La Misión de Determinación de los Hechos de la ONU sobre Venezuela ha denunciado el miércoles que las entidades estatales responsables de la represión y las violaciones de derechos humanos en el país caribeño permanecen «intactas», a pesar de algunos avances «limitados» registrados durante el último año.
«Mientras no se desmantelen las estructuras represivas, se garantice la independencia judicial y se investigue y sancione debidamente a los responsables de violaciones de Derechos Humanos, cualquier apertura seguirá siendo frágil y reversible. Los venezolanos merecen cambios reales y significativos en materia de Derechos Humanos, no avances tentativos e incompletos»
Así lo advirtió Sofía Macher, presidenta de la misión, al presentar un informe divulgado durante la jornada. El documento observa una «disminución significativa de las detenciones de larga duración y de las desapariciones forzadas» luego de la captura del presidente Nicolás Maduro en el ataque de Estados Unidos contra Caracas el pasado 3 de enero.
La misión tiene identificados a una veintena de funcionarios por su participación en «graves violaciones» de derechos humanos, quienes «continúan ocupando, o han sido reasignados a puestos clave» después del supuesto traspaso de poderes a quien fuera ‘número dos’ del mandatario, la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
El informe reconoce una «reducción de algunas de las formas más severas de represión», incluida la excarcelación de cientos de presos políticos y un contexto más favorable para la celebración de protestas y reuniones públicas. Sin embargo, lamenta que «la impunidad por los crímenes del pasado persiste».
Los pequeños cambios, añade, «no han ido acompañados de las reformas institucionales necesarias para garantizar una mejora significativa y sostenida de la situación de los Derechos Humanos». De hecho, la misión ha investigado 64 nuevos casos de tortura ocurridos después del 3 de enero.
La Misión de la ONU también ha denunciado la vigencia de leyes empleadas para «criminalizar la disidencia», así como que las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios de inteligencia «conservan esencialmente las mismas estructuras, políticas y prácticas».
Además, el informe subraya la necesidad de «desarmar o desmantelar» a los grupos comunitarios que han constituido «una fuente permanente de intimidación y violencia», y sobre los cuales el Ejecutivo de Delcy Rodríguez no ha intervenido.
Fuente: Infobae