La situación de los derechos humanos en Ecuador atraviesa un “deterioro acelerado”, según el informe Ataques y criminalización contra la sociedad civil en un contexto de militarización y extractivismo en Ecuador, publicado en septiembre de 2026 por siete organizaciones internacionales de derechos humanos.
El documento coloca bajo cuestionamiento la política de seguridad aplicada durante el Gobierno de Daniel Noboa. La Misión sostiene que, desde marzo de 2024, las medidas excepcionales dejaron de ser temporales y se convirtieron en un componente recurrente de la estrategia estatal, a través de la declaratoria de conflicto armado interno, los estados de excepción y una mayor participación de las Fuerzas Armadas en seguridad ciudadana.
Desde la declaratoria del conflicto armado interno, Ecuador incrementó los recursos destinados a seguridad. El presupuesto devengado real pasó de USD 3.519 millones en 2024 a USD 3.900,8 millones en 2025, un aumento del 10,9 % en un año.
Pero ese incremento no estuvo acompañado de una reducción sostenida de los hechos más violentos.
En 2025, Ecuador alcanzó un récord de 9.216 homicidios intencionales, equivalente a una tasa de 50,91 por cada 100.000 habitantes. Guayas, Los Ríos, Manabí y El Oro estuvieron entre las provincias más golpeadas, pese a que varias permanecieron sometidas a estados de excepción durante más de 550 días.
La Misión señala incluso que la mayor presencia policial y militar tuvo efectos más visibles sobre determinados delitos de oportunidad, pero no mostró los mismos resultados frente a los homicidios intencionales.
Pero la principal alerta no se concentra únicamente en la militarización. El informe señala que las medidas adoptadas fueron acompañadas de “graves violaciones a los derechos humanos” en territorios altamente militarizados, con impactos desproporcionados sobre pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, campesinos y otros sectores históricamente discriminados.
206 casos de detenciones arbitrarias durante el paro
Uno de los capítulos más críticos corresponde al paro nacional de 2025. De acuerdo con el informe, fuerzas estatales detuvieron principalmente a personas de rasgos indígenas o por el hecho de participar en manifestaciones.
El documento cita datos del Monitoreo de Vulneraciones a los Derechos Humanos en Ecuador, que contabilizó 206 casos de detenciones arbitrarias. También recoge denuncias de personas detenidas mientras recibían asistencia médica y casos ocurridos dentro de viviendas de ciudadanos que no estaban vinculados con las protestas.
La preocupación se extiende más allá del paro. El informe recoge las observaciones preliminares del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que expresó alarma por 51 presuntas desapariciones forzadas en el contexto del conflicto armado interno, la militarización de la seguridad pública y el uso reiterado de estados de excepción.
Defensores bajo amenazas, procesos judiciales y bloqueos de cuentas
En lo que refiere a la situación de las personas defensores de derechos humanos y la naturaleza, identifica patrones de amenazas, hostigamiento, criminalización y utilización de mecanismos administrativos, financieros y judiciales que, según la Misión, no corresponden a hechos aislados.
Uno de los mecanismos cuestionados es el congelamiento de cuentas bancarias. El informe menciona el caso del abogado y defensor ambiental David Fajardo, cuyas cuentas habrían sido congeladas en dos ocasiones por la UAFE sin información suficiente sobre las razones, después de participar en movilizaciones contra proyectos mineros.
También señala que, en junio de 2026, la Unorcac y el Comité Central de Mujeres de Cotacachi denunciaron el bloqueo de sus cuentas institucionales sin información suficiente sobre la autoridad responsable, los motivos o el procedimiento. Ese mismo mes, la Unión Nacional de Educadores reportó el bloqueo y cancelación de cuentas.
La Misión cuestiona además el papel de la justicia. Según el informe, conoció casos en los que integrantes de la Fiscalía habrían facilitado o promovido procesos de criminalización “rápidos y opacos” contra defensores, mientras que las denuncias presentadas por estos mismos sectores frente a amenazas y vulneraciones habrían recibido respuestas lentas o insuficientes.
Informe cuestiona respuesta del Estado
La Misión también apunta a la capacidad institucional para responder a estas vulneraciones. El documento sostiene que existe una brecha entre las normas de protección existentes y su aplicación efectiva, y señala que las autoridades consultadas no proporcionaron información satisfactoria ni datos concretos sobre la implementación de políticas destinadas a proteger a defensores.
La Defensoría del Pueblo recibe un cuestionamiento particular. Según la Misión, la institución se encuentra debilitada, con menor capacidad técnica y política, y durante el paro de 2025 no habría tenido una respuesta comparable con la desplegada en movilizaciones de años anteriores.
Por ello, recomienda al Estado fortalecer el control civil y judicial sobre el uso de la fuerza, investigar y sancionar los excesos, garantizar la independencia judicial y terminar con el uso arbitrario de figuras penales como terrorismo, delincuencia organizada o amenazas contra manifestantes, comunidades y defensores de derechos humanos.