El secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira Hanze, informó este 9 de julio de 2026 de la captura de la lobista esmeraldeña Karla Saud Calero, una pieza clave dentro de los fallidos contratos eléctricos con Progen en 2024.
“Esto es lo que pasa cuando hay un gobierno comprometido en combatir la corrupción: Gracias a la Policía Nacional del Ecuador. Karla Saud Calero fue detenida en España”, sentenció el funcionario, detallando que la detención se logró mediante una notificación roja de Interpol.
Neira aseguró que el Ejecutivo comenzó “inmediatamente a trabajar en su proceso de extradición al Ecuador”.
Karla Saud también es parte del proceso judicial en los Estados Unidos, específicamente en la demanda civil que Celec presentó ante la Corte del Distrito Medio de Florida, pues la mencionada es investigada en EE. UU. como parte de un presunto “esquema fraudulento” perpetrado por una “empresa criminal” (Progen) que malversó casi USD 110 millones aprovechando la crisis energética.
El rol de Karla Saud
Karla Saud Calero no es una desconocida en los pasillos de la contratación pública.
Según las investigaciones impulsadas por el Gobierno, Saud construyó desde 2016 una “red de contactos y lobby” en sectores estratégicos como el eléctrico y de medicinas, lo que le permitió que Progen se adjudique dos contratos, como Quevedo y El Salitral.
En el esquema judicial, Saud figura como la propietaria de Astrobryxa S.A., la subcontratista ecuatoriana que recibió flujos financieros millonarios de la empresa estadounidense Progen Industries.
La demanda en Florida sostiene que Progen “reclutó a Astrobryxa” para participar en una “empresa criminal” bajo la Ley RICO.
El objetivo era claro: utilizar a Astrobryxa como vehículo para canalizar los fondos públicos ecuatorianos. Los registros bancarios del Regions Bank confirman que la firma de Saud recibió aproximadamente USD 15,2 millones, dinero que luego se repartió entre otros beneficiarios.
A pesar de estas acusaciones, Saud dio una versión en marzo de 2026 desde Los Ángeles, intentando minimizar su papel. La empresaria aseguró que su intervención se limitó a ser la “vocera, interlocutora, traductora y facilitadora del diálogo” entre Progen y Celec, negando categóricamente la entrega de sobornos.
Sin embargo, para la justicia ecuatoriana, Saud Calero es coautora del delito de peculado en el denominado “Caso Apagón”, participando en un esquema que abusó de la crisis energética nacional.
Chatarra repintada
Para entender la relevancia de la detención de Saud, es necesario recordar el origen del desfalco.
En agosto de 2024, Celec adjudicó a Progen dos contratos de emergencia para instalar 150 MW en las centrales de Quevedo y El Salitral. El Estado transfirió anticipos por casi USD 110 millones, pero el país recibió “cero vatios” de energía.
Los peritajes técnicos de la firma Taxia revelaron una estafa técnica sin precedentes: en lugar de equipos nuevos fabricados en 2023, Progen entregó “chatarra” usada de los años 2008-2010.
Los equipos presentaban una “aplicación superficial de pintura sobre capa original y óxido” para simular un estado nuevo, y las placas de identificación habían sido adulteradas para ocultar al fabricante original. Al mismo tiempo, el dinero de la emergencia se desviaba para “lujos personales” del CEO de Progen, Andrew Williamson, incluyendo pagos de tarjetas American Express y manutención infantil.
Neira pone en riesgo el caso en EE.UU.
Irónicamente, el mismo José Julio Neira que hoy celebra la captura de Saud es quien ha puesto en riesgo la recuperación de los activos en los Estados Unidos.
El 17 de junio de 2026, Neira publicó un video en X mostrando un memorando legal estratégico marcado como “Privilegiado y Confidencial”. Esta filtración, realizada “sin la autorización ni conocimiento de los abogados”, expuso números de cuenta y montos de transferencias que estaban bajo una orden de protección judicial.
La defensa de Progen ha capitalizado este error de inmediato.
Los abogados de la firma estadounidense presentaron una moción exigiendo que Celec entregue su estrategia secreta de rastreo financiero, alegando que el Estado renunció al privilegio abogado-cliente mediante la publicación de Neira.
“La divulgación no correspondió a una filtración accidental, sino a una comunicación institucional”, argumenta la defensa de Progen, solicitando además sanciones por “mala fe procesal”.
El nexo familiar oculto
La trama se complica aún más con el reciente descubrimiento de los vínculos sanguíneos entre el acusador y la acusada.
Durante meses, la demanda de Celec se basó en la premisa de que el fraude fue facilitado por un parentesco entre Karla Saud y el entonces gerente de la estatal, Fabián Calero. Sin embargo, los registros del Registro Civil desmintieron ese vínculo, revelando una realidad incómoda: Karla Saud y José Julio Neira son parientes, según un reportaje de Expreso.
Se trata de una relación lejana pero verificable: “El padre de Karla Saud, Carlos Eduardo Saud Saud, es primo hermano de Julio Hanze Saud, abuelo de Julio José Neira”, lo que los convierte en primos en segundo grado.
Radio Pichincha
LV