En lo profundo de Surinam, miembros del pueblo saamaka descubrieron una excavadora abandonada y dos campamentos en la montaña Ebbatop, presuntamente utilizados por taladores ilegales. Este hallazgo ocurrió durante recorridos comunitarios destinados a detener la expansión de rutas, la tala ilegal y la minería aurífera en una zona selvática que gestionan desde tiempos ancestrales.
Navaldo Vola, de 31 años, lideraba a otros integrantes de la comunidad entre la maleza cuando alcanzaron la máquina, que tenía un aditamento para tumbar árboles. Un día antes habían encontrado un campamento temporal al pie de la montaña, con recipientes de condimentos y salsa de soja que, según los locales, pertenecían a madereros chinos. Más arriba, hallaron lonas, tazas de aluminio y otros utensilios.
“Sabíamos que alguna gente venía aquí, pero no que estaba talando”, declaró Vola a AP. “Esta parte debería permanecer intacta”.
Esta operación forma parte de un sistema de vigilancia que integra el saber transmitido por los ancianos con imágenes satelitales, mapas digitales y expediciones a pie.
Los mapas documentan la protección ancestral del bosque
Los saamaka constituyen una de las seis etnias de Surinam descendientes de africanos que huyeron de la esclavitud en plantaciones neerlandesas y crearon comunidades independientes en la selva entre los siglos XVII y XVIII. Tras décadas de conflictos con los colonizadores, firmaron un tratado de paz en 1762 que reconoció su libertad y autogobierno. Actualmente, cerca de 60.000 saamaka viven en el país, según la Asociación de Comunidades Saamaka (VSG).
Cada clan estableció desde tiempos remotos qué áreas podían usarse para cultivos y cuáles debían protegerse por su importancia espiritual, cultural o histórica. Desde noviembre de 2025, las comunidades llaman Apaki a su proyecto de cartografía. Este nombre proviene de un recipiente hecho de calabaza seca usado para almacenar alimentos, simbolizando el deseo de conservar la selva para las futuras generaciones.
Hugo Jabini, director ejecutivo de la VSG y líder en la defensa del territorio, alertó que las rutas permiten el acceso de agentes externos a lugares antes remotos. Según los estudios comunitarios, la carretera Palmera, cuya expansión inició en 2022 a pesar de la oposición local, mide aproximadamente 123 kilómetros y cruza una zona Apaki considerada prioritaria.
Imágenes satelitales revelan nuevas áreas de actividad ilegal
Sara Ramírez, investigadora colombiana vinculada a la VSG, explicó a AP que el examen de imágenes satelitales detectó cambios en sitios tan alejados que algunos miembros de la comunidad pusieron en duda los hallazgos. Fotos de mayor nitidez corroboraron luego señales de intervención, y esa información guió sobrevuelos en helicóptero y expediciones para confirmar las áreas despejadas o caminos observados desde el cielo.
En uno de esos sobrevuelos, la organización constató el crecimiento de la explotación maderera y minera en tierras saamaka. El perjuicio observado desde el aire resultó inferior al documentado en Colombia, Perú y Brasil, naciones donde décadas de extracción ilícita han arrasado vastas extensiones. No obstante, nuevas rutas y claros pequeños se abren paso en una jungla mayoritariamente intacta, indicio del incremento de la presión sobre la zona.
El reto no se limita a las comunidades. Surinam conserva aproximadamente el 93% de su territorio cubierto de bosques, que integran la Amazonía y el Escudo Guayanés, y que absorben más gases de efecto invernadero de los que produce el país. Las tierras tribales han perdido casi 154.000 hectáreas de bosque desde 2001, mientras que la desaparición de bosque primario húmedo a escala nacional alcanzó cerca de 200.000 hectáreas entre 2002 y 2025, según Global Forest Watch.
Demanda por título colectivo sigue sin respuesta
En 2007, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó a favor de los saamaka en un litigio contra el Estado por permisos de tala y minería concedidos en su territorio ancestral. La corte determinó que Surinam violó los derechos de propiedad colectiva de la comunidad y ordenó demarcar sus tierras y otorgarles un título colectivo.
Jabini asegura que las cláusulas fundamentales de esa sentencia obligatoria todavía no se han ejecutado. La ausencia del título colectivo, indicó, deja a las comunidades sin recursos legales adecuados para decidir qué actividades se permiten en su territorio y para reaccionar ante las invasiones.
John Goedschalk, asesor presidencial para finanzas climáticas y biodiversidad, manifestó que el gobierno reconoce la labor de los saamaka en la preservación de los bosques. Agregó que los datos provenientes de mapas y satélites pueden apoyar el control estatal en zonas de difícil acceso. Según el funcionario, el presidente estableció una moratoria sobre nuevas concesiones auríferas y extensiones de permisos, mientras el país se comprometió a mantener el 90% de su cubierta forestal.
Goedschalk añadió que el ejecutivo tenía previsto reunirse en octubre con dirigentes saamaka para tratar la protección de los bosques y que se estaba actualizando el marco normativo para crear áreas protegidas gestionadas por comunidades. No obstante, Jabini afirmó que no tenía conocimiento de esos planes de conversación.
El líder reveló que recibió una amenaza de muerte este año tras impugnar una concesión minera cercana al arroyo Paba, otra área Apaki. El conflicto también provoca divisiones internas en algunas comunidades, pues la minería de oro constituye una fuente de ingresos para ciertos sectores.
Para Vola, la protección del bosque trasciende el momento actual:
“Esta es nuestra riqueza y por esto luchamos”, sostuvo. “Dentro de mil generaciones, esto tiene que seguir aquí como nos lo dejaron nuestros antepasados”.
Fuente: Infobae