Una publicación del abogado Eduardo Carmigniani señala que su vinculación con el caso Sinohydro, por presunto cohecho, forma parte de una supuesta persecución política sin sustento legal ni probatorio, por lo que asegura que su inocencia queda confirmada.
¿Hubo entrega de dinero por parte de Carmigniani?
En el escrito del 21 de junio de 2026, se expone que, tras 21 días de audiencia en los que la Fiscalía presentó sus pruebas -incluyendo pericias, testimonios, documentos y asistencias penales internacionales-, no se habría evidenciado la entrega de dinero relacionado con supuestos sobornos.
Añadió que esta conclusión se respalda en la declaración de la perito Morales Tumbaco, designada por la propia Fiscalía, quien revisó sus cuentas y el expediente completo sin encontrar irregularidades.
“Ella revisó mis cuentas y el expediente completo y no encontró nada, porque no había, ni hay, nada que encontrar”, sostuvo.
De igual forma, afirmó que la Fiscalía no habría presentado elementos que sustenten la acusación de haber participado en actos de cohecho, insistiendo en que el proceso responde a una persecución política sin base legal.
Cuando fueron los alegatos iniciales de la audiencia de juicio, el abogado defensor de Carmigniani, José Molina Gallegos, señaló que Conto Patiño, procesado también en el caso Sinohydro, habría realizado múltiples operaciones financieras y transferencias bancarias a favor de personas naturales y jurídicas.
Según indicó, varias de estas operaciones estarían vinculadas con la Iglesia Católica y no fueron objeto de proceso penal por parte de la Fiscalía.
Tras la diligencia, Molina señaló que el caso refleja una “imputación selectiva” y cuestionó los criterios utilizados para determinar a los procesados dentro del caso.
El caso
El caso Sinohydro se encuentra en fase de juicio por presunto delito de cohecho y está vinculado a la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair, una de las obras de infraestructura más importantes del país.
La causa investiga una presunta red de pagos irregulares relacionados con la adjudicación y ejecución del contrato a la empresa china Sinohydro Corporation.
El presunto perjuicio al Estado
Según la Fiscalía, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2008 y 2018, período en el que se habrían configurado mecanismos para favorecer la contratación del proyecto. Dentro de la investigación se analiza la participación de varias empresas y personas naturales que habrían intervenido en la gestión de recursos vinculados a la obra.
Uno de los principales señalamientos es la presunta entrega de aproximadamente USD 76,1 millones en sobornos, canalizados mediante compañías como Recorsa S.A. en Panamá y Comercial Recorsa C.A. en Ecuador. Estos fondos, según la acusación, habrían sido distribuidos a través de operaciones financieras nacionales e internacionales.
El caso involucra a 21 procesados, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, quienes enfrentan cargos por cohecho. La Fiscalía sostiene que existieron contratos de consultoría y movimientos bancarios que habrían servido para encubrir el flujo de dinero presuntamente ilícito relacionado con la adjudicación del proyecto.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó 138 elementos probatorios, entre testimonios, pericias y documentos, incluyendo asistencias penales internacionales de varios países, con los que busca sustentar su teoría del caso.
Actualmente, el proceso se encuentra en la fase de presentación de pruebas de descargo por parte de las defensas, etapa clave antes de que el tribunal emita una sentencia.
Radio Pichincha
LV