La Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea Nacional será la encargada de procesar el proyecto de ley antimafias que reforma tres leyes con el afán de fortalecer las capacidades del Estado en la lucha contra el crimen organizado y las estructuras delictivas que operan en Ecuador.
El proyecto de ley fue presentado por la asambleísta y primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN). La iniciativa contempla reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) e incorpora tipos penales autónomos para sancionar el reclutamiento de personas por parte de organizaciones criminales, así como la facilitación de infraestructura física o logística destinada al funcionamiento de estas estructuras delictivas.
Las reformas se articulan en cinco ejes:
- Se incorpora el delito autónomo de pertenencia a organización de delincuencia organizada (art. 369-A COIP), con escala de penas según el nivel funcional: de 10 a 13 años para pertenencia básica; de 13 a 16 años para funciones operativas; y, de 16 a 22 años para quienes organicen, financien o ejerzan mando o control territorial. Se tipifican además el reclutamiento de personas para organizaciones criminales (art. 369.2) y el uso o puesta a disposición de infraestructura para fines delictivos (art. 369.3).
- Se sustituyen los tipos penales relativos al almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de hidrocarburos (arts. 264, 265 y 266 COIP), incorporando escala proporcional y agravantes por vinculación con estructuras criminales.
- Se incorporan reglas de valoración reforzada del riesgo procesal para delitos en contexto de crimen organizado (art. 534 COIP), con exigencia de motivación reforzada para negar la prisión preventiva. Se incorpora una disposición de protección procesal para miembros de las fuerzas del orden procesados por actos cometidos en el contexto del conflicto armado interno.
- Se incorporan medidas cautelares reales desde la formulación de cargos, normas de administración provisional, venta anticipada de bienes incautados. Se reforma la Ley Orgánica de Extinción de Dominio para incluir expresamente la pertenencia a organización criminal como supuesto de procedencia.
- Se incorpora como falta gravísima del Código Orgánico de la Función Judicial (art. 108) la omisión de motivación reforzada en prisión preventiva cuando la ley lo exige. Se establece la inhabilitación permanente para ejercer la abogacía de quienes hayan sido condenados por crimen organizado o lavado de activos.
La relevancia del proyecto radica en el fortalecimiento de las herramientas jurídicas para combatir el crimen organizado. De aprobarse, supondría una transformación estructural de la política criminal ecuatoriana, al dejar atrás un enfoque centrado principalmente en la sanción individual y avanzar hacia un modelo integral orientado a desarticular las capacidades operativas, financieras e institucionales de las organizaciones delictivas.
La presidenta de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, Inés Alarcón, convocará para el lunes 8 de junio a la mesa legislativa para avocar conocimiento del proyecto y definir la hoja de ruta para el trámite que incluirá comparecencias de ministros de Estado y representantes de organismos internacionales.
Fuente: El Universo