Una nueva jornada de audiencias de impugnación a postulantes a fiscal general del Estado se desarrolló este miércoles, 23 de septiembre de 2026, en la comisión ciudadana de selección de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los comisionados escucharon las objeciones presentadas en contra de Mario David Fonseca Vallejo, Luiggi Rigoberto Miranda Peralda y Christian Ramón Rodríguez Torres.
En la primera diligencia, el ciudadano Luis Edwin Cangahuamín Andrango impugnó a Mario David Fonseca por el presunto incumplimiento de requisitos legales, omisión de información relevante y falta de probidad notoria e idoneidad.
El impugnante, a través de su procurador, alegó que el postulante habría incurrido en el artículo 46, numerales 1, 2 y 4 del reglamento para el concurso de fiscal general; y cuestionó el tiempo de experiencia en materia penal y posibles inconsistencias cronológicas en los cargos que ocupó y que constan en su hoja de vida.
En su defensa, el postulante justificó que en su carpeta constan todas las acciones de personal de los cargos que desempeñó como juez de contravenciones y de tránsito, las cuales, dijo, son de materia penal.
“A lo largo de mi carrera judicial me desempeñé como juez penal y posteriormente pasé a ser juez de Corte Provincial, no solo en Napo, sino también en Pastaza. Y conforme lo he demostrado con el mecanizado del IESS, así como con la certificación del Consejo de la Judicatura, verán que es una relación con una dependencia laboral ininterrumpida por un lapso de más de 13 años”, dijo Fonseca y cuestionó las pruebas presentadas en su contra.
Luego fue el turno del ciudadano Kevin Joel de la Cruz Pasquel, quien impugnó a Luiggi Rigoberto Miranda por falta de probidad e idoneidad notoria, sustentándose en el artículo 46, numeral 2 del reglamento.
El impugnante argumentó una “superposición prolongada entre el ejercicio del cargo público de agente fiscal y el de gerente general y representante legal de una sociedad anónima, específicamente de una constructora”.
Miranda cuestionó que en esta impugnación no se presentó ningún documento, por lo que pidió a la comisión ciudadana desestimar la apelación en su contra.
“Yo no me tengo que defender de ningún documento, solamente han sido aseveraciones que ha presentado, pero que no han tenido sustento legal”, refutó.
En la tercera audiencia de impugnación, de la Cruz Pasquel apeló la postulación de Christian Ramón Rodríguez Torres, basándose en el artículo 46, numeral 1 del reglamento del concurso de fiscal. El impugnante cuestionó la documentación presentada por el aspirante y observó que este acreditara por lo menos diez años de ejercicio de la profesión de abogado.
“La causal surge de una contradicción institucional concreta. El postulante fue admitido bajo el presupuesto de haber cumplido el requisito habilitante de diez años, pero de la revisión documental presentada por el postulante se le reconoce como válido únicamente el periodo de nueve años, diez meses y veintitrés días. Corresponde, por tanto, verificar a la comisión qué documentos existentes dentro del plazo de postulación sustentan la admisibilidad del postulante”, puntualizó.
Por su parte, Rodríguez Torres defendió que sí demostró que su experiencia en el área penal es de más de diez años y recalcó que, si bien en su postulación no se adjuntaron debidamente los certificados laborales de instituciones en las que laboró, en el expediente consta el historial laboral otorgado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en el que constan las funciones del Estado en las que trabajó.
Para este jueves, 24 de septiembre están previstas las audiencias de impugnación a los postulantes Gina Fernanda Mora Dávalos, Franklin Ernesto Rea Toapanta y Bolívar Augusto Espinoza Astudillo.
La fase de impugnación, en la que se sustanciarán 41 cuestionamientos públicos a 26 aspirantes a ocupar el cargo, se efectuará hasta el 1 de octubre; luego, la comisión ciudadana de selección se reunirá para definir si acepta o descarta las objeciones.
Fuente: El Universo
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