El Observatorio de la Dolarización puso bajo la lupa uno de los compromisos que mantiene Ecuador dentro de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI): la apertura del catastro minero.
De acuerdo con el Observatorio, el 15 de septiembre debía realizarse la sexta revisión técnica del acuerdo con el FMI, con información correspondiente a junio de 2026. Entre los compromisos que debían ser revisados se encontraba la implementación de la normativa necesaria para abrir el catastro minero.
Según la organización, este compromiso será cumplido hasta finales de 2026, con miras a que sea considerado en la séptima revisión prevista para marzo de 2027.
Pero, ¿qué significa esto en la práctica?
El Observatorio sostiene que la apertura del catastro permitirá avanzar en la ampliación de la minería a gran escala y facilitará inversiones relacionadas con la explotación de recursos naturales y minerales.
La organización cuestiona que este proceso avance al mismo tiempo que Ecuador impulsa acuerdos de inversión y tratados comerciales con países como Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.
Su principal preocupación está en los mecanismos de arbitraje internacional entre inversionistas y el Estado, conocidos como ISDS.
Según el Observatorio, estas herramientas pueden otorgar mayores garantías a las empresas extranjeras para proteger sus inversiones, ganancias y movimientos de capital.
Contradicción
El Observatorio también señala una contradicción en la posición del FMI.
Por un lado, afirma que el organismo reconoce los controles a la salida de capitales como una herramienta que puede utilizar un país para enfrentar desequilibrios externos; por otro, cuestiona que se promuevan acuerdos que facilitan la repatriación de capitales y ganancias de inversionistas extranjeros.
Como ejemplo, la organización menciona el caso de Lundin Gold, compañía canadiense que opera la mina Fruta del Norte.
Según el Observatorio, el Servicio de Rentas Internas (SRI) exige a la empresa USD 154 millones correspondientes al ejercicio fiscal de 2023: USD 73 millones por un ajuste tributario y USD 81 millones por multas y sanciones.
La organización advierte que controversias de este tipo podrían adquirir otra dimensión si los acuerdos internacionales suscritos por Ecuador permiten que los inversionistas recurran al arbitraje internacional frente al Estado.
El Observatorio sostiene que el Gobierno prevé completar hasta diciembre de 2026 el compromiso relacionado con la apertura minera asumido dentro del programa con el FMI y cuestiona que la estrategia priorice la rentabilidad y movilidad de los capitales por encima de otros intereses económicos y sociales del país.