La Fiscalía continúa investigando un presunto centro de extorsión donde usaban fotografías personales como instrumento de presión.
Según las versiones entregadas a la Fiscalía General del Estado por trabajadores de la misma empresa que figuraba como call center, los operadores utilizaban plantillas digitales editables para fabricar falsos “boletines de búsqueda” con las fotografías de personas que mantenían deudas con aplicaciones de préstamos.
Los montajes no se limitaban a identificar al supuesto deudor. Los operadores añadían textos que lo vinculaban con delitos graves. Entre las acusaciones mencionadas en las declaraciones aparecen pedofilia, violación, secuestro de niños, estafa y robo. La finalidad, según los testimonios, era aumentar la presión para conseguir el pago.
Los trabajadores describieron envíos mediante WhatsApp, Telegram, Facebook y mensajes de texto, utilizando información de contacto que, según las indagaciones, las aplicaciones de crédito obtenían de los dispositivos de sus usuarios.
Una oficina que funcionaba como centro de cobranzas
El caso salió a la luz el 21 de agosto, cuando la Policía Nacional intervino unas oficinas ubicadas en el centro-norte de Quito. El inmueble funcionaba bajo la denominación comercial de una empresa que públicamente ofrecía puestos de trabajo como gestores y asesores de cobranza.
En publicaciones laborales asociadas a la compañía ofrecían puestos de gestor de cobranza con un salario base de $ 470 más comisiones y describían tareas relacionadas con recuperación de cartera.
Durante un operativo, las autoridades de Policía encontraron decenas de trabajadores frente a computadoras y teléfonos. Había 118 personas, pero solo diez fueron detenidas, entre ellas el ciudadano chino Yang X., señalado por las autoridades como responsable de la estructura investigada.
La investigación también identificó a trabajadores que cumplían funciones de supervisión y auditoría. Según las versiones recogidas por Fiscalía, esos mandos controlaban el trabajo de los operadores y exigían resultados en las gestiones de cobro.
La noche del sábado 22 de agosto, la Fiscalía pidió prisión preventiva para los diez procesados por el presunto delito de asociación ilícita con fines de intimidación y extorsión.
“Secuestrador de niños”: así funcionaban las plantillas
Dentro del proceso judicial, una de las trabajadoras relató ante la Fiscalía que en las computadoras existían plantillas que los operadores podían editar. Allí supuestamente incorporaban la fotografía del cliente y modificaban el texto según el tipo de presión que debían ejercer.
En su versión, la empleada describió una plantilla que utilizaba imágenes de niños abrazados y que acompañaba la fotografía del cliente con acusaciones relacionadas con secuestro de menores o estafa. La declaración forma parte de las versiones voluntarias recogidas durante la investigación.
Los testimonios muestran así un mecanismo que aprovechaba la exposición social como herramienta de cobro. El objetivo no era únicamente contactar al deudor, sino llevar la amenaza hasta su círculo personal para aumentar el costo social de no pagar.
De la deuda al teléfono de familiares y amigos
La investigación apunta a que el mecanismo comenzaba cuando una persona solicitaba un crédito mediante determinadas aplicaciones móviles que ofrecen la entrega de montos de manera “rápida”.
Según las versiones de los trabajadores, las aplicaciones podían acceder a información almacenada en los teléfonos, entre ella fotografías, datos personales y contactos. Esa información permitía establecer una vía de comunicación con personas distintas al titular del crédito.
La estructura de cobro utilizaba entonces esos datos para ejercer presión. Cuando un cliente no cumplía con el pago, los operadores podían recurrir a mensajes, llamadas y boletines digitales.
La investigación sostiene que estos métodos formaban parte de una estrategia de cobranza agresiva aplicada a clientes de varios países.
El esquema tenía además una dimensión internacional. De acuerdo con la información publicada tras el operativo, la empresa gestionaba carteras de personas de México, Colombia, Perú y Chile desde sus oficinas en Quito.
Los trabajadores también estaban bajo presión
Los testimonios no solo describieron las prácticas dirigidas contra los deudores. También expusieron el aparente sistema interno al que, según los trabajadores, estaban sometidos los operadores.
Las versiones señalan que los empleados supuestamente debían cumplir metas de recuperación y entregar evidencias de las gestiones realizadas. En algunos casos, los trabajadores afirmaron que las auditorías incluían la revisión de sus computadoras y teléfonos.
La investigación señala además que los empleados supuestamente enfrentaban sanciones económicas cuando no cumplían determinadas metas. Según las declaraciones recogidas, esas presiones buscaban mantener un nivel constante de cobranza.
El “boletín” como arma de presión
El elemento que se repite en las declaraciones es la utilización de la imagen personal del deudor para aumentar la presión. Una deuda podía convertirse así en un montaje que involucraba públicamente a la persona con delitos que, según los testimonios, nunca había cometido.
La estrategia aprovechaba un punto particularmente sensible: la reputación. Un mensaje privado podía convertirse en una fotografía acompañada de una acusación falsa y enviada a familiares, amigos o compañeros de trabajo.
La Policía y la Fiscalía investigan ahora la estructura que operaba desde Quito y su posible relación con las aplicaciones de préstamos utilizadas en otros países.
Durante el allanamiento diez personas fueron detenidas y se recopilaron dispositivos, información y testimonios que forman parte de la investigación. El caso permanece bajo investigación.
Fuente: El Universo
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