“¡Esto es una pillada, macho… nos quedan unos meses muy malos por delante!”. Esta frase, extraída de una conversación telefónica interceptada en febrero de 2019 por la Policía Nacional, ha sido reproducida en la Audiencia de Valladolid durante el juicio por el denominado ‘caso ataúdes’. La investigación destapó el presunto cambiazo de féretros realizado por el grupo funerario El Salvador, que sienta en el banquillo a un total de veintitrés encausados.
La grabación fue solicitada por el fiscal y en ella se escucha a Santiago R.I, todavía trabajador del grupo y testigo en la jornada de este martes, conversando con José Antonio Morchón Alonso, uno de los acusados y hermano de Ignacio, el fallecido dueño de la mercantil. La llamada data de la noche del 2 de febrero de 2019, dos días después de que la Policía allanara las instalaciones de El Salvador en el marco de la ‘Operación Ignis’, que cerró las pesquisas sobre la presunta actividad ilícita del grupo.
Según la acusación, entre 1995 y 2015, la empresa habría cambiado cerca de 6.000 féretros para reutilizarlos en nuevos sepelios, generando beneficios de aproximadamente cuatro millones de euros, incluyendo el reciclaje de motivos florales. En la conversación, José Antonio Morchón califica la intervención policial como una “pillada” y vaticina “meses muy malos”. Además, expresa su sospecha de que la operación no se originó por la denuncia del ex trabajador Justo M., sino que “viene de interior”. Su interlocutor, Santiago R.I, afirma haber contactado con dos hijas del dueño, Rosi y Laura, y subraya la necesidad de contratar un bufete potente de abogados en Madrid: “¡no quedan más cojones!”.
En su testimonio, Santiago R.I, quien lleva 44 años en la empresa desempeñando labores administrativas y de atención al público, declaró sentirse “desconcertado” por los hechos, asegurando que nunca presenció ni sospechó nada ilegal. A pesar de haber sido representante de los trabajadores, negó que hubiera problemas por impago de salarios y dijo no recordar un escrito de 2014 firmado por él y otros delegados sindicales reclamando atrasos de 2012 y 2013, ni otro documento hallado en casa de Ignacio Morchón Vaquero (hijo del magnate) que amenazaba con revelar lo de los féretros si no se condonaban esas deudas.
Varios testigos coincidieron en que el verdadero mando en El Salvador era el fallecido Ignacio Morchón Alonso, mientras que su esposa María del Rosario y sus tres hijos tenían un papel residual. Sonsoles R.R, encargada de incineraciones desde 2018, aseguró que seguía recibiendo órdenes de facto del empresario ya jubilado. Por su parte, Manuel C, con 33 años de servicio, recordó que Morchón Alonso los trataba como “obreros” y no permitía que su mujer o hijos intervinieran en la empresa, describiendo a María del Rosario como “una ama de casa de las antiguas”.
3.000 ataúdes defectuosos de China
En la misma jornada declararon Ignacio C.C, representante de la empresa valenciana Maderarte, y Jesús V. de P, contable de Victorio Senovilla (encausado por presunta falsificación de facturas). Ignacio C.C explicó que en 2010 su empresa vendió a Senovilla cerca de 3.000 ataúdes adquiridos en China que llegaron con defectos. Las cajas no podían venderse al público y ocupaban espacio, por lo que contactaron con Senovilla, quien compró el lote a 50 euros por unidad, con el compromiso de restaurarlos. El testigo afirmó que esta operación desmonta la tesis de que las facturas de Senovilla eran falsas.
Jesús V. de P, contable de Senovilla durante 15 años (2003-2018), negó que hubiera doble contabilidad o que se le hubiera indicado usar datos falsos. Recordó que en inspecciones de la Agencia Tributaria de 2012 y 2013 representó a Victorio, aportando facturación con Funeraria Castellana y justificando retiros bancarios, sin que se abriera expediente sancionador.
Fuente: Infobae