Pese a que para el 18 de noviembre próximo se definió que el alcalde de Esmeraldas Vicko Villacís y otras catorce personas naturales y tres personas jurídicas (empresas) acusadas, dentro del caso Blindado, enfrenten una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, las diligencias investigativas dentro de la causa por el delito de lavado de activos aún continúan.
Por ejemplo, el último lunes, 26 de octubre, en el Departamento de Criminalística, en Quito, se realizó la extracción y exhibición de audios contenidos en 4 Cd y también el cotejamiento de voces de quienes están siendo procesados en el caso Blindado. La diligencia fue reservada y tenía el objetivo de recopilar información sobre diálogos y conversaciones que se habrían generado entre varias personas que se encuentran siendo procesadas por lavado de activos.
Esta audiencia privada se dio una vez se completaron los 120 días de instrucción fiscal y luego de que el coprocesado juez de Sucumbíos Jorge Bolívar Pinos, exjuez de Atacames, en Esmeraldas, entregó su testimonio anticipado en la causa.
Uno de los abogados del alcalde de Esmeraldas refirió que en esta audiencia privada se dio primero la extracción de audios y posteriormente el cotejamiento de voces. El defensor aseguró que en los audios expuestos Vicko Villacís y otros de sus representados no aparecen y en el audio que podrían estar no hablan de hechos relacionados a la investigación.
La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio estará en manos de la jueza de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) Daniella Camacho y se encargará de emitir su dictamen acusatorio el fiscal general encargado Carlos Alarcón.
En la causa penal conocida como Blindado se investiga una estructura criminal estratégicamente organizada para la obtención y beneficio de forma sistemática de fondos estatales a través del abuso y desnaturalización de garantías jurisdiccionales. A inicios de junio pasado se formularon cargos en contra de varias personas naturales, entre ellas Vicko Villacís y Bolívar Pinos, al considerarlos autores directos del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).
La causa inició en manos de fiscales y jueces sin fuero de Corte Nacional y para la vinculación de inicios de septiembre, que incluyó a jueces de la Corte Provincial de Esmeraldas, el procesamiento pasó a la jueza de la CNJ Camacho
El 1 de septiembre pasado se vinculó al caso Blindado a los jueces de la Corte de Justicia de Esmeraldas: Genaro Reinoso Cañote, Juan Francisco Morales, Juan Agustín Jaramillo Salinas, Luis Fernando Otoya y Carlos Vinicio Aguirre; a Simón Bolívar Moreno, a la fecha de los hechos juez de la Unidad Judicial Multicompetente del cantón Atacames; como persona natural a Iván Sol González; mientras que como personas jurídicas a Reypezpacific S. A., Reysolutionwash S. A. y Teknhikmec S. A.
Debido a estas vinculaciones, la etapa de instrucción fiscal pasó de 90 a 120 días, es decir, el próximo 1 de octubre cerró esta fase de obtención de pruebas de cargo y de descargo. (I)
Fuente: El Universo