La prueba de confianza será uno de los principales filtros del concurso de méritos y oposición para seleccionar jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso con el que el Consejo de la Judicatura (CJ) prevé que durante el primer trimestre de 2027 el máximo tribunal cuente con todas sus vacantes cubiertas, evitando así que se profundice el déficit de magistrados por la salida de varios de ellos al concluir sus períodos.
En una entrevista concedida este martes 14 de julio de 2026 a Teleamazonas, la presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, explicó que este mecanismo busca fortalecer la transparencia del concurso y evitar que se repitan los inconvenientes que provocaron la nulidad de los dos procesos anteriores para la renovación parcial de la Corte Nacional.
La funcionaria señaló que el reglamento del concurso, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 3 de julio de 2026, constituye el primer paso para poner en marcha el proceso, ya que establece las reglas que regirán la convocatoria y el desarrollo de la selección de jueces nacionales.
Actualmente, aunque la Constitución establece que la Corte Nacional debe estar integrada por 21 jueces, el tribunal cuenta únicamente con 10 magistrados titulares. A ello se suma que entre enero y marzo de 2027 concluirán sus períodos seis jueces y un conjuez, por lo que el concurso busca evitar que la institución enfrente un mayor déficit de autoridades.
La prueba de confianza será un eje del concurso
Caicedo señaló que una de las principales novedades del proceso será la incorporación de la prueba de confianza como parte de la planificación del concurso, luego de que los dos intentos anteriores para renovar parcialmente la Corte Nacional fueran anulados por cuestionamientos relacionados con ese mecanismo.
Indicó que, al asumir la Presidencia del Consejo de la Judicatura, solicitó un pronunciamiento a la Corte Nacional sobre la aplicación de esta prueba, con el objetivo de mantener un mecanismo de control que permita excluir a los postulantes que no superen la evaluación y, al mismo tiempo, otorgar garantías jurídicas para evitar nuevas impugnaciones.
Explicó que la evaluación será realizada por empresas externas especializadas y legalmente constituidas, cuyos resultados no podrán ser alterados por ninguna autoridad del Consejo de la Judicatura.
Además, sostuvo que el proceso garantizará transparencia en todas sus etapas mediante la difusión permanente de información y la publicación de los resultados para asegurar la trazabilidad del concurso.
La titular del organismo agregó que quienes aspiren a convertirse en jueces participarán de forma voluntaria en el proceso y deberán autorizar la entrega de la información necesaria para las verificaciones correspondientes, con el propósito de fortalecer la legitimidad del concurso, garantizar la idoneidad de los postulantes y generar mayor confianza ciudadana.
Cronograma dependerá de posibles acciones judiciales
La presidenta de la Judicatura indicó que el objetivo es que las vacantes queden cubiertas cuando finalicen los períodos de varios magistrados, previstos entre enero y marzo de 2027.
Sin embargo, reconoció que el cronograma podría modificarse si durante el proceso se presentan acciones de protección u otras medidas judiciales que suspendan el concurso, como ocurrió en convocatorias anteriores.
No obstante, expresó su expectativa de que esta vez el proceso pueda desarrollarse sin interrupciones.
Se requieren recursos para nuevos concursos
Durante la entrevista, Caicedo también abordó la situación presupuestaria del Consejo de la Judicatura. Explicó que el concurso para jueces y conjueces de la Corte Nacional cuenta con financiamiento, para lo cual la institución realizó ajustes internos en su presupuesto.
Añadió que será necesario obtener recursos para otros concursos previstos, entre ellos la selección de jueces de la Corte Constitucional y el concurso para 800 jueces a escala nacional, cuya ejecución está prevista para 2027.
Precisó que el Consejo ya remitió al Gobierno los requerimientos presupuestarios para el próximo ejercicio fiscal, incluyendo los recursos destinados a esos procesos de selección.
Protección para jueces y fortalecimiento institucional
En materia de seguridad, Caicedo informó que el Consejo de la Judicatura está próximo a expedir un plan de protección para jueces y señaló que la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica deberá entregar la propuesta hasta el 17 de julio.
Además, recordó que existe un convenio con el Ministerio del Interior mediante el cual alrededor de 200 policías brindan seguridad en complejos y unidades judiciales, y señaló que también se ha solicitado cooperación internacional para fortalecer la protección de jueces, fiscales, instalaciones judiciales y sus familias.
Procesos disciplinarios y combate a la corrupción
Respecto a la lucha contra la corrupción, la presidenta de la Judicatura aseguró que la institución mantiene sesiones permanentes para evitar la prescripción de expedientes disciplinarios y determinar responsabilidades de funcionarios que habrían permitido que algunos procesos quedaran sin sanción.
Agregó que la Dirección Nacional de Transparencia ha remitido información a la Fiscalía cuando ha identificado posibles irregularidades, mientras que las investigaciones penales sobre presuntas redes de corrupción corresponden al Ministerio Público y el Consejo continúa impulsando los procedimientos administrativos que sean pertinentes.
Radio Pichincha
LV