Ecuador pasó de alerta amarilla a naranja por la evolución de las condiciones asociadas al fenómeno del Niño. El monitoreo permanente evidencia una alta probabilidad de que el evento se desarrolle en los próximos meses, aunque todavía no es posible establecer la intensidad con la que se presentaría.
Se prevé que el evento climático podría tomar fuerza a finales de 2026 e inicios de 2027.
Desde mayo pasado, cuando se emitió la primera alerta, el Gobierno, como parte de sus acciones, exhortó a los gobiernos provinciales y cantonales a elaborar estrategias de prevención y respuesta frente al fenómeno. El plazo para cumplir con esta disposición venció el pasado 22 de junio.
La disposición para la presentación de los planes fue a escala nacional, con énfasis en las 17 provincias, 143 cantones y 491 parroquias de Ecuador en los que rige la alerta naranja.
De los 246 gobiernos autónomos descentralizados (GAD), 218 han presentado sus planes de acción para enfrentar una eventual emergencia.
De ese total, 49 fueron devueltos por observaciones técnicas y una de las localidades dentro de la alerta naranja, el GAD de El Triunfo, aún no entrega la documentación.
Por fuera de la alerta naranja figuran 27 localidades pendientes de entregar los planes, entre ellas los GAD cantonales y provinciales de Sucumbíos, Napo, Zamora Chinchipe, Orellana, Tungurahua y Pichincha.
La titular de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), Carolina Lozano, remarcó que la entrega tardía que se observó en el llamado a los gobiernos locales constituyó un primer incumplimiento, ya que el objetivo era que las administraciones dispusieran de tiempo suficiente para planificar y ejecutar las obras preventivas antes de que aumente el riesgo de afectaciones.
Planes que fueron devueltos
Lozano detalló que los 49 planes fueron devueltos porque presentaban inconsistencias técnicas que deberán ser subsanadas antes de recibir su validación definitiva. Allí figuran localidades en Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, Carchi, Galápagos y Los Ríos.
Según la titular de la Secretaría, los principales problemas detectados no son de forma, sino de contenido.
Entre las observaciones más frecuentes constan la delimitación inadecuada de las zonas de vulnerabilidad, la ausencia de presupuesto para ejecutar las acciones previstas, cronogramas incompatibles con la llegada del fenómeno y la falta de medidas concretas para reducir el riesgo.
“Lo que estamos observando es qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, hasta cuándo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer”, explicó Lozano.
Publicidad
Añadió que identificar barrios inundables no convierte un documento en un verdadero plan de acción si no existen financiamiento y una programación clara para intervenirlos.
La funcionaria recordó, además, que los pronósticos apuntan a que el mayor impacto del fenómeno se registre entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del siguiente, por lo que las propuestas que planteen obras de dos o tres años de ejecución no figurarían como respuesta inmediata esperada.
El plan nacional se aproxima a los 650 millones de dólares
Como parte de la preparación, el Ejecutivo estructuró un presupuesto consolidado para el plan de acción ante el evento del Niño que asciende a $ 649′818.933,46. De dicho rubro, las carteras de Estado con mayor asignación para la fase de prevención son el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT), el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) y el Ministerio de Salud Pública (MSP). Las tres entidades concentran cerca del 50 % de ese presupuesto.
Los recursos están distribuidos en todas las fases del ciclo de gestión del riesgo: preparación, prevención, mitigación, respuesta y recuperación. En este momento, la prioridad presupuestaria se concentra en las acciones preventivas.
Por ejemplo, la SNGR está en una fase precontractual de insumos como kits de alimentos, higiene y limpieza, tanques de almacenamiento de agua e incluso alojamientos temporales unifamiliares, que son una especie de contenedores.
Las inspecciones y posibles sanciones
Una vez concluya la revisión documental, el Gobierno iniciará inspecciones en territorio para verificar que los municipios realmente ejecuten las acciones comprometidas.
Las visitas comenzarán por las provincias con mayor probabilidad de impacto y estarán lideradas por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos junto con los ministerios competentes.
Lozano explicó que si durante esas verificaciones se detectan incumplimientos, podrán iniciarse procesos sancionatorios.
Recordó que Ecuador cuenta desde 2024 con la Ley Orgánica de Gestión de Riesgos, herramienta que permite exigir el cumplimiento de las obligaciones de los gobiernos autónomos descentralizados.
“No queremos que se entienda que somos un Gobierno que quiere sancionar; al contrario, queremos prevenir. Pero si, a pesar de la asesoría técnica y del acompañamiento, no se cumplen las obligaciones, hay que sentar un precedente”, afirmó.
El 15 de agosto será la fecha clave
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos fijó el próximo 15 de agosto como la fecha límite para concluir la validación técnica de los 246 planes de acción.
Ese día, el Gobierno espera contar con un diagnóstico nacional sobre el estado de ejecución de cada municipio y prefectura, además de presentar un visor que permitirá identificar las zonas de mayor vulnerabilidad, la infraestructura crítica expuesta y los sectores prioritarios para la intervención estatal.
Desde esa fecha también comenzarán las visitas de verificación en territorio. (I)
Fuente: El Universo