendrá la capacidad de definir quién ocuparía cargos clave como:
- Fiscalía
- Contraloría
- Defensoría del Pueblo
- Procuraduría
- Superintendencias
- Consejeros del CNE
- El Tribunal Contencioso Electoral (TCE).
El esquema contempla tres vías de designación.
- La primera, mediante postulaciones ciudadanas evaluadas por comisiones técnicas que ordenarán a los candidatos y remitirán informes vinculantes.
- La segunda, a partir de ternas enviadas por el Presidente para entidades como las superintendencias y la Procuraduría.
- Y, la tercera, un mecanismo específico para el Consejo de la Judicatura, con participación de delegados de las funciones del Estado, un asambleísta y representantes académicos.
Aunque el Ejecutivo introduce plazos —60 días para que las comisiones presenten listas y 90 días para completar designaciones— y mecanismos de cierre automático en caso de bloqueo legislativo, persistirían vacíos relevantes. Pues, el documento remitido por Noboa no detalla el funcionamiento operativo ni el financiamiento de estas comisiones.
Además, el cambio elimina el criterio meritocrático directo —el mejor puntuado— y lo sustituye por una decisión política final, según la propuesta del Ejecutivo.
Para la analista Caroline Ávila Nieto, el problema no se resuelve con el simple traslado de competencias. Si bien reconoce que la Asamblea ofrece mayor exposición pública y potencial escrutinio mediático —a diferencia de un Cpccs con débiles contrapesos—, advierte un riesgo estructural:
Ávila plantea que, sin mecanismos adicionales —como comités consultivos independientes o instancias técnicas no partidistas que incidan públicamente—, la reforma podría sustituir un problema por otro. La clave, dice, está en construir contrapesos reales que no dependan exclusivamente de acuerdos políticos, en un contexto donde la cultura democrática y la capacidad de consensos siguen siendo frágiles.
Un sistema en crisis
El quiebre político de 2017, encabezado por Lenín Moreno alejándose de la Revolución Ciudadana, marcó un punto de inflexión. El referéndum de 2018 cesó a los consejeros y dio paso a un Cpccs transitorio con facultades extraordinarias, liderado por Julio César Trujillo (+). Desde entonces, lejos de estabilizarse, el organismo se convirtió en un espacio de disputa entre fuerzas políticas, sin mayorías claras y con constantes conflictos internos:
- Procesos de designación inconclusos
- Autoridades prorrogadas
- Entidades clave —Fiscalía, Contraloría, CNE o Defensoría del Pueblo— operando bajo cuestionamientos.
Así, la propuesta de Noboa intenta responder a ese desgaste, pero abre otra pregunta de fondo, según expertos:
¿Si el problema es la politización del sistema, trasladar la decisión al órgano más político del Estado podría profundizar la misma lógica que se busca corregir?.
Transición larga y efectos inmediatos
El plan del Ejecutivo no solo redefine el modelo, también implica una transición prolongada. Según la propuesta, todos los procesos de designación en curso en el Cpccs quedarían anulados, lo que retrasaría la renovación de autoridades por cerca de 27 meses. A esto se suman los plazos legislativos: seis meses para enviar leyes complementarias y hasta un año —prorrogable— para su trámite.
En total, el rediseño institucional tardaría más de dos años en consolidarse.
Radio Pichincha