Rodrigo Paz enfrenta el momento más complejo de su mandato. En cuestión de semanas, múltiples conflictos sectoriales han escalado hasta convertirse en una amenaza directa contra la estabilidad de su administración, con bloqueos de rutas, episodios violentos y un creciente clamor popular que exige su renuncia.
Las protestas nacieron desde distintos frentes: maestros exigiendo mejoras salariales, transportistas quejosos por la calidad del combustible y comunidades indígenas de la Amazonía que demandaban la anulación de una reforma agraria. Detrás de todas estas demandas, como una sombra histórica, apareció la Central Obrera Boliviana (COB), que presionaba por un aumento salarial adicional al 20% ya otorgado a principios de año.
Mientras el Ejecutivo lograba acuerdos puntuales y desactivaba algunos focos de tensión, en el altiplano se incubaba un movimiento de mayor calibre. La Federación de Campesinos Túpac Katari, sin una lista concreta de exigencias, instaló bloqueos “indefinidos” para pedir la salida del presidente. Con un promedio de 20 piquetes simultáneos, la medida de presión ha dejado prácticamente sitiada la sede del Gobierno.
A los campesinos se unieron luego dirigentes de la COB, que dejaron de lado su reclamo salarial para sumarse al pedido de renuncia, junto con el movimiento indígena aymara Ponchos Rojos. El jueves, la tensión estalló con violencia: los mineros afiliados al sindicato obrero se enfrentaron a la Policía en pleno centro de La Paz usando dinamita.
En paralelo, los partidarios del expresidente Evo Morales (2006-2019) iniciaron una marcha de 190 kilómetros rumbo a La Paz. Rechazan la propuesta de modificación parcial de la Constitución Política del Estado que impulsa Paz y exigen el fin de los procesos judiciales que acechan a su líder, quien permanece atrincherado en su bastión para eludir una orden de captura.
En medio de este escenario, con la crisis económica como trasfondo, la ciudadanía, cansada de marchas y bloqueos, reclama “mano dura” al Ejecutivo para restablecer el orden en un país donde los desacuerdos políticos suelen resolverse en las calles.
Más allá de las negociaciones sectoriales que han permitido desactivar algunos conflictos, analistas señalan una estrategia contradictoria: mientras el Gobierno ofrece diálogo a los sectores movilizados, al mismo tiempo criminaliza la protesta, amenaza con procesos judiciales a los manifestantes y los acusa de recibir financiamiento del narcotráfico.
En esa línea, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la existencia de un “plan macabro” contra el Gobierno y afirmó que hay “dirigentes corruptos que han recibido financiamiento oscuro”.
Varios actores políticos, incluidos ministros y el propio vocero, han señalado a Evo Morales como el artífice de las protestas para derrocar al gobierno y recuperar el poder. No obstante, los analistas consideran que el evismo es solo una de las corrientes en juego y que su capacidad de movilización se ha reducido. La socióloga y analista política Luciana Jáuregui sostiene que, pese a ello, sigue operando narrativamente como “un fantasma que moviliza los miedos de las clases medias tradicionales”.
Detrás de los problemas coyunturales, los expertos identifican un agotamiento social genuino por la crisis económica heredada de gestiones anteriores, así como tensiones históricas no resueltas entre dos bloques: los sectores populares de origen indígena y campesino frente a las clases medias y las élites empresariales. Esta pugna por imponer visiones de país emerge tras el fin del ciclo del Movimiento Al Socialismo (MAS), que gobernó durante las últimas dos décadas.
“Los grandes periodos de estabilidad en Bolivia se han producido cuando se llegó a un equilibrio de poder”, explica Jáuregui, y advierte que cuando ese pacto se quiebra “se abren procesos conflictivos”.
En la actual coyuntura, la experta observa que la irrupción de los sectores populares en las calles es una respuesta a la falta de representación dentro del Estado, donde se da una “recomposición de las élites tradicionales y de las clases medias urbanas”.
Para el analista político Pablo Deheza, la grieta entre ambos bloques tiene una arista adicional: fueron los sectores populares quienes llevaron a Paz al poder con su voto. Sin embargo, una vez en el Gobierno, el presidente “dio un giro y emitió señales de que no va a gobernar con quienes votaron por él”. En ese contexto, Deheza afirma que “hay una sensación de reclamo, enfado y molestia”.
El futuro inmediato es incierto. Los analistas temen que el Gobierno logre capear la tormenta sin resolver el problema de fondo y que los conflictos actuales sean solo el preludio de otros episodios que podría no resistir. Ambos coinciden en la necesidad de un “mapa de reparto de poder” que reconozca las legitimidades mutuas y genere consensos básicos.
“En este momento Rodrigo Paz está ante un punto de inflexión y tiene dos vías: generar un nuevo pacto social con la incorporación de todos los sectores o mantener un gobierno sin posibilidad de acción política”, apunta Jáuregui. Sin embargo, con una crisis económica y social de fondo, el tiempo se agota más temprano que tarde.
Fuente: Infobae