El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), liderado por el presidente Daniel Noboa, se posiciona con una ventaja significativa en la papeleta electoral tras una serie de resoluciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dejaron fuera de la contienda a sus principales críticos.
Un escenario de “aniquilación” política
La configuración electoral actual muestra la ausencia de las organizaciones con mayor peso político frente al Gobierno. A la previa suspensión por nueve meses de la Revolución Ciudadana (principal fuerza opositora) dictada por el Tribunal Contencioso Electoral, se sumó la reciente eliminación de los movimientos Construye y Unidad Popular (UP) por parte del CNE.
La decisión contra Unidad Popular fue especialmente ajustada, aprobándose únicamente gracias al voto dirimente de la presidenta del organismo, Diana Atamaint, tras un empate en el Pleno. En el caso de Construye, la cancelación contó con los votos de Atamaint y los consejeros José Cabrera y José Merino.
Merino, quien tildó a las organizaciones eliminadas de “cascarones”, fue el voto clave para estas resoluciones.
Ahora, el punto central de la disputa legal radica en los plazos:
- La defensa: los dirigentes de UP y analistas sostienen que el Código de la Democracia prohíbe la cancelación de partidos 120 días antes de la convocatoria electoral. Dado que la convocatoria es el 1 de agosto, el plazo legal habría vencido el 3 de abril.
- La respuesta oficial: el CNE argumenta que, debido al adelanto de las elecciones, el plazo para depurar el registro de organizaciones legalmente inscritas vence el 3 de mayo.
Reacciones tras la decisión del CNE
Las reacciones políticas no se hicieron esperar, calificando lo actuado como un “atentado a la democracia”. La asambleísta Viviana Veloz afirmó que el país vive una “dictadura institucional”, mientras que el abogado Mauro Andino describió al CNE como el “cuarto de guerra de Carondelet”. Incluso figuras que han apoyado al Gobierno, como María Paz Jervis, se sumaron a las críticas por el proceder del organismo electoral.
Por su parte, Geovanni Atarihuana, director de UP, calificó la medida de “fraude contra la democracia” y aseguró que el objetivo es que el Gobierno “se quede solo en la papeleta”. Tanto UP como Construye han anunciado que agotarán las instancias nacionales en:
- El Tribunal Contencioso Electoral
- La Corte Constitucional
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
- Radio Pichincha