El 24 de junio concluyó la etapa del Congreso unicameral en Perú. Aunque la sesión finalizó entre aplausos en el hemiciclo, la percepción ciudadana fue abrumadoramente negativa, alcanzando un 90% de desaprobación. Durante el período parlamentario 2021-2026, el Legislativo fue sacudido por múltiples escándalos: investigaciones por corrupción, denuncias contra congresistas, cuestionamientos a contrataciones internas y episodios que erosionaron la confianza pública en la institución.
“Se levanta la última sesión del Congreso unicameral”, declaró la Mesa Directiva al cerrar las actividades, marcando el fin de una etapa caracterizada por una intensa conflictividad política. Este cierre da paso al retorno del sistema bicameral.
Acuerdos políticos y reparto de poder
Uno de los episodios más debatidos fue la elección de autoridades que, tras pactos parlamentarios, alcanzaron la Presidencia de la República. Figuras como José Jerí y José María Balcázar, poco conocidas al inicio de la legislatura, ganaron relevancia al contar con el respaldo de diversas bancadas.
El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, señaló que estos acuerdos son parte de la negociación política, pero pierden legitimidad cuando responden a repartos de poder en lugar de buscar perfiles idóneos. “Cuando esos acuerdos van para establecer un reparto de ciertas instituciones gubernamentales, el acuerdo no tiene el grado de racionalidad de escoger a una persona adecuada”, indicó en el programa Beto A Saber de Willax.
El caso ‘Los Niños’ y los ‘mochasueldos’
Otro de los casos que sacudió al Congreso fue el denominado caso ‘Los Niños’, en el que congresistas de la bancada de Acción Popular fueron señalados por presuntas negociaciones y solicitudes de beneficios a cambio de apoyo político durante el gobierno de Pedro Castillo.
La periodista Karla Ramírez calificó este caso como uno de los símbolos de los cuestionamientos al Parlamento, debido a las acusaciones de presiones a funcionarios para favorecer a allegados de los legisladores. “Creo que fue el caso de oro de corrupción del Gobierno de Castillo y del nuevo Congreso. Estos congresistas eran tan descarados que cogoteaban a los directores, a los altos funcionarios de los ministerios diciendo: ‘Pones a mi sobrino, pones a mi entenado, pones a mi familiar, pones a mi amigo o te la ves conmigo o te quitan del cargo’”, recordó.
A esto se sumó el caso de María Cordero, congresista de Fuerza Popular, cuyo audio con la frase “Vamos al cajero de una vez” —en referencia a un pedido de dinero a un trabajador parlamentario— quedó en la memoria colectiva. El hecho desató una controversia y llevó a investigar a varios legisladores por presuntos cobros irregulares a sus empleados, conocidos como “mochasueldos”. Entre los implicados figuran parlamentarios de bancadas como Podemos Perú, Perú Libre y Juntos por el Perú, incluido el actual candidato presidencial Roberto Sánchez.
Condenas, denuncias de violencia sexual y crisis de representación
El Congreso también fue escenario de graves denuncias por violencia sexual. Uno de los casos más impactantes fue el del excongresista Freddy Díaz, condenado por violación sexual contra una trabajadora del Parlamento, delito ocurrido dentro de su propio despacho.
Este hecho generó indignación no solo por la agresión, sino también por la respuesta del Legislativo: se cuestionó la demora en aplicar medidas contra el parlamentario y la percepción de protección política que recibió antes de una sanción definitiva. “Hay evidentemente un problema de representación generado por el sistema y también por la falta de filtro de los partidos políticos”, sostuvo García Toma en su análisis.
A ello se agregaron otras controversias, como las investigaciones por una presunta red de prostitución vinculada al Congreso tras la muerte de Andrea Vidal, además de cuestionamientos por contrataciones irregulares dentro del Parlamento.
Fiestas, polémicas y una imagen deteriorada
Durante este período, varios congresistas protagonizaron episodios que acrecentaron el rechazo ciudadano. Entre ellos, el caso de Rosselli Amuruz, cuestionada por celebrar una fiesta durante la pandemia de COVID-19, en un momento en que el país enfrentaba duras restricciones sanitarias.
También generaron polémica declaraciones públicas de otros parlamentarios, alimentando la percepción de un Congreso desconectado de las preocupaciones ciudadanas. Para analistas, el problema no fueron solo los escándalos individuales, sino también decisiones políticas con impacto económico. Fernando Altuve criticó que el Parlamento impulsara medidas que, según señaló, contribuyeron al aumento del gasto público y afectaron la situación fiscal.
Con el cierre del Congreso unicameral termina un período que será recordado por sus constantes crisis políticas y cuestionamientos. Sin embargo, el próximo Parlamento bicameral enfrentará el reto de recuperar la confianza de la ciudadanía. El nuevo escenario también genera dudas, ya que algunos futuros legisladores estuvieron vinculados como asesores o colaboradores de congresistas actuales.
Fuente: Infobae