El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el informe de fiscalización sobre el presunto incremento injustificado de los patrimonios de alcaldes y prefectos que solicita a instituciones como la Fiscalía General del Estado (FGE), a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y a la Contraloría General del Estado ahondar en las investigaciones respectivas.
El documento fue debatido este martes, 27 de octubre de 2027, en la sesión 134 y se aprobó con 84 votos de los legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, mientras que 64 asambleístas de la Revolución Ciudadana votaron en contra.
El proceso de fiscalización estuvo dirigido a las autoridades seccionales del actual periodo 2023-2027. Aunque el universo corresponde a 245 dignidades (222 de nivel cantonal y 23 de nivel provincial), el informe contabiliza 251 expedientes individuales porque incluye a titulares, subrogantes y reemplazos temporales que ejercieron esos cargos durante el periodo fiscalizado.
De acuerdo con los resultados, 41 expedientes, equivalentes al 16,33 %, están clasificados con alerta roja; otros 54, que representan el 21,51 %, tienen alerta naranja. A estos se suman 90 expedientes con alerta verde (35,86 %) y 66 que constan en la categoría sin alerta o por verificar (26,29 %).
El informe advierte que las alertas roja y naranja requieren atención prioritaria de las instituciones competentes. Sin embargo, la clasificación no demuestra por sí misma la existencia de un delito ni determina la responsabilidad de las autoridades involucradas.
En el debate, Cristian Benavides, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) que llevó adelante esta fiscalización, explicó que en este proceso se realizaron 46 pedidos de información a entidades como el Consejo Nacional Electoral, Contraloría, UAFE, al Servicio de Rentas Internas, al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía General, al Ministerio del Trabajo y a la Dirección de Registros Públicos, entre otras.
El legislador aclaró que este informe no constituye un prejuzgamiento ni declaración de responsabilidad de las autoridades seccionales.
“No somos jueces para determinar quién es o no responsable de alguna de las conductas tipificadas en el COIP. La recopilación de alertas lo único que nos da es una trazabilidad de información que nos ha permitido llegar a las conclusiones que están en el informe, las cuales deben haber leído todos los asambleístas”, dijo.
Del debate también participaron asambleístas como Samuel Celleri (exPSC), Jennifer Guillén (ADN), Patricia Núñez (RC), Jorge Chamba (ADN), Adrián Castro (ADN), Milton Aguas (ADN), Paola Cabezas (RC), Ricardo Patiño (RC), entre otros.
¿Qué recomienda la Asamblea?
Son nueve las recomendaciones que abarca el informe de fiscalización, entre estas remitir una copia del expediente a la Fiscalía para que evalúe el inicio o impulso de las investigaciones que correspondan respecto de presuntos delitos contra la eficiente administración pública y de defraudación tributaria, circunscribiendo la derivación penal, exclusivamente a los servidores públicos clasificados en las categorías de alerta roja y naranja.
El documento también sugiere presentar una noticia criminis en Fiscalía con base en las denuncias receptadas a través del canal ciudadano sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación pública e incrementos patrimoniales no justificados que carecen aún de examen especial concluido, para que la institución evalúe el inicio inmediato de las investigaciones previas correspondientes.
También solicita a la UAFE la emisión inmediata de una orden de trabajo de investigación de inteligencia financiera y rastreo de activos sobre los servidores públicos clasificados en las categorías de alerta roja y naranja.
El informe aprobado insta a remitir el informe a la Contraloría General del Estado, solicitando la ejecución prioritaria de exámenes especiales a las declaraciones patrimoniales juradas sobre los expedientes en alerta roja y alerta naranja, incluyendo la revisión de posibles casos de testaferrismo y, de existir graves indicios, la solicitud de declaraciones patrimoniales a terceras personas vinculadas.
Además, el documento recomienda que la Fiscalía, la Contraloría y la UAFE informen a la Asamblea Nacional, en un plazo de quince días, sobre el inicio y avance de las investigaciones o procedimientos adoptados. La información personal, tributaria y judicial protegida por la ley, así como los datos de familiares, terceros vinculados y denunciantes, deberá mantenerse bajo reserva.
Expedientes con alerta
Alerta roja: 41 expedientes
La categoría de mayor prioridad reúne 41 expedientes: 7 provinciales y 34 cantonales. En este grupo, el informe identifica variaciones patrimoniales que requieren revisión, actuaciones de auditoría con posibles indicios de responsabilidad penal, investigaciones fiscales o judiciales y situaciones relacionadas con el cumplimiento de obligaciones tributarias.
Las siete claves provinciales clasificadas en alerta roja son P01-PREF, P04-PREF, P05-PREF, P06-PREF, P15-PREF, P22-PREF y P23-PREF.
En el nivel cantonal, las claves incluidas son P07-C08, P06-C10, P24-C03, P07-C07, P01-C12, P09-C04, P07-C10, P13-C18, P10-C03, P05-C01, P08-C03, P13-C03, P17-C02, P12-C02, P06-C02, P09-C22, P07-C13, P04-C02, P06-C03, P01-C03, P02-C05, P06-C07, P11-C14, P19-C08, P14-C09, P06-C08, P09-C18, P18-C07, P19-C09, P12-C01, P21-C01, P09-C25 y P04-C06.
El informe precisa que la clave P19-C08 incluye registros correspondientes al titular y a su reemplazo.
Para este grupo, se propone remitir los expedientes a la Fiscalía para que determine si existen elementos suficientes para iniciar o impulsar investigaciones. También se plantea que la Contraloría realice auditorías y verificaciones en campo, y que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) examine posibles movimientos de dinero inusuales, activos en el exterior y eventuales mecanismos utilizados para ocultar la propiedad de bienes.
Alerta naranja: 54 expedientes
La alerta naranja comprende 54 expedientes: 5 provinciales y 49 cantonales. Esta categoría representa el 21,51 % del total analizado y reúne casos que, según el informe, requieren comprobaciones administrativas, tributarias y financieras.
Las claves provinciales son P10-PREF, P14-PREF, P12-PREF, P09-PREF y P21-PREF.
En el nivel cantonal, constan las claves P14-C09, P13-C13, P11-C05, P13-C15, P18-C02, P12-C12, P04-C05, P09-C20, P14-C08, P01-C08, P17-C06, P03-C02, P19-C03, P11-C14, P08-C07, P22-C04, P07-C05, P05-C06, P09-C16, P11-C02, P18-C04, P12-C05, P21-C06, P12-C04, P17-C04, P10-C05, P13-C10, P23-C01, P10-C04, P02-C07, P08-C01, P09-C24, P09-C06, P24-C01, P13-C08, P13-C19, P18-C01, P07-C03, P21-C02, P06-C05, P10-C02, P09-C11, P09-C02, P09-C01, P09-C21, P21-C05, P01-C05, P01-C01 y P20-C03.
El documento recomienda enviar la información a la Fiscalía para que evalúe si corresponde iniciar investigaciones.
También plantea que el SRI revise posibles diferencias entre ingresos, patrimonio y consumos, y que la Contraloría profundice las verificaciones. Al igual que en la alerta roja, se propone que la UAFE rastree los movimientos financieros y examine posibles bienes o capitales cuyo origen no esté justificado.
Alerta verde: seguimiento preventivo
La categoría verde comprende 90 expedientes, equivalentes al 35,86 % del total. Según el informe, estos casos presentan observaciones de menor nivel, como variaciones patrimoniales que deben revisarse, pero que se mantienen dentro de la capacidad teórica de acumulación de ingresos salariales o situaciones que pueden aclararse mediante controles ordinarios.
El documento menciona las claves cantonales P01-C11, P06-C09 y P17-C07, que fueron reclasificadas de alerta naranja a verde después de la presentación de documentación para aclarar sus registros.
Para este grupo, se plantea que la Contraloría programe revisiones preventivas dentro de su plan ordinario de auditorías. Además, las autoridades deben ser notificadas para que conozcan las observaciones y puedan presentar documentos que aclaren o corrijan posibles inconsistencias. (I)
Fuente: El Universo