El Gobierno de Canadá ha manifestado este viernes su profundo malestar ante la decisión de Israel de no abrir una causa penal por el bombardeo ocurrido en abril de 2024 contra un convoy de la organización World Central Kitchen (WCK) en la Franja de Gaza. El ataque dejó un saldo de siete trabajadores humanitarios fallecidos, y las autoridades canadienses consideran «inaceptable» que Tel Aviv haya cerrado el caso sin una rendición de cuentas más amplia.
La ministra de Relaciones Exteriores, Anita Anand, condenó enérgicamente la postura israelí y afirmó que «seguirá presionando para que se lleve ante la Justicia a los responsables» de aquel ataque, en el que perdió la vida el ciudadano canadiense Jacob Flickinger. En un comunicado oficial, Anand señaló que se produjeron «graves fallos» en la ejecución del bombardeo contra el convoy de la ONG fundada por el chef español José Andrés.
La canciller recalcó: «Es necesario que haya justicia para los siete trabajadores muertos y sus familiares». Asimismo, advirtió que «cerrar el caso sin mayor rendición de cuentas deja a sus familias sin las respuestas que han buscado durante más de dos años». Anita Anand subrayó que «los trabajadores humanitarios que entregan alimentos y ayuda vital en zonas de conflicto deben ser protegidos» y que «Canadá espera que se respete el Derecho Internacional».
Estas declaraciones surgen luego de que la Fiscalía Militar de Israel descartara abrir una investigación penal, argumentando que lo sucedido no constituye un delito según el derecho castrense israelí. No obstante, las propias fuerzas de seguridad hebreas ya habían reconocido en una indagatoria interna la existencia de múltiples fallos graves que llevaron a los soldados a creer erróneamente que un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba con el convoy humanitario.
En ese mismo informe interno, el Ejército israelí señaló que World Central Kitchen no informó a las autoridades militares sobre la presencia de personal de seguridad armado en el convoy, y que además la caravana se desvió de la ruta acordada previamente. Aun así, desde Canadá insisten en que esas justificaciones no eximen a Israel de su obligación de investigar a fondo el suceso y sancionar a los culpables.
El caso ha generado una fuerte controversia diplomática y pone nuevamente en el centro del debate la protección de los trabajadores humanitarios en zonas de conflicto. La comunidad internacional sigue de cerca los pasos de Canadá, que ha prometido mantener la presión sobre Israel hasta que se haga justicia por las siete víctimas, entre ellas el ciudadano canadiense Jacob Flickinger.
Fuente: Infobae