La decisión del Consejo de la Judicatura (CJ) de suprimir las dependencias especializadas para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado genera cuestionamientos entre quienes participaron en la implementación de este modelo, entre ellos el exjuez Carlos Serrano.
En entrevista con Ecuavisa, el exjuez Anticorrupción cuestionó la metodología utilizada por la Judicatura para justificar la reestructuración.
El organismo señaló que el Tribunal Anticorrupción registró 234 expedientes durante 12 meses para nueve jueces, mientras otras dependencias penales ordinarias superaron el 100% de su capacidad.
Con el cambio, las competencias serán asumidas por jueces de Iñaquito, La Mariscal y de la Corte Provincial de Pichincha, mientras el número de jueces habilitados para conocer estos procesos pasará de 19 a más de 50.
Para Serrano, esa comparación no refleja la complejidad de las causas.
Explicó que un proceso de delincuencia común puede involucrar a pocos acusados y testigos y resolverse en una jornada, mientras que las investigaciones por corrupción y delincuencia organizada pueden involucrar estructuras con numerosos procesados, varios abogados y una gran cantidad de elementos que deben ser analizados durante audiencias extensas.
Según Serrano, quienes han litigado en estas dependencias conocen que las jornadas podían extenderse hasta la medianoche o la madrugada e incluso continuar durante los fines de semana. Por ello, considera que contar únicamente el número de expedientes no permite medir la carga real de trabajo.
Una especialización que tuvo un proceso
Serrano recordó que integró esta estructura desde diciembre de 2022. La unidad estuvo inicialmente conformada por 14 jueces, seleccionados mediante un concurso con requisitos específicos relacionados con el conocimiento de delitos de corrupción y delincuencia organizada.
Después del concurso, los jueces recibieron capacitación sobre los 44 tipos penales que debían conocer y participaron en procesos de formación y cooperación internacional.
Para Serrano, por tanto, la especialización no surgió únicamente de un cambio de nombre, sino de un proceso de selección y capacitación. Por eso cuestiona que la decisión del CJ termine desmontando esta estructura.
El exjuez también plantea un cuestionamiento jurídico. Señala que los artículos 230.1 y 230.2 del Código Orgánico de la Función Judicial contemplan jueces y tribunales especializados para conocer delitos relacionados con corrupción y crimen organizado.
A su criterio, el CJ tiene facultades administrativas para organizar la Función Judicial, pero una resolución administrativa no puede estar por encima de una ley orgánica.
Serrano advierte que esta situación podría generar cuestionamientos sobre la competencia de los nuevos juzgadores y, eventualmente, pedidos de nulidad dentro de algunos procesos.
El problema no se resuelve solo con más jueces
Frente al argumento de que la reorganización permitirá pasar de 19 a más de 50 jueces habilitados, Serrano sostiene que aumentar el número no necesariamente resuelve el problema si las nuevas dependencias ya tienen una elevada carga procesal.
Mencionó particularmente a la Sala Penal de Pichincha y cuestionó que, pese a la carga que ya soporta, se le asignen nuevas causas de corrupción y delincuencia organizada.
También consideró que la emergencia de la Función Judicial no debería convertirse en un argumento para desmantelar estructuras especializadas.
A su criterio, el Consejo de la Judicatura debería exigir al Gobierno los recursos necesarios para cubrir la falta de jueces, mejorar la infraestructura y garantizar la seguridad de quienes conocen estas causas.
Serrano reconoció que existen cuestionamientos al desempeño de algunos jueces Anticorrupción y que esos casos deben ser investigados y evaluados individualmente. Sin embargo, sostuvo que evaluar a jueces no significa eliminar una especialidad.
También afirmó que algunos magistrados comenzaron a resultar incómodos para autoridades de turno debido a sus pronunciamientos públicos y vinculó este escenario con la salida de Mario Godoy de la presidencia del CJ, que atribuyó a injerencias.
Para el exjuez, el país necesita fortalecer la judicialización de las investigaciones contra estructuras criminales.
Las capturas de líderes de organizaciones criminales, sostuvo, requieren una respuesta judicial especializada que permita procesar estos casos de manera adecuada y garantizar su judicialización conforme a la ley.
Radio Pichincha
LV