El proceso judicial contra Naveed Akram, señalado como responsable de la muerte de 15 personas durante una celebración de Janucá en Sídney, avanza con una abrumadora cantidad de pruebas. La Fiscalía informó este miércoles ante el Tribunal Local de Downing Centre que ya se han registrado más de 800 declaraciones de testigos, mientras continúa el análisis de material adicional.
Un ataque con vínculos terroristas
Akram, de 25 años, enfrenta 78 cargos vinculados a la masacre ocurrida el 14 de diciembre en Bondi Beach. Según las autoridades, el ataque fue inspirado por el grupo Estado Islámico. Durante la audiencia, la fiscal Danielle New detalló la magnitud de la evidencia recopilada: además de los testimonios, se han revisado videos, pruebas balísticas y datos de siete dispositivos electrónicos. Aún queda por examinar información de otros 12 dispositivos y el informe sobre artefactos explosivos improvisados.
De acuerdo con la acusación, Akram y su padre, Sajid Akram, de 50 años, iniciaron el ataque lanzando cuatro artefactos explosivos improvisados contra una multitud judía. Aunque ninguno detonó, la policía los consideró “viables”. Se trataba de tres bombas de tubo de aluminio y una bomba fabricada con una pelota de tenis, que contenían explosivo, pólvora y rodamientos de acero. Además, en el maletero del vehículo de Akram se halló un artefacto de mayor tamaño cubierto con banderas del Estado Islámico.
El padre de Akram murió en un tiroteo con la policía, mientras que el acusado resultó herido. Naveed Akram no presentó declaración de culpabilidad ni inocencia ante los cargos de asesinato, intento de asesinato y comisión de un acto terrorista. La audiencia fue aplazada hasta el 28 de octubre, cuando la Fiscalía deberá informar sobre el avance de la investigación.
Nuevos cargos y protección a víctimas
El pasado 6 de mayo se celebró una audiencia procesal en el Tribunal Local de Downing Centre para debatir una orden de silencio que impide revelar la identidad de víctimas y sobrevivientes que no hayan optado por hacerse públicos. Desde la última comparecencia de Akram, el 15 de abril se añadieron 19 cargos más al expediente, entre ellos:
- 10 por intento de homicidio con arma de fuego
- 6 por disparar un arma con intención de resistirse al arresto
La investigación policial es una de las tres pesquisas oficiales que analizan el peor presunto ataque terrorista de Australia y el tiroteo masivo más letal del país en 29 años. Otra comisión, centrada en la interacción entre las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia antes del ataque, publicó en abril un informe preliminar que recomendó endurecer el control de armas. Esta revisión forma parte de una comisión real más amplia que examina la prevalencia del antisemitismo y las circunstancias del tiroteo de Bondi.
Reformas legislativas tras la tragedia
Australia promulgó leyes que reforzaron el control de armas, endurecieron los controles de antecedentes para la concesión de licencias y establecieron medidas más severas contra los delitos motivados por el odio, en respuesta al tiroteo masivo en Bondi Beach. Dos proyectos de ley —uno para el control más estricto de armas y otro para combatir el odio— fueron aprobados por la Cámara de Representantes y el Senado en una sesión extraordinaria del Parlamento. Las reformas sobre armas contaron con el respaldo del partido de los Verdes, pese a la oposición de la coalición conservadora Liberal-Nacional, mientras que las leyes contra el odio recibieron el apoyo del partido Liberal.
El ministro del Interior, Tony Burke, presentó las reformas señalando que el ataque del 14 de diciembre de 2025, que dejó 15 víctimas fatales, fue perpetrado por personas con “odio en el corazón y armas en las manos”.
“Los trágicos sucesos de Bondi exigen una respuesta global por parte del gobierno. Como gobierno debemos hacer todo lo posible para contrarrestar tanto la motivación como el método”, declaró Burke.
Las medidas incluyeron un programa nacional de recompra de armas, controles de antecedentes más rigurosos para otorgar licencias y sanciones más duras para los delitos de odio, en un intento por evitar nuevos episodios de violencia de esta naturaleza en Australia.
Fuente: Infobae