En las costas de la provincia de Manabí, la rutina diaria de la pesca se ha transformado en una lucha por la supervivencia. Los pescadores artesanales de comunidades como San Mateo y Jaramijó denuncian encontrarse en un “fuego cruzado” mortal. En tierra son extorsionados por cárteles de la droga para transportar cocaína; en alta mar, se enfrentan a ataques con drones por parte de una campaña antinarcóticos liderada por Estados Unidos.
Desde septiembre pasado, la presencia militar estadounidense en el Pacífico ecuatoriano se ha intensificado bajo la denominada Operación Lanza del Sur (Southern Spear). Según un reporte de Reuters, esta campaña ha resultado en la destrucción de 67 barcos y la muerte de más de 220 personas. Aunque el Comando Sur de EE.UU. ha guardado silencio sobre ataques específicos citando “seguridad operativa”, expertos y sobrevivientes señalan una huella militar distintiva.
Uno de los casos más documentados es el del barco Negra Francisca Duarte II. El 17 de marzo, la tripulación de 16 hombres fue sorprendida por el zumbido de un dron antes de que un proyectil incendiara la nave.
Simón Villacreses, un pescador de 52 años que resultó herido en el ataque, relató la traumática experiencia. “Empezaron a apuntarnos con armas. Nos subieron a bordo, nos pusieron capuchas en la cabeza y nos ataron las manos a la espalda”, dijo tras ser rescatado por hombres armados de habla inglesa con uniformes militares. La conmoción ha sido tal que Villacreses señala que quizás dejará de pescar para siempre.
Por su parte, Leonel Pilay, otro sobreviviente de 21 años, sostiene la inocencia de la tripulación, subrayando que incluso habían sido inspeccionados por las autoridades locales poco antes del incidente. “Somos pescadores. La guardia costera ecuatoriana nos abordó, nos registró, no encontró nada”, indicó a Reuters.
En tierra, la situación no es menos hostil. Organizaciones criminales como Los Choneros y Los Lobos, designadas como grupos terroristas por EE.UU. y vinculadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, han tomado el control de los puertos.
Estos grupos imponen a los pescadores una elección imposible: colaborar en el tráfico de narcóticos por pagos de hasta USD 40.000 por viaje o pagar “vacunas” (extorsiones) de USD 1.200 solo por el derecho a pescar.
María Mero, esposa de un pescador de la embarcación Fiorella (cuyos ocho tripulantes están desaparecidos desde enero de 2026), describe el clima de terror que impera en la comunidad. “Los pescadores ni siquiera quieren salir ahora”.
A pesar de las grandes incautaciones de droga reportadas —más de 91.000 kilogramos de cocaína hasta abril—, diversos especialistas cuestionan si bombardear barcos pequeños es la solución definitiva.
En la misma línea, Michelle Maffei, experta en crimen organizado de la Universidad de Guayaquil, señala que el enfoque gubernamental ignora que el grueso de la droga se mueve por puertos comerciales y que los pescadores son solo el eslabón más débil. “El crimen organizado entiende una realidad central: todos son reemplazables”, mencionó en Reuters.
Mientras las operaciones militares y la expansión de los cárteles continúan, los pescadores de Manabí permanecen atrapados en un conflicto donde las redes de pesca son, cada vez más, sustituidas por redes de narcotráfico o cenizas en el océano.
Radio Pichincha
LV