El pueblo venezolano que defiende la democracia tiene el derecho de repensar y reconstruir sus instituciones tras un periodo en el que estas fueron desmanteladas y convertidas en estructuras completamente ajenas a las necesidades ciudadanas. No obstante, para muchas de ellas, la sombra de la corrupción se ha instalado como un problema prioritario que debe resolverse, ya que esta práctica deleznable ha carcomido el sistema y la economía nacional, afectando incluso los espacios cercanos al poder y las dinámicas de la oposición.
Es inevitable reconocer que la corrupción actúa como una autoridad paralela que condiciona de manera negativa la vida política de Venezuela. Los actuales guardianes de la crisis, que ejercen prácticas dictatoriales, han impulsado y mantienen una influencia determinante para que la corrupción sea parte esencial de la ostentación del poder y marque la forma en que se aplican las políticas públicas. Esta dura realidad dificulta cualquier intento de transición flexible, abierta y democrática, perpetuando un esquema cerrado donde el tráfico de influencias, los favores, las prebendas y la apropiación de ventajas financieras se convierten en la función principal del poder, mientras que los problemas de la democracia quedan relegados a un segundo plano, quizás para nunca resolverse.
Todo arranca con una dimensión colectiva de deterioro que abarca no solo la experiencia cronológica del inicio del chavismo y la prolongación indefinida del madurismo en un marco de irracionalidad política que anuló cualquier posibilidad de alternancia, sino también las creencias político-culturales compartidas durante todo ese tiempo y una extraña concepción de una agenda política atrofiada por la falta de derechos.
Venezuela construyó un marco político que limitó las capacidades de diálogo y la posibilidad de construir una visión común de país, la cual aún no existe. A partir de ahí, las dinámicas de convivencia política que, en general, son posibles incluso en contextos de fuertes contradicciones, en Venezuela se volvieron inviables debido a las múltiples lógicas de cooptación e intimidación.
Recuperar el Estado de Derecho es fundamental para restaurar la justicia en un país donde el orden constitucional ha sido completamente subvertido. Para ello, reconocer la legitimidad de la juramentación de los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte de la Asamblea Nacional legítima implica comprender la complejidad política de este proceso de recuperación legal y normalización del país, sin perder de vista la tarea de recuperar la decencia pública en el marco del más estricto apego a la Constitución.
Se deben buscar las formas más adecuadas para integrar esta complejidad en su amplio abanico de ideas, de modo que constituyan un factor unificador o un enfoque equilibrado en la determinación de los instrumentos institucionales. Está absolutamente demostrado en todos los ámbitos que el Estado de Derecho y la Justicia son, además, el motor económico y la orientación política fundamental ante los desafíos que enfrenta Venezuela. En última instancia, estas cuestiones deberán resolverse para que el país pueda salir adelante.
Como se ha señalado, la certeza jurídica es progenitora de la certeza política y la certeza económica. Para ilustrar el aspecto más significativo del caso venezolano, supongamos que Venezuela tiene hoy una Constitución que sirve de marco rector para abordar los problemas actuales y que esa Constitución tiene plena vigencia. En tal caso, el país aplicaría la Constitución según las necesidades reales, habría justicia para las violaciones de Derechos Humanos, no existirían detenciones arbitrarias ni asignación arbitraria de negocios y proyectos, y tendría un Presidente surgido de los resultados electorales. Es evidente que nada de esto se ha aplicado porque el régimen tiene como principal mecanismo de preservación la violación de la Constitución.
Es crucial que la oposición a este régimen no caiga en la trampa de buscar atajos que impliquen también la violación de la Constitución, porque eso haría imposible acercarse a una solución y le permitiría al régimen enredar las cosas lo suficiente para dividir la verdad, compartir responsabilidades en la desinstitucionalización del país y pretender que, al final, todos son iguales.
Cualquier proceso de diálogo para la normalización democrática del país debe tener como objetivo la plena vigencia de la Constitución. Por lo tanto, no puede comenzar, ni continuar, ni terminar con acciones o acuerdos que la violen. La lucha por la Justicia será el punto crítico de esta semi-transición en proceso, y ya se han visto los primeros movimientos al respecto, tanto del régimen como de otros actores. Es indispensable reconstruir la institucionalidad con el más pleno respeto de la Constitución y sin desprolijidades, lo cual resulta difícil dada la natural tendencia a que esto ocurra en las dinámicas de conjunción entre el régimen y ciertos actores “opositores”.
El “bueno” de Jorge Rodríguez ofreció que los magistrados del próximo Tribunal Supremo de Justicia se voten en su propia Asamblea Nacional, es decir, simplemente profundizar cada vez más la ilegitimidad del proceso. No hay nadie como él para empeorar las instituciones y violar la Constitución de manera reiterada. Esto asegura la continuidad de la crisis de la que ha vivido los últimos 12 años y mantiene sus manos agarrando el poder judicial.
En los procesos electorales de 2024, Venezuela categorizó y clasificó sus proyectos políticos, identificando liderazgos y posiciones fundamentales. Sin embargo, a pesar de haber afirmado la centralidad de ciertos posicionamientos y descartado otros, vemos cómo estas creencias y liderazgos descartados regresan (como siempre lo han hecho) en diferentes formas y tamaños. Como resultado, la concepción de “poder” abarca tanto la experiencia práctica del chavismo/madurismo como las pequeñas parcelas compartidas por algunos opositores y semi-opositores.
Con respecto al futuro, la falta de popularidad de estas propuestas creó una perspectiva en la que no existe un concepto común y unificador para el país. Después de todo, la percepción popular (con sus elementos inherentes de interpretación y selectividad) no es intrínsecamente peligrosa, porque la intuición política del pueblo está muy basada en sus necesidades y, por lo tanto, en la realidad.
En efecto, la observación de la gente llevó a conclusiones políticas claras respecto a la sórdida ilegitimidad del régimen y sus representantes, la ilegitimidad de la Asamblea Nacional y del TSJ de la dictadura, todos surgidos de fraudes electorales y procesos viciados de nulidad. El pueblo venezolano nunca tuvo ninguna duda al respecto, algo muy distinto a lo que ocurre con algunos dirigentes políticos “opositores” que se sienten hermanados con el régimen en su falta de representatividad.
La normalización constitucional no puede significar sumar más violaciones a la Constitución, ni puede ser tramitada por actores carentes de representatividad popular. La falta de representatividad los hace carentes de legitimidad.
Todas las cosas que se hacen de espaldas al pueblo quedan siempre bastante malparidas.
Fuente: Infobae