Lo que nació como una de las principales apuestas del Gobierno de Daniel Noboa para financiar el combate a la minería ilegal acaba de sufrir un giro significativo.
La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) reformó la tasa de supervisión y control minero que había sido creada en 2025 y que aspiraba a recaudar hasta $220 millones anuales. Con la nueva normativa, publicada el 24 de junio de 2026 en el Registro Oficial, la proyección de ingresos se reduce drásticamente a $44 millones por año.
La diferencia es contundente: el Estado dejará de percibir alrededor de $176 millones anuales frente a la estimación inicial.
La principal modificación consiste en excluir del pago a las concesiones que se encuentran en fase de exploración.
Cuando la tasa fue creada, la obligación alcanzaba a prácticamente todos los titulares de derechos mineros, sin importar si ya estaban extrayendo minerales o si todavía buscaban determinar la viabilidad de un yacimiento.
Ese diseño provocó una fuerte reacción de la industria. Las empresas argumentaron que las concesiones en exploración aún no generan ingresos, ya que destinan recursos a estudios geológicos, perforaciones, análisis técnicos y trabajos de campo para determinar si existe un proyecto económicamente viable.
Paradójicamente, bajo la fórmula original, varias de estas compañías terminaban enfrentando algunos de los pagos más altos de la tasa.
La presión del sector fue constante. Incluso se presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y se solicitaron medidas cautelares para suspender el cobro.
Con la reforma, la tasa se concentra exclusivamente en las actividades que ya generan ingresos dentro de la cadena minera.
La obligación anual recaerá sobre:
Empresas de gran minería.
Operaciones de mediana minería.
Pequeña minería.
Titulares del régimen general que realizan explotación.
Licencias de comercialización.
Plantas de beneficio.
Es decir, la tasa deja de gravar la etapa de búsqueda y exploración de recursos minerales y se enfoca en las actividades productivas y comerciales.
La reforma no solo modifica quién paga, sino también cuándo se paga. Inicialmente, las empresas de gran y mediana minería debían realizar dos pagos al año. Ahora, el esquema se simplifica y la obligación será anual para todos los sujetos alcanzados.
El cálculo se realizará con corte al 31 de diciembre de cada año y el pago deberá efectuarse hasta el 31 de enero del año siguiente.
Además, el Servicio de Rentas Internas (SRI) será la entidad encargada de recaudar estos valores, que no podrán cancelarse mediante notas de crédito tributario.
El Gobierno de Noboa flexibiliza la tasa minera después de una recaudación menor a la prevista
La reforma llega después de que la recaudación real estuviera muy lejos de las expectativas oficiales.
La tasa se calcula sobre las hectáreas concesionadas y varía según el tipo de minería y la etapa del proyecto. Sin embargo, desde su implementación surgieron dificultades para el cobro.
En septiembre de 2025, la Arcom tuvo que enviar más de 1.000 notificaciones a concesionarios para exigir el pago pendiente y advertir sobre posibles procesos coactivos e incluso congelamiento de cuentas bancarias.
El incumplimiento también tenía otra consecuencia potencialmente más grave: la pérdida de las concesiones mineras. La normativa vigente contempla la posibilidad de declarar la caducidad de derechos mineros cuando no se cancelan las tasas correspondientes.
La exclusión de las concesiones en exploración representa un alivio para las empresas que aún no generan ingresos y que enfrentan elevados costos de inversión y riesgo.
Sin embargo, para las finanzas públicas implica reconocer que la meta inicial era difícil de alcanzar.
La nueva resolución tendrá efecto inmediato. Las empresas en exploración no deberán cancelar valores correspondientes al período comprendido entre el 1 de diciembre de 2025 y la entrada en vigencia de la reforma.
En adelante, el cobro se aplicará únicamente desde el 24 de junio hasta el 31 de diciembre de 2026 para los contribuyentes que permanecen dentro del esquema.
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