Las autoridades colombianas detectaron una organización corrupta en la industria del reciclaje que, bajo el nombre del ‘cartel del reciclaje’, creó empresas fantasma mediante asociaciones de recicladores y empleó a personas en situación de calle como supuestos empresarios para sustraer fondos del Estado.
De acuerdo con el medio Semana, el esquema fraudulento implicaba la creación de compañías de fachada y facturas falsas que, sustentadas en documentación legal también apócrifa, facilitaban la apropiación de recursos para servicios básicos y ayudas gubernamentales.
Estas organizaciones ficticias, con representantes legales de comunidades desfavorecidas, entregaban documentación y facturas adulteradas a la Superintendencia de Servicios Públicos (SSP), consiguiendo así desviar más de $6.800 millones de fondos públicos en únicamente tres urbes. El plan envolvía la recolección y manejo de materiales reciclables que nunca se realizaron.
La normativa colombiana permite a las agrupaciones de recicladores crear compañías para administrar desechos y cobrar por el servicio.
El engaño, descubierto por la SSP, se basaba en crear Estaciones Clasificadoras de Aprovechamiento (ECA) inexistentes, acompañadas de cobros anómalos respaldados por facturación fraudulenta. Los representantes legales de estas firmas, de acuerdo con la pesquisa, aparecían únicamente en los papeles y carecían de influencia real en los negocios.
Alcance del fraude y ciudades afectadas
Las actividades del ‘cartel del reciclaje’ comenzaron en Duitama, Sogamoso y Tunja, en Boyacá, donde la Fiscalía identificó cobros ilegales por aproximadamente 7.000 millones de pesos.
Las indagaciones mencionadas por el mismo medio alertan que el sistema corrupto pudo haberse extendido a otras regiones, como Bogotá, explotando fallas en los controles internos de la SSP.
El expediente judicial registra que las rutas de recolección reportadas eran falsas, pues los camiones se quedaban en sus localidades y no efectuaban traslados genuinos. Residentes perjudicados corroboraron que no había un servicio perceptible ni vehículos en operación en las áreas señaladas.
Asimismo, numerosos depósitos presuntamente inscritos resultaron ser ficticios, sin cumplir las medidas legales requeridas, y los inmuebles se mantenían cerrados y sin actividad observable.
Habitantes de la calle y la manipulación de la identidad
Uno de los puntos centrales del caso es la utilización de la identidad de mujeres en extrema vulnerabilidad para otorgar una fachada de legalidad al fraude.
Ecovisionarios y Reciplanet fueron dos compañías pantalla investigadas por la Fiscalía colombiana; entre sus presuntas socias se encontraban una mujer en situación de calle y una jefa de hogar inscrita en el Sisbén en pobreza extrema, según reportó Semana.
Según los expedientes de la Fiscalía, ambas aparecían como responsables de abonar más de 40 millones de pesos mensuales por reciclaje, cifra totalmente ajena a su situación económica real.
La mujer identificada como jefa de hogar fue detenida, mientras que la habitante de la calle, de acuerdo con declaraciones obtenidas, ignoraba que su nombre hubiera sido empleado en los procedimientos.
Un vecino de Río Chiquito, en Sogamoso, informó a los agentes de la unidad de policía judicial CTI que la presunta socia seguía en situación de calle y era adicta a estupefacientes. Los datos sobre vivienda, giro comercial y domicilio fueron alterados, lo que permitió que el plan continuara hasta la acción de las autoridades.
Avance judicial y ramificaciones del escándalo
La Fiscalía colombiana informó la detención de cinco individuos, entre ellos quienes fungían como representantes legales de compañías pantalla y quienes firmaron las facturas falsas de agrupaciones de recicladores.
El caso sigue en curso y se indagan posibles responsabilidades en la Dirección Técnica de Gestión de Aseo de la Superintendencia de Servicios Públicos, así como entre los servidores de las empresas estatales que aprobaron los desembolsos.
El expediente incluye acusaciones por asociación ilícita, falsificación de documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito; además de alteración de evidencias materiales.
Fuente: Infobae