Estados Unidos intensificó este martes su ofensiva contra el régimen cubano al anunciar nuevas restricciones financieras y de viaje que impactan tanto al aparato estatal como al sector privado de la isla. Las disposiciones, divulgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, entrarán en vigor este miércoles y abarcan operaciones bancarias, empresas ligadas a estructuras de seguridad y diversas categorías de viaje para ciudadanos estadounidenses.
Uno de los cambios más significativos elimina la autorización que, desde 2024, permitía a los bancos bajo jurisdicción de Estados Unidos abrir y mantener cuentas a nombre de ciudadanos cubanos considerados empresarios independientes del sector privado. Esta disposición había abierto una vía para que pequeños negocios pudieran recibir pagos y realizar operaciones relacionadas con actividades autorizadas por Washington.
Con la entrada en vigor de las nuevas reglas, todas las cuentas y fondos mantenidos bajo esa autorización deberán ser bloqueados, salvo que exista otra licencia aplicable. La OFAC también señaló que, para recuperar esos recursos posteriormente, será necesario obtener una autorización específica.
Además, la normativa elimina las llamadas operaciones “U-turn”, que permitían que ciertas transferencias relacionadas con Cuba pasaran por el sistema financiero estadounidense aunque el dinero comenzara y terminara fuera de Estados Unidos y ninguna de las partes estuviera bajo su jurisdicción. Esa autorización había sido incorporada en mayo de 2024.
Las nuevas medidas también alcanzan a las entidades cubanas incluidas en la lista de organizaciones sujetas a restricciones de Washington, especialmente aquellas vinculadas a las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad de la isla. Anteriormente, las prohibiciones se concentraban en operaciones financieras directas; ahora también se extienden a transacciones indirectas cuando involucren entidades o subentidades relacionadas con el Ejército, los servicios de inteligencia o las estructuras de seguridad cubanas, y que puedan beneficiar económicamente a esas organizaciones.
La nueva regulación refuerza además los controles sobre actividades que podrían servir para eludir esas prohibiciones.
Viajes y actividades profesionales
Washington modificó también las autorizaciones para ciudadanos estadounidenses que viajen a Cuba. Las reuniones profesionales y conferencias que antes contaban con una licencia general dejarán de estar autorizadas bajo ese mecanismo. Las actividades educativas conocidas como “people-to-people” quedan restringidas, aunque aún se permiten algunas modalidades de viajes académicos realizadas bajo organizaciones acreditadas y dentro de las categorías permitidas.
Estas medidas llegan después de que el gobierno de Trump endureciera durante 2026 su política hacia La Habana. En enero, el presidente declaró que las políticas del régimen cubano constituían una amenaza para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, y estableció un mecanismo para aplicar aranceles adicionales a países que suministraran petróleo a la isla.
El nuevo paquete se produce en un momento de fuerte presión política. Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump acusó a la dictadura cubana de mantener vínculos con redes comunistas y afirmó que “la libertad llegará a Cuba”.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, profundizó ese mensaje el lunes al referirse a la situación interna de la isla. Afirmó:
“El problema que Cuba tiene básicamente ahora es que es un Estado fallido en todos los sentidos de la palabra”.
Y agregó:
“No es un gobierno funcional y no es un país funcional. Simplemente no lo es”.
El funcionario también sostuvo que Washington no permitirá que Cuba se transforme en una plataforma utilizada contra Estados Unidos. Sus declaraciones se sumaron a la presión ejercida por Trump, quien en los últimos días afirmó que espera alcanzar un acuerdo con La Habana y que una intervención militar probablemente no sea necesaria.
Desde Cuba, el canciller Bruno Rodríguez cuestionó las nuevas medidas y sostuvo que afectan tanto a las estructuras estatales como al sector privado. Afirmó:
“Atacan abiertamente tanto al sector público como al privado”.
Las modificaciones representan un nuevo giro respecto a las flexibilizaciones adoptadas durante la administración de Joe Biden, particularmente aquellas que habían facilitado servicios financieros para emprendedores independientes y algunas actividades de intercambio con la isla.
Fuente: Infobae