La Comisión de Justicia y Estructura del Estado avanzó en el análisis del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), orientado a fortalecer el combate contra los delitos que afectan a la flora y fauna silvestres. La propuesta fue presentada por la legisladora Josebeth Jaramillo.
Durante su intervención, la proponente destacó que Ecuador forma parte de los 17 países megadiversos del mundo, condición que convierte a su biodiversidad en un objetivo permanente de las redes dedicadas al tráfico ilegal de vida silvestre. En ese contexto, advirtió que esta actividad ilícita pone en riesgo numerosas especies y representa una amenaza para el patrimonio natural del país.
Señaló que entre 2022 y 2026 se registraron 13.723 especímenes de fauna silvestre rescatados o retenidos. Agregó que las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos concentran el mayor número de casos, seguidas por El Oro, Pichincha y Pastaza.
Asimismo, enfatizó que el tráfico de vida silvestre constituye una fuente de financiamiento para estructuras criminales, fomenta la corrupción de las instituciones encargadas del control ambiental, degrada los territorios y amenaza de manera directa la biodiversidad. Por ello, sostuvo que cada eslabón de esta cadena delictiva debe ser investigado, sancionado y desarticulado, con el propósito de atacar no solo el delito, sino también la estructura económica que lo sostiene.
En ese marco, la iniciativa plantea endurecer las penas previstas en el artículo 247 del COIP. La sanción vigente, de tres a cinco años de privación de libertad, se incrementaría de cinco a siete años cuando concurran circunstancias agravantes y de siete a diez años cuando el delito sea cometido en el contexto de la delincuencia organizada.
La mesa legislativa también recibió al director regional de Crime Stoppers para el Caribe, Bermudas y América Latina, Alejo Campos, quien expuso sobre la relación entre los grupos criminales y las economías ilícitas.
Campos sostuvo que el combate a estas organizaciones debe enfocarse también en el ámbito financiero, mediante el control de cuentas bancarias, transferencias, inversiones, mercados de valores y, especialmente, de los ecosistemas digitales.
Añadió que Ecuador no puede permanecer al margen de la regulación de los activos y las economías digitales, pues ello facilitaría que el crimen organizado se apropie de esos espacios ante la ausencia de un marco jurídico adecuado. Además, afirmó que el país perdería importantes oportunidades para impulsar el desarrollo económico.
Añadió que el tráfico de vida silvestre y las economías criminales asociadas constituyen un fenómeno transnacional, por lo que Ecuador debe comprender su dimensión global para fortalecer la eficacia de sus acciones de prevención, investigación y sanción.
AM