En un operativo que demandó meses de investigación, la Policía de la Ciudad logró desarticular una red delictiva dedicada a estafas virtuales y maniobras financieras ilegales, cuyos cabecillas eran conocidos como los “nenes bien” del AMBA, acompañados por algunos familiares. El entramado combinaba inversiones en criptomonedas, sociedades ficticias y una app fraudulenta para engañar a sus víctimas.
El caso comenzó a gestarse en Puerto Madryn durante 2023, cuando una mujer denunció haber perdido más de 100 millones de pesos tras confiar en un plan de inversión que prometía rendimientos jugosos. Durante el primer mes, la víctima recibió ganancias, pero luego el dinero nunca regresó. Según el Ministerio Público de Chubut, la banda habría estafado a 200 personas en todo el país mediante un clásico esquema Ponzi.
Los acusados ofrecían la posibilidad de invertir en sociedades fantasma mediante la compra de acciones, así como en empresas que cotizan en Bolsa. Sin embargo, estas compañías eran “empresas mula”, creadas legalmente pero con el único propósito de generar ganancias ilegítimas a través del fraude.
Uno de los elementos más llamativos del engaño era la existencia de una aplicación ficticia donde los damnificados podían observar falsos movimientos financieros de las supuestas empresas en las que habían invertido. Esta aplicación daba una apariencia de legalidad y transparencia al negocio.
Los detectives porteños lograron identificar operaciones vinculadas al uso de tecnología blockchain, la trazabilidad de activos digitales y movimientos financieros de presunto origen ilícito. La investigación reveló una compleja red de transacciones y empresas pantalla.
Uno de los imputados, identificado como M.A., de 27 años, figuraba como titular de una sociedad que promovía inversiones mediante tokens en supuestos desarrollos inmobiliarios, complejos de pádel y fútbol, paneles solares y yerba mate. Todos estos proyectos, según la investigación, eran inexistentes o estaban inconclusos.
Otra de las sociedades, constituida por L.J.A. (27 años) y A.S. (34 años), estaba destinada a la venta de insumos electrónicos y llevaba un nombre sospechosamente similar a Rainbowex (Rainbow Exchange), una criptomoneda ya identificada como estafa piramidal y esquema Ponzi que afectó a miles de personas en San Pedro.
Por su parte, V.L., de 26 años, junto a su padre M.L., administraban una empresa desarrolladora inmobiliaria que supuestamente operaba sobre la Avenida Libertador, en Vicente López. El sitio web de la compañía mostraba múltiples proyectos en curso, pero ninguno se había concretado. Incluso ofrecían propiedades en Miami y alquileres temporarios que jamás se materializaron.
Padre e hija fueron parte de los 21 domicilios allanados en el marco de la causa. Ocho presuntos responsables fueron imputados, y uno de ellos quedó detenido por un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de La Rioja.
Durante los allanamientos, las autoridades secuestraron USD 250.000, moneda nacional, criptoactivos, dispositivos informáticos y documentación de interés para la causa, elementos que serán analizados en detalle.
“Cuando el ofrecimiento de ganancia supera los niveles de ganancia financiera actuales, hay que desconfiar”, advirtió en conferencia de prensa el fiscal especializado en Cibercrimen de Puerto Madryn, Fernando Rivarola, quien estuvo acompañado por el procurador general de la provincia, Jorge Miquelarena.
Rivarola también se refirió a la primera víctima: “Es una mujer de clase media trabajadora que nos dijo: ‘No solo me sacaron mis ahorros de toda la vida, sino también la herencia de mis padres y el futuro de mis hijos’”.
Estructura de la organización
Según la causa, la organización operaba bajo la fachada de una academia de negocios dedicada a la supuesta intermediación financiera, con el objetivo de captar un número masivo de inversores. La estructura del grupo estaba diseñada para garantizar el anonimato y la legitimación de activos.
- Nivel de Captación Digital: Utilizaban plataformas de mensajería, como grupos cerrados de WhatsApp, supervisados por perfiles falsos para atraer víctimas e instruirlas en la realización de transferencias.
- Primer Escalón Financiero (Recaudación): Los fondos de las víctimas ingresaban a una red de sociedades comerciales e individuos que actuaban como receptores iniciales. Estas estructuras societarias eran constituidas formalmente para brindar una apariencia de legalidad.
- Segundo Escalón (Dispersión de fondos ilegales): Una vez recibido el dinero, se activaba un proceso de fragmentación inmediata, conocido como “enjambres de cuentas”, donde los fondos circulaban entre múltiples cuentas en cuestión de minutos para dificultar su rastreo.
- Mecanismo de Conversión (“Rulo”): La organización utilizaba un esquema de triangulación financiera: pagaban facturas o servicios de terceros mediante transferencias electrónicas a cambio de recibir dólares estadounidenses en efectivo. Este método permitía convertir el dinero ilícito en divisas líquidas.
- Infraestructura Tecnológica: Operaban mediante correos electrónicos creados específicamente para gestionar las cuentas financieras, empleando servicios de anonimización digital, VPN o conexiones desde lugares públicos para ocultar su ubicación real.
La investigación comprobó, además, maniobras de lavado de dinero. Los pesquisas descubrieron la “Ruta del Dinero Digital”, a través de la cual la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales. También detectaron maniobras como la compra de autos y la importación de electrodomésticos para luego venderlos online.
El entramado criminal tenía roles bien definidos: uno de los imputados se encargaba de crear empresas fantasmas, otros dos creaban inmobiliarias para mover el dinero mediante alquileres de propiedades, mientras que otros figuraban como dueños de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban como cuevas financieras. Todo este sistema permitía “limpiar” el botín obtenido.
Los operativos contaron con la participación de brigadas de la Dirección Lucha contra el Cibercrimen, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales y la División Innovación en Investigaciones Especiales.
En total, se realizaron 12 allanamientos en la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. Otros 9 operativos se ejecutaron en la Provincia de Buenos Aires, en las localidades de Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.
Fuente: Infobae