Artículo 630 del COIP, la clave para definir la suspensión condicional de la pena de Lenín Moreno y otros

La defensa del expresidente Lenín Moreno solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) la suspensión condicional de la pena de cinco años de prisión que le fue impuesta por el delito de cohecho en el caso Sinohydro. El pedido también fue presentado a favor de otros sentenciados y es analizado en la audiencia convocada para este lunes 7 de septiembre de 2026.

Entre los abogados que sustentan estas solicitudes está David Meza, defensor de Lenín Moreno, su esposa Rocío González y su hija Irina Moreno. Las defensas sostienen que debe aplicarse el artículo 630 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en la versión que estaba vigente cuando ocurrieron los hechos investigados.

El debate sobre la reforma de 2021

Los hechos por los que fueron sentenciados ocurrieron entre 2010 y 2018, cuando el cohecho todavía no constaba entre los delitos excluidos de la suspensión condicional de la pena.

La modificación del artículo 630 fue incorporada mediante la Reformatoria al COIP, publicada el 17 de febrero de 2021. Sin embargo, la disposición final estableció que la reforma entraría en vigencia 180 días después, el 16 de agosto de 2021.

Desde entonces, el artículo 630 establece expresamente que la suspensión condicional de la pena no procede, entre otros delitos, en los casos de cohecho.

Por ello, el Tribunal deberá determinar cuál era la norma aplicable a hechos ocurridos antes de esa reforma y si corresponde utilizar la regulación anterior, que resultaba menos restrictiva para los sentenciados.

El principio de favorabilidad

El principal argumento jurídico de las defensas es el principio de favorabilidad, previsto en el artículo 76, numeral 5, de la Constitución.

David Meza sostiene que aplicar una norma posterior que estableció una condición más restrictiva para acceder a la suspensión condicional de la pena vulneraría este principio.

La defensa considera que el artículo 630 debe analizarse tomando en cuenta la normativa vigente al momento en que ocurrieron los hechos.

La Constitución establece que, cuando exista conflicto entre dos leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, debe aplicarse la menos rigurosa, incluso si fue promulgada después de la infracción.

También determina que, en caso de duda sobre una norma que contenga sanciones, esta debe aplicarse en el sentido más favorable a la persona infractora.

El debate planteado por las defensas se centra, por tanto, en la reforma que modificó el artículo 630 del COIP en 2021 y en sus efectos frente a hechos ocurridos entre 2010 y 2018.

Los pedidos de Lenín Moreno, Rocío González e Irina Moreno

En la audiencia, el abogado David Meza asumió la defensa unificada del núcleo familiar integrado por el expresidente, su esposa Rocío González y su hija Irina Moreno.

La solicitud de suspensión abarca a González, sentenciada a dos años y seis meses de prisión como cómplice, pues su defensa sostuvo que cumple los requisitos del artículo 630 del COIP al tener una condena inferior a cinco años y no registrar sentencias en firme ni otros procesos penales en curso.

Para asegurar el beneficio y evitar el ingreso a prisión, la defensa ofreció consignar la reparación integral solicitada sin esperar a que la condena esté ejecutoriada, aclarando que esta medida no implica una aceptación de culpabilidad.

Para respaldar de forma concreta dicha obligación, se puso a disposición del juez el patrimonio del grupo familiar.

Entre las garantías económicas expuestas por Meza constan certificaciones del Banco del Pacífico, la plantilla de un predio adicional y un inmueble en la calle Alonso Torres con un avalúo comercial de USD 233.284,39, además de la documentación de un terreno aportado por Irina Moreno.

Con estos bienes y el compromiso de cumplir las medidas del artículo 631 del COIP (como fijar domicilio e ir a presentaciones periódicas), se busca ratificar la idoneidad del recurso para la familia del exmandatario.

Meza sostiene que el Tribunal debe realizar un análisis individual de las circunstancias de cada persona sentenciada.

En el caso de Irina Moreno, la defensa expuso que es madre de dos menores de cinco y siete años y que su esposo enfrenta una enfermedad complicada, adjuntando la documentación correspondiente y recordando que ha cumplido rigurosamente las medidas cautelares impuestas durante la causa.

El pedido también alcanza a Edwin y Guillermo Moreno, Martha González, Patricia Patiño, Conto Patiño, Juan Carlos Patiño, Manuel Ignacio Patiño, Eduardo Carmigniani, Carlos Almeida, Cai Runguo y Song Dongsheng. Debido a que las penas impuestas son diferentes, las defensas plantean que cada solicitud debe ser examinada de manera individual.

La situación personal de Lenín Moreno

En el caso del expresidente, Meza pidió que el Tribunal considere también sus circunstancias personales. Lenín Moreno tiene 73 años y presenta una discapacidad física que le impide caminar y lo obliga a movilizarse en silla de ruedas.

La defensa señaló que Moreno vive con esta discapacidad por cerca de tres décadas y presentó documentación relacionada con su situación personal, económica y patrimonial para respaldar las condiciones que eventualmente podría establecer el Tribunal, incluida la reparación integral al Estado que supera los USD 58.000 únicamente para el exjefe de Estado.

El Tribunal deberá decidir si las solicitudes cumplen los requisitos

Las defensas sostienen que la suspensión condicional de la pena no elimina la sentencia ni desconoce la responsabilidad penal determinada judicialmente.

Lo que solicitan es que la pena privativa de libertad no sea ejecutada, siempre que los sentenciados cumplan las condiciones que establezca el juzgador, incluidas las relacionadas con la reparación integral y las medidas de control previstas en el COIP.

El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia deberá analizar, en primer lugar, qué versión del artículo 630 del COIP resulta aplicable a hechos ocurridos entre 2010 y 2018.

A partir de ello, deberá determinar si las solicitudes cumplen los requisitos legales y si corresponde aplicar el principio de favorabilidad. Además, deberá valorar de manera individual las circunstancias de Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno y los demás sentenciados, antes de resolver sobre la suspensión de la ejecución de sus respectivas penas.

Radio Pichincha

LV

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