El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó, este miércoles 2 de septiembre de 2026, que implementará un sistema de conteo rápido para las elecciones seccionales de alcaldes y prefectos del próximo 29 de noviembre.
La decisión representa un cambio de rumbo técnico para el organismo, que tradicionalmente se había mostrado reticente a aplicar esta herramienta en procesos locales y de segunda vuelta.
El anuncio coincide con la defensa institucional del CNE, frente a la descalificación de la candidatura de Luisa González a la Prefectura de Manabí, y con la respuesta formal ante el exhorto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la pluralidad y las garantías del proceso democrático en el país.
¿Cómo funcionará?
El consejero y presidente del CNE, José Cabrera, confirmó desde la Delegación Electoral de Pichincha —donde asistió al sorteo de los miembros de las Juntas Receptoras del Voto— que el conteo rápido es un hecho y está plenamente contemplado dentro de la planificación operativa del proceso.
La aplicación de este mecanismo ha sido un punto de fricción histórica en el CNE, que en elecciones anteriores (como los balotajes presidenciales) prefirió evitar el conteo rápido argumentando complicaciones logísticas y riesgos de confusión pública. Sin embargo, Cabrera desestimó estas preocupaciones para los comicios de noviembre.
“No es ningún riesgo, tenemos profesionales que sabemos y lo hemos hecho ya en otros procesos. Dentro del plano operativo está contemplado el conteo rápido”.
El sistema generará una estimación estadística preliminar de las tendencias de votación valiéndose de una muestra representativa de actas de las Juntas Receptoras del Voto (JRV). Esto permitirá a la ciudadanía conocer las primeras inclinaciones electorales poco después del cierre de las urnas. Sin embargo, el CNE ha sido enfático en que estos datos no son oficiales ni sustituyen el escrutinio formal que determina legalmente a los ganadores de cada alcaldía o prefectura.
El pleno del CNE deberá sesionar en los próximos días para definir en qué provincias y cantones específicos se desplegará el muestreo del conteo rápido. Aunque la prioridad inicial apunta a las principales jurisdicciones del país, Cabrera no descartó la posibilidad técnica de extender el mecanismo a la totalidad de las provincias y cantones si el pleno así lo decide.
CNE ratifica descalificación de Luisa González
En el plano político, José Cabrera defendió la resolución del pleno del CNE que negó la calificación de la precandidatura de Luisa González a la Prefectura de Manabí bajo el auspicio del movimiento Pachakutik.
Cabrera explicó que, si bien el Código de la Democracia faculta a las organizaciones políticas a postular a ciudadanos independientes o no afiliados a su militancia, la ley exige de forma estricta que esta opción esté expresamente regulada en el reglamento interno de cada partido o movimiento político. En el caso del brazo político del movimiento indígena, dicha disposición no consta en sus normativas internas vigentes, imposibilitando la inscripción formal de González.
Ante esta negativa, la defensa de la exaspirante presidencial ya ha anticipado que apelará la resolución ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), órgano jurisdiccional que tendrá la última palabra sobre su participación.
Mientras se resuelven estas disputas, el CNE informó que, con corte al mediodía del 2 de septiembre, se encuentran en firme 3.816 candidaturas que no han recibido objeciones, de las cuales 211 corresponden a alcaldes y 29 a prefectos.
Respuesta a la CIDH y veeduría de la OEA
La institucionalidad electoral ecuatoriana también debió responder a la presión de la comunidad internacional. El pasado lunes 31 de agosto, la CIDH emitió un pronunciamiento exhortando a Ecuador a asegurar condiciones de “participación política plural e igualitaria”, tras recibir alertas sobre decisiones administrativas y judiciales que han afectado la personería jurídica de partidos como Revolución Ciudadana, Construye, Unidad Popular y Amigo.
Cabrera minimizó el carácter confrontativo del comunicado, aclarando que el CNE no se siente aludido de manera directa.
“No voy a calificar si está de más o no, es una observación que están haciendo al Estado, no en específico al CNE”.
Aun así, el titular del organismo ratificó la plena disposición de la función electoral para ampliar informes o remitir explicaciones detalladas a la CIDH y a la OEA en caso de que sean requeridas formalmente.
Asimismo, confirmó que la Secretaría General de la OEA mantendrá una estricta veeduría del proceso de noviembre mediante el despliegue de su Misión de Observación Electoral en el país.