Este jueves, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lanzó un requerimiento formal al gobierno de Nicaragua para que proporcione información precisa sobre el paradero del obispo emérito Juan Abelardo Mata, de 80 años. El prelado, reconocido por sus críticas al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, permanece sin que ninguna fuente independiente haya podido confirmar su situación desde su detención hace más de dos semanas.
De acuerdo con los datos difundidos, Mata fue interceptado por primera vez el 29 de junio de 2026, un día después de oficiar una misa en la iglesia Cruz del Calvario de Estelí, durante la cual pidió a los fieles orar por la Iglesia católica perseguida. Tras ser liberado y enviado bajo vigilancia a su domicilio en Tisma, departamento de Masaya, la policía lo detuvo nuevamente el 30 de junio y lo trasladó a un sitio no revelado. El 4 de julio, el Ministerio del Interior afirmó que el obispo había quedado en situación de “indagación” y había sido devuelto a su hogar, versión que ningún observador externo ha podido verificar.
“Hasta la fecha no existe información independiente que permita verificar su paradero o estado de salud”, alertó la CIDH, calificando la situación como especialmente preocupante debido a la edad avanzada del religioso y sus condiciones médicas preexistentes.
La abogada e investigadora Martha Patricia Molina, exiliada en Estados Unidos, declaró a la AFP que fuentes eclesiásticas le confirmaron que Mata “no está en su casa, ni sabemos dónde está”. Por su parte, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. exigió el mismo 4 de julio la liberación “inmediata e incondicional” del obispo, señalando que “su salud es frágil” y que “no representa ninguna amenaza para el régimen”.
El caso incluye un elemento adicional de gravedad que la CIDH destacó expresamente: el representante de Mata ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Jeffer Chavarría, ha sufrido “grave asedio, hostigamiento, vigilancia y otras represalias” por parte de las autoridades nicaragüenses. El mismo día en que el gobierno anunció la supuesta liberación del prelado, agentes policiales allanaron los domicilios de varios familiares de Chavarría. Asimismo, una colaboradora cercana al obispo, Celia Huete, debió abandonar el país ante el temor de represalias.
El organismo interamericano subrayó que el ocultamiento del paradero de personas detenidas arbitrariamente constituye “uno de los patrones más graves de la represión” empleados por el régimen para silenciar voces críticas. Recordó que desde 2018 ha documentado un patrón sistemático de afectaciones contra obispos, sacerdotes y laicos en Nicaragua.
Juan Abelardo Mata dirigió la Diócesis de Estelí entre 1990 y 2021, cuando el Papa Francisco aceptó su renuncia al cumplir los 75 años reglamentarios. Desde entonces ejerce como obispo emérito, sin abandonar su denuncia contra la persecución religiosa. En 2021, la propia CIDH le otorgó medidas cautelares por los hostigamientos que ya padecía. La investigadora Martha Patricia Molina ha cuantificado más de 870 ataques contra la Iglesia católica nicaragüense desde 2018, incluyendo detenciones, expulsiones y prohibiciones de actividades religiosas. Actualmente, cuatro de las nueve diócesis del país tienen a sus obispos en el exilio, y más de 250 sacerdotes han sido desterrados o forzados a huir.
La desaparición verificable de Mata, que cuenta con medidas cautelares vigentes y representación activa ante el sistema interamericano, se inscribe en una estrategia que, según organizaciones de derechos humanos, busca desmantelar la única institución con capacidad autónoma de articular disidencia en Nicaragua.
Fuente: Infobae