La Misión Internacional de Observación prepara un informe final en el que advertirá las inconsistencias detectadas durante el concurso para la designación del Fiscal General del Estado.
Así lo informó Jaime Arellano, secretario de la misión, en una entrevista con Primera Plana, donde explicó que el organismo ha dado seguimiento al proceso para verificar el cumplimiento de estándares internacionales de transparencia, control técnico y de los procedimientos establecidos.
Concurso estancado
Arellano señaló que la misión ha constatado un estancamiento del concurso, pese a que el proceso debía desarrollarse en un plazo de seis meses.
En ese contexto, indicó que, de acuerdo con el cronograma planteado por la Comisión Ciudadana de Selección, la designación del nuevo Fiscal General podría extenderse hasta noviembre o diciembre, cuando inicialmente se proyectaba concluir entre septiembre y octubre.
Según indicó, el principal problema radica en que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aún no ha dado paso al informe final de calificación y recalificación de méritos, situación que llevó a la Comisión Ciudadana de Selección a solicitar una ampliación del cronograma.
Tres observaciones
El secretario de la misión sostuvo que el informe final recogerá tres aspectos que generan especial preocupación.
- El primero es la ausencia de un perfil técnico del cargo y de un espacio para que los postulantes expongan públicamente sus estrategias de persecución penal. A su criterio, la ciudadanía debía conocer cómo cada candidato plantea combatir la corrupción y cuáles son sus propuestas para dirigir la Fiscalía General del Estado.
- Como segundo punto, Arellano cuestionó la integración de la Comisión Ciudadana de Selección. Afirmó que ese organismo debía estar conformado por personas con el perfil y la experiencia adecuados para escoger al próximo Fiscal General, pero, según dijo, algunos de sus integrantes no contaban con experiencia profesional suficiente y, en otros casos, no tenían vinculación con el ámbito de la justicia penal.
- El tercer aspecto, agregó, es el incumplimiento de los plazos establecidos para el concurso. Indicó que esta preocupación no solo ha sido planteada por la misión, sino también por la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, quien -según Arellano- ha señalado que los fiscales deben ser designados mediante procesos transparentes, con control ciudadano y respetando las garantías de independencia.
¿Hubo favoritismos?
En materia de transparencia, Arellano también cuestionó que el Cpccs demorara la publicación de los expedientes de los postulantes.
Explicó que inicialmente se argumentó que algunos candidatos no habían autorizado la difusión de esa información, pero sostuvo que quienes aspiran a un cargo público deben someterse al escrutinio ciudadano.
A su juicio, la publicación tardía de los expedientes dificultó que las organizaciones de la sociedad civil pudieran revisar la documentación de manera simultánea al trabajo de la Comisión Ciudadana de Selección e identificar oportunamente posibles errores.
Sobre las presuntas irregularidades en la calificación de méritos, Arellano afirmó que la misión recibió información de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el grupo de seguimiento encabezado por Paúl Ocaña, que será incorporada al informe final.
Indicó que se les reportaron casos de una aparente doble calificación de una misma experiencia profesional para determinados postulantes, mientras que ese criterio no habría sido aplicado a otros concursantes.
También mencionó denuncias sobre el uso de distintos formularios para la declaración patrimonial, que, según las organizaciones, fueron aceptados de manera desigual entre los aspirantes.
Misión pidió reuniones
Arellano señaló que la misión ha solicitado reuniones con el Cpccs y con la Comisión Ciudadana de Selección para exponer sus observaciones y que también mantendrá encuentros con la Corte Constitucional, organizaciones de la sociedad civil, académicos y medios de comunicación.
Añadió que, de acuerdo con el cronograma planteado por la Comisión Ciudadana de Selección, el concurso podría extenderse hasta noviembre o diciembre, cuando inicialmente se proyectaba concluir entre septiembre y octubre.
Además, advirtió que el proceso enfrenta un escenario adicional por la propuesta de referendo para retirar al Cpccs la facultad de designar al Fiscal General y trasladarla a la Asamblea Nacional, aunque precisó que, independientemente del organismo encargado de la designación, cualquier mecanismo debe cumplir estándares internacionales de transparencia, criterios técnicos, reglas claras, participación ciudadana e igualdad de trato entre los postulantes.
Radio Pichincha
LV