El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, y otros seis procesados dentro del caso Blindado que pidieron revisar su medida cautelar se mantendrán en la cárcel cumpliendo la orden de prisión preventiva dispuesta cuando se les formuló cargos. La jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, decidió rechazar los pedidos de los investigados por el delito de lavado de activos.
La decisión oral fue escuchada la mañana de este jueves, 24 de septiembre, un día después de la jornada de audiencia en la que Camacho escuchó los fundamentos de los pedidos hechos por el alcalde Villacís y los coprocesados Jorge Pïnos, Luis Reina, Karol Lemos, Jonathan Monte, Juan Alberto Lastre y Diego Montaño.
En la diligencia también se escuchó los argumentos del fiscal general encargado Carlos Alarcón, quien pidió se revise la presentación periódica impuesta a Vinicio Aguirre, procesado en Blindado que incumplió la medida ordenada y por lo que se solicitaba se le imponga una orden de prisión preventiva. Además, el coprocesado y juez Agustin Jaramillo pidió que se le revise la medida de presentación periódica, para no cumplirla en la CNJ, en Quito, sino en el lugar de su residencia, en Esmeraldas.
Sobre estos dos últimos pedidos, la jueza Camacho tuvo una respuesta favorable. Ante el incumplimiento de Aguirre la magistrada ordenó la medida de prisión preventiva y dispuso que se emita una boleta para ubicarlo y detenerlo, incluso a nivel internacional a través de la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés). La magistrada indicó que se han cumplido los requisitos para que se proceda a sustituir la presentación periódica por la orden de prisión preventiva.
Mientras tanto, en relación al juez Jaramillo, Camacho accedió a que cumpla su presentación periódica dos veces por semana en la Corte de Justicia de Esmeraldas y no en la CNJ una vez al mes.
El aún alcalde Villacís hizo parte de la diligencia del miércoles último, 23 de septiembre, de forma presencial, pues pidió ejercer su propia defensa. El pedido que hizo fue que la orden de prisión que cumple ya por 112 días sea sustituida por su presentación diaria ante una autoridad en Esmeraldas, el uso del grillete electrónico y la prohibición de salida del país.
Para negar la solicitud de revisión, la jueza Camacho rechazó los argumentos recurrentes expuestos por los siete solicitantes sobre la aplicación del principio de igualdad, la existencia de elementos que determinen la materialidad del delito de lavado de activos, la juridicidad y el acierto de las órdenes de prisión preventiva y el que varios de los procesados tienen hijos menores de edad.
En su exposición, el alcalde Villacís intentó mediante un informe pericial justificar la legalidad de los movimientos de sus empresas y criticó la falta de pericias financieras dentro de la etapa de instrucción fiscal y el que no se hayan procesado a empresas con las que supuestamente se canalizaron pagos a su favor. Defendió el uso de vehículos blindados para el traslado de dinero en efectivo como parte de un servicio de auxilio financiero.
Camacho en su lectura de resolución añadió que los fundamentos expuestos por los recurrentes no cumplen con los presupuestos que define la norma para que proceda la revisión solicitada. En este caso se debe cumplir lo definido en el artículo 521 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
En el caso del alcalde Villacís, así como en relación a otros procesados solicitantes, la jueza de la CNJ indicó que se expuso temas que no tenían nada que ver con lo solicitado, sino con otra etapa del proceso penal, y, también, no demuestran ni hechos nuevos o ni evidencias nuevas que permitirían dar de baja la medida cautelar impugnada. Ante ello, ratificó en todas sus partes la orden de prisión preventiva impuesta por la entonces jueza anticorrupción Silvana Velásco, el 4 de junio pasado.
El alcalde de Esmeraldas, quien para esta reinstalación se conectó vía zoom desde la Cárcel de Cotopaxi, en Latacunga, integra una lista de 15 personas naturales y tres personas jurídicas (empresas) a quienes la Fiscalía los acusa de ser parte de una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales.
A inicios de junio pasado se formularon cargos en contra de varias personas naturales, entre ellas Villacís, por considerarlas autoras directas del delito de lavado de activos tipificado en el artículo 317 del COIP. La causa inició en manos de fiscales y jueces sin fuero de Corte Nacional. Se ubicó a Vicko Villacís como alcalde del cantón Esmeraldas para el periodo 2023-2027 y quien tenía el deber de preservar los dineros del Estado.
En cambio, el 1 de septiembre pasado se vinculó a la causa a los jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas: Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre; a Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; como persona natural a Iván Sol González; mientras que como personas jurídicas a Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
Debido a las vinculaciones, la etapa de instrucción fiscal en el caso Blindado pasó de 90 a 120 días, es decir, el próximo 1 de octubre se debería cerrar esta fase de obtención de pruebas de cargo y de descargo. En ese punto, la Fiscalía deberá solicitar día y hora para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio respectiva.
Fuente: El Universo
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